Andorra no podrá renovar permisos de extracomunitarios si Francia o España se oponen
Con la entrada en vigor del nuevo acuerdo de fronteras, una objeción por motivos de orden público, seguridad interior, salud pública o relaciones internacionales impedirá conceder o renovar el permiso
Andorra no podrá expedir ni renovar un permiso de residencia a un nacional de un tercer país si Francia o España formulan una objeción en el marco del nuevo procedimiento de seguridad previsto en el acuerdo de fronteras.
El filtro no afectará únicamente a las personas que quieran instalarse en el Principado: también se aplicará a los residentes extracomunitarios que deban renovar su autorización.
Según informa RTVA, antes de conceder o renovar el permiso, las autoridades andorranas deberán notificar la solicitud a uno de los dos Estados vecinos. La distribución de las evaluaciones entre Francia y España se determinará mediante los convenios operativos del acuerdo.
El procedimiento introduce así un condicionante exterior en la concesión y renovación de las autorizaciones de residencia. Andorra mantendrá la tramitación de los permisos, pero una objeción del Estado encargado de la evaluación impedirá que pueda expedirlos o renovarlos.
Un filtro que también afectará a los residentes actuales
La evaluación deberá determinar si el solicitante representa una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales. En esta comprobación también se podrán tener en cuenta las alertas introducidas en el Sistema de Información Schengen.
Uno de los aspectos más relevantes es que disponer ya de un permiso de residencia andorrano no eximirá de pasar este control. Las personas sujetas al procedimiento deberán someterse a la evaluación también cuando soliciten la renovación.
Por tanto, el nuevo mecanismo no se limitará a controlar la llegada de nuevos residentes, sino que también podrá condicionar la continuidad de las autorizaciones de personas que ya viven en el país.
Un plazo de 28 días que se podrá ampliar hasta 42
El acuerdo prevé que el Estado encargado de la evaluación disponga de 28 días naturales desde la notificación de Andorra para comunicar una eventual objeción. Este plazo se podrá ampliar hasta 14 días más, siempre que se notifique la prórroga, de modo que el procedimiento podrá alcanzar los 42 días.
Durante el periodo previsto para esta evaluación, Andorra no podrá expedir ni renovar el permiso. El trámite puede, por tanto, añadir semanas al proceso y obligar a los residentes afectados a preparar la renovación con mayor antelación.
Si transcurren los 28 días sin respuesta ni notificación de prórroga, se considerará que no hay objeción. Lo mismo se aplicará cuando se agoten los 42 días en los casos en los que se haya comunicado la ampliación. La ausencia de objeción en esta evaluación no equivale, por sí sola, a la concesión automática del permiso.
El Gobierno busca agilizar un procedimiento todavía pendiente de concreción operativa
El secretario de Estado para las Relaciones con la Unión Europea, Landry Riba, asegura que el Gobierno trabaja con Francia y España para encontrar mecanismos prácticos que permitan reducir los tiempos de respuesta en las situaciones ordinarias.
Riba afirma que ya se han identificado posibles vías para agilizar el procedimiento. Sin embargo, no concreta un plazo alternativo de respuesta ni anuncia una reducción ya acordada. La expectativa del Ejecutivo es que el despliegue operativo permita resolver las solicitudes con mayor rapidez que los plazos previstos.
Una objeción que Andorra deberá respetar
Si Francia o España consideran que el solicitante representa una amenaza por alguno de los motivos establecidos, las autoridades andorranas deberán abstenerse de expedir o renovar el permiso y tendrán que comunicar la objeción a la persona afectada.
Andorra también deberá facilitarle los datos de contacto de las autoridades competentes del Estado que haya formulado la objeción. A petición del solicitante, ese Estado deberá informarle de los motivos de su decisión y de los recursos jurídicos aplicables.
El mecanismo previsto en el acuerdo de fronteras incorpora, así, un control de seguridad adicional, pero también limita el margen de decisión de las autoridades andorranas: una objeción francesa o española en este procedimiento será vinculante para la concesión o renovación del permiso.