El Gobierno de Andorra ha aprobado una nueva normativa que incorpora al ordenamiento jurídico andorrano las últimas normas técnicas de la Unión Europea en materia de solvencia, liquidez y supervisión prudencial aplicables a las entidades bancarias y empresas de inversión.
La medida busca mantener el sistema financiero del Principado alineado con los estándares europeos y cumplir los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo Monetario firmado con la UE.
El decreto, aprobado durante la sesión del Consejo de Ministros del 22 de julio, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPA. Desde el Ejecutivo subrayan que esta actualización no implica cambios directos para los clientes de las entidades financieras, sino que afecta al marco regulador del sector bancario.
Adaptación a la normativa europea y al Acuerdo Monetario
La nueva regulación da continuidad al proceso de adaptación de la legislación financiera andorrana iniciado tras la firma del Acuerdo Monetario entre Andorra y la Unión Europea en 2011, que obliga al Principado a incorporar una parte significativa de la normativa comunitaria en el ámbito bancario y financiero.
Según recoge la exposición de motivos del decreto, la actualización responde a la necesidad de mantener la legislación andorrana alineada con las últimas modificaciones de la normativa europea conocidas como CRD 5 y CRR 2, que refuerzan las exigencias prudenciales para las entidades financieras.
En paralelo, el texto recuerda que el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea prevé que la banca andorrana no tendrá un acceso inmediato al mercado interior europeo. Ese acceso será progresivo y dependerá de una auditoría que certifique la solidez del sistema de regulación y supervisión financiera del Principado.
Asimismo, las Autoridades Europeas de Supervisión participarán tanto en esa evaluación como en el seguimiento posterior del cumplimiento de los estándares comunitarios.
Más exigencias para reforzar la supervisión bancaria
El reglamento incorpora una extensa relación de reglamentos delegados y de ejecución de la Comisión Europea, que desarrollan aspectos técnicos relacionados con los requisitos prudenciales de las entidades financieras.
Entre las materias reguladas figuran los criterios de gobierno corporativo, el cálculo de los riesgos, los requerimientos de capital, la cobertura de liquidez, las obligaciones de transparencia y divulgación de información, así como la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
El decreto también determina qué disposiciones europeas no serán de aplicación en Andorra, especialmente aquellas vinculadas a organismos exclusivos de la Unión Europea o a mecanismos de supervisión que no existen en el Principado.
Además, establece las equivalencias entre la normativa europea y la legislación andorrana para hacer compatibles estas disposiciones con la Ley 35/2018 de solvencia, liquidez y supervisión prudencial y su reglamento de desarrollo.
Con esta actualización, el Gobierno pretende reforzar la seguridad jurídica del sector financiero, garantizar que el sistema bancario andorrano continúe cumpliendo los estándares internacionales y avanzar en el proceso de convergencia regulatoria con la Unión Europea.