Andorra inicia el proceso para disolver 2.777 sociedades presuntamente inactivas
Las empresas afectadas tendrán diez días hábiles para presentar alegaciones antes de que avance el procedimiento
El Gobierno de Andorra ha iniciado los trámites para la posible disolución administrativa sin liquidación de 2.777 sociedades mercantiles presuntamente inactivas.
Todas ellas acumulan, durante al menos dos ejercicios consecutivos, incumplimientos de dos o más obligaciones legales: depositar las cuentas anuales, presentar las declaraciones tributarias exigibles o declarar quiénes son sus beneficiarios efectivos.
La relación de sociedades afectadas se publicará este miércoles, 16 de septiembre, en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Este paso abrirá la fase de identificación previa del procedimiento previsto en la Ley 17/2026, del 14 de julio.
La medida afecta a aproximadamente el 15,1% de las 18.415 sociedades que figuran actualmente en el Registro de Sociedades.
Con esta actuación, el ejecutivo busca determinar cuáles mantienen una actividad real y cuáles han dejado de operar sin cumplir las obligaciones que les corresponden.
Diez días hábiles para justificar su situación
Tras la entrada en vigor de la ley, las sociedades que se encontraban en situación de incumplimiento dispusieron de un mes para regularizarse. Finalizado ese plazo, el Departamento de Registros Jurídicos y Económicos identificó 2.777 empresas sobre las que, según el Gobierno, existen indicios precisos y concordantes de inactividad.
La aparición en el listado no supone la disolución automática de la sociedad. Desde el día siguiente a la publicación del edicto, sus órganos de administración tendrán diez días hábiles para presentar alegaciones y aportar documentos o explicaciones que permitan aclarar su situación.
El procedimiento podrá terminar con la disolución administrativa sin liquidación en aquellos casos en los que no se desvirtúen los indicios de inactividad.
Un año de prohibición para los administradores responsables
La normativa también contempla consecuencias para los administradores responsables de los incumplimientos que hayan provocado la disolución.
La resolución definitiva supondrá para ellos la prohibición de ejercer funciones de administración o dirección en cualquier sociedad mercantil inscrita en Andorra durante un año.
Esta consecuencia no se aplicará de forma indiscriminada a todos los administradores de las empresas afectadas. El procedimiento deberá determinar su responsabilidad y, según explica el Gobierno, garantizará su derecho de audiencia y defensa.
Los interesados podrán presentar las pruebas y justificaciones que consideren necesarias para acreditar que no son responsables de los incumplimientos detectados.
Un registro que refleje la actividad empresarial de Andorra
El Gobierno sitúa esta actuación entre las medidas destinadas a actualizar el Registro de Sociedades y mejorar la información disponible sobre el tejido empresarial del país.
El objetivo es que el registro refleje con mayor precisión qué sociedades siguen activas, refuerce la seguridad jurídica y facilite una información económica y mercantil más fiable, de acuerdo con los estándares internacionales de transparencia y buen gobierno.
