“Un ciudadano de la UE que haya estado en prisión podrá residir en Andorra con el Acuerdo”
Montaner también ha advertido sobre el aumento progresivo de las cuotas reservadas a los ciudadanos europeos
La presidenta de Andorra Endavant, Carine Montaner, considera que la incorporación de la Directiva 2004/38/CE al Anexo VIII del Acuerdo de asociación con la Unión Europea representa un peligro para el modelo migratorio andorrano.
La consejera general sostiene que las obligaciones derivadas de la libre circulación limitarán la capacidad del Principado para decidir quién puede establecerse en el país y bajo qué condiciones.
Montaner ha recordado las explicaciones que el abogado especializado en derecho europeo Benoît Le Bret ofreció durante una conferencia celebrada en Andorra a finales de marzo de 2024.
Según la interpretación de la presidenta de Andorra Endavant, Le Bret dejó claro que un ciudadano europeo podría regularizar su residencia y conservar determinados derechos incluso después de perder su empleo.
«Si pierde el trabajo, no puedes decirle: “Vuelve a tu país”. Esto es un peligro para nosotros», ha advertido Montaner.
La Directiva 2004/38/CE prevé que un ciudadano europeo pueda conservar la condición de trabajador en determinados supuestos de desempleo involuntario. También protege frente a la expulsión a quienes acrediten que continúan buscando empleo y que tienen posibilidades reales de ser contratados.
La normativa tampoco permite retirar automáticamente el derecho de residencia ni expulsar a un ciudadano europeo por el simple hecho de haber sido condenado o encarcelado.
El artículo 27.2 establece que los antecedentes penales, por sí solos, no pueden justificar una restricción. Las autoridades deben acreditar que la conducta personal del interesado representa una amenaza real, actual y suficientemente grave para la sociedad.
El artículo 27.3 permite consultar los antecedentes penales de otros Estados cuando se considere indispensable, pero prohíbe hacerlo de manera sistemática.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que los periodos pasados en prisión no cuentan dentro de los cinco años necesarios para adquirir la residencia permanente e interrumpen la continuidad exigida, ya que el encarcelamiento rompe el vínculo de integración con el Estado de acogida.
Preocupación por los antecedentes penales
Montaner también ha cuestionado las limitaciones que tendría Andorra para rechazar la entrada o la residencia de una persona con antecedentes penales.
«Una persona que declara que ha estado en prisión y que ya ha cumplido la condena no puede ser rechazada únicamente por eso, porque la Unión Europea considera que ya ha pagado su deuda», ha afirmado.
La normativa europea establece que una condena penal anterior no puede justificar por sí sola una denegación de entrada o una expulsión.
No obstante, permite adoptar restricciones por razones de orden público o seguridad pública cuando la conducta de la persona represente una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad.
Los residentes pasivos y el millón de euros
La presidenta de Andorra Endavant considera que el Acuerdo también podría obligar a revisar los requisitos exigidos a los residentes pasivos procedentes de la Unión Europea.
Actualmente, Andorra vincula esta autorización a una inversión mínima global de un millón de euros, pero Montaner sostiene que este umbral no podría mantenerse para los ciudadanos comunitarios.
«No podrás exigir que un residente pasivo invierta un millón de euros. ¿Con qué requisitos vendrán? Solo hay una frase que dice que no pueden representar una carga para el Estado. ¿Qué significa exactamente?», ha preguntado.
La Directiva condiciona las residencias superiores a tres meses de las personas que no trabajan a que dispongan de recursos suficientes y de un seguro médico.
El texto europeo también limita la posibilidad de imponer una cantidad fija de recursos sin valorar previamente la situación personal del solicitante.
Montaner ha advertido igualmente sobre el aumento progresivo de las cuotas reservadas a los ciudadanos europeos previsto en el régimen específico negociado por Andorra.
«Cada año será más, más y más. A medida que avancemos, podrá entrar mucha más gente. Es un suma y sigue», ha lamentado.
«Es un modelo que no encaja con Andorra»
Para Andorra Endavant, todos estos elementos confirman que el Acuerdo de asociación introduce un sistema incompatible con las dimensiones, los recursos y las necesidades del Principado.
«Es un modelo que no encaja con nuestro modelo de inmigración. Lo hemos dicho por activa y por pasiva», ha insistido Montaner.
La consejera general también ha trasladado sus reservas al ámbito financiero. Según ha explicado, un asesor de la formación les advirtió de los riesgos de entrar en un mercado en el que determinados organismos europeos podrían observar con recelo la incorporación de Andorra.
«Los supervisores financieros de la UE ven con malos ojos que Andorra entre en el mercado interior. Cuando no te quieren en un club y entras igualmente, forzosamente puede ocurrir algo», ha concluido.
