El nuevo POUP de Andorra la Vella reduce la altura de los edificios de 15 a 7 plantas
La oposición advierte de que limitar la edificabilidad podría reducir la oferta de pisos, encarecer la vivienda y desincentivar la inversión
El nuevo Plan de Ordenación y Urbanismo Parroquial (POUP) de Andorra la Vella prevé reducir la altura de los edificios de 15 a 7 plantas, una de las medidas con las que el consistorio quiere limitar el potencial de crecimiento de la parroquia.
La propuesta abre, sin embargo, un debate sobre las consecuencias de restringir el aprovechamiento del suelo y sobre si una menor capacidad de construcción puede agravar las dificultades de acceso a la vivienda.
El consejo comunal ha aprobado este jueves la apertura de un periodo de información pública de 60 días hábiles, con la abstención de la oposición. El documento podrá consultarse a partir del lunes y todavía deberá completar su tramitación antes de la aprobación definitiva.
Menos plantas, menos capacidad para construir viviendas
La reducción de las alturas limita la superficie que puede construirse en vertical sobre una misma parcela. Si las demás condiciones se mantienen, esto puede suponer menos espacio disponible para viviendas, aunque el efecto concreto dependerá de los parámetros urbanísticos de cada zona y de los incentivos previstos en el plan.
Uno de los riesgos de este modelo es que, si la demanda se mantiene y se construyen menos pisos, aumente la presión sobre los precios.
También puede reducir el número de viviendas entre las que se reparte el coste del terreno, aunque esto no implica automáticamente un encarecimiento del precio final.
Estas posibles consecuencias han centrado las objeciones del consejero demócrata David Astrié, que ha advertido de que la reducción de la edificabilidad podría tener un «efecto inflacionista»: si hay menos pisos disponibles, estos podrían ser más caros.
La oposición ha reclamado datos para determinar el alcance de este riesgo. Por tanto, el encarecimiento es una posibilidad planteada en el debate, no un efecto acreditado del nuevo planeamiento.
El riesgo de frenar la inversión privada
Astrié también ha expresado dudas sobre el impacto de las restricciones en la viabilidad de futuras promociones. Según ha argumentado, una menor edificabilidad puede desincentivar la inversión privada y afectar tanto a las viviendas destinadas al mercado libre como a las asequibles.
El debate también afecta al aprovechamiento del suelo: construir menos en vertical puede hacer necesario ocupar más superficie para obtener un mismo volumen de viviendas, si se quiere mantener ese volumen. Es una tensión urbanística que obliga a ponderar la protección del territorio, la densidad y la necesidad de pisos.
La minoría ha cuestionado, además, las diferencias de trato entre las zonas de la parroquia y ha pedido conocer mejor los criterios que las justifican. Astrié ha señalado que no han dispuesto de tiempo suficiente para estudiar una documentación de más de mil páginas y ha defendido una interlocución más directa con los propietarios de terrenos.
La mayoría defiende que construir más no ha resuelto el problema
El consejero de Transformación Digital y Sostenibilidad, y de Vivienda, Marc Torrent, ha rechazado que reducir la edificabilidad tenga que provocar necesariamente un aumento de los precios. Ha argumentado que en el país se ha construido más que nunca y que, pese a ello, sigue faltando vivienda para las personas que viven en él.
La mayoría considera necesario rebajar el potencial de crecimiento de la parroquia. Según Torrent, el plan vigente contemplaba un horizonte de 77.000 habitantes y el nuevo lo sitúa en 40.000.
El consejero también ha defendido los incentivos del proyecto para promover vivienda asequible, que permiten obtener edificabilidad adicional a los propietarios que opten por esta modalidad.
Más zonas verdes y equipamientos
El cónsul mayor, Sergi González, ha presentado el nuevo planeamiento como una apuesta por un modelo más ordenado, con mayor protección del patrimonio, zonas verdes y equipamientos. El proyecto protege la zona verde del Parc Central, refuerza la integración del río y restringe la implantación de nuevas grandes superficies comerciales.
Las previsiones comunales plantean pasar de 1 a 4,3 metros cuadrados de zonas verdes por habitante y de 3 a 7 metros cuadrados de equipamientos por habitante.
La exposición pública permitirá que la ciudadanía y los propietarios examinen cómo se aplican las limitaciones en cada zona y presenten alegaciones. Uno de los puntos centrales del debate será cómo compatibilizar la reducción del crecimiento con una oferta suficiente de vivienda.