«Finalmente, este programa estará abierto a todos los contratos que hay en el país que reúnan las características y las condiciones para hacerlo», ha explicado.
Ayudas para reducir el peso del alquiler sobre los ingresos
Marsol ha señalado que podrán beneficiarse del programa las personas que destinen más del 30% o del 36% de sus ingresos al pago del alquiler. En este fragmento de su intervención, sin embargo, no ha precisado en qué supuestos se aplicará cada uno de estos umbrales.
En cuanto a los requisitos económicos, será necesario acreditar unos ingresos mínimos equivalentes a 1,2 veces el salario mínimo y un máximo de 3,5 veces el salario mínimo.
Además, los solicitantes no podrán disponer de otra vivienda en Andorra ni superar un patrimonio equivalente a diez veces el salario mínimo en cómputo global. Para acceder a las ayudas deberán cumplir simultáneamente los requisitos establecidos en el reglamento.
La ministra ha calificado la iniciativa de «pionera» y ha defendido que su objetivo es facilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda asequible. También ha recordado que la concesión de las ayudas dependerá del cumplimiento de las condiciones del programa.
Una cobertura que se extiende al mercado privado
La principal novedad es que los complementos no estarán condicionados a que el contrato pierda la prórroga forzosa. También podrán acogerse otros arrendamientos destinados a residencia habitual y permanente, siempre que cumplan las condiciones previstas.
Marsol ha presentado esta fórmula como una manera de extender los efectos del parque público de vivienda a los contratos privados.
«No deja de ser una ampliación del parque público de vivienda mediante una extensión de sus efectos al ámbito del contrato privado», ha afirmado.
La ministra ha defendido que se trata de un programa «muy generoso», con la voluntad de llegar a una parte amplia de los inquilinos que destinan una proporción elevada de sus ingresos al alquiler.