El Govern propone exigir implantación real en Andorra a las sociedades de servicios económicos
El proyecto de ley prevé un registro obligatorio y exige identificar a los profesionales responsables de los trabajos
Las sociedades que presten en nombre propio servicios profesionales de la economía y la empresa deberán acreditar una implantación real en Andorra, disponer de los recursos necesarios para desarrollar su actividad e identificar a los profesionales responsables de sus trabajos.
Así lo contempla el Proyecto de ley de las profesiones tituladas o reguladas de la economía y la empresa, aprobado este miércoles por el Govern.
La iniciativa busca actualizar el marco legal de las profesiones vinculadas a los ámbitos económico, empresarial, financiero, contable y tributario, con el objetivo de reforzar la calidad de los servicios, la seguridad jurídica y la protección de los clientes.
Un registro obligatorio para las sociedades
Una de las principales novedades es la creación del Registro de sociedades prestadoras de servicios profesionales de la economía y la empresa, que estará gestionado por el Colegio Oficial de Economistas de Andorra.
Deberán inscribirse las sociedades que ofrezcan estos servicios en nombre propio. Además, tendrán que acreditar una implantación real en el país, contar con los recursos necesarios para ejercer su actividad e identificar claramente a los profesionales responsables de los trabajos que realicen.
El proyecto también establece obligaciones relacionadas con la competencia técnica, la independencia, la confidencialidad y la prevención de conflictos de interés. Asimismo, regula la formación continua, el secreto profesional, los seguros de responsabilidad civil y el régimen de incompatibilidades.
Actividades reservadas a los economistas
El texto delimita las actividades que quedarán reservadas a los economistas. Determinados informes económicos y financieros, valoraciones de empresas, peritajes, estudios de solvencia o trabajos relacionados con las cuentas consolidadas solo podrán ser elaborados por estos profesionales cuando la ley lo prevea expresamente.
No obstante, otras funciones del ámbito económico y empresarial seguirán siendo compartidas con otros profesionales cualificados, para evitar interpretaciones excesivamente restrictivas.
La futura norma también regula el asesoramiento fiscal y tributario cualificado, que podrán ejercer tanto economistas como abogados. Esta actividad comprende el análisis y la interpretación de la normativa tributaria, la planificación fiscal y la defensa técnica de los intereses del cliente.
Las tareas meramente administrativas o de tramitación quedarán fuera de esta actividad regulada. Para ejercer esta especialización, los economistas deberán acreditar experiencia y formación específica.
Dieciocho meses de adaptación
El proyecto contempla un periodo transitorio de dieciocho meses para que los profesionales y las sociedades se adapten a los nuevos requisitos antes de que sean plenamente exigibles.
Por ahora, el Govern ha aprobado el proyecto de ley, por lo que estas obligaciones todavía no están en vigor. El texto deberá seguir su tramitación parlamentaria.
