DA impulsa un nuevo permiso de inmigración de hasta dos años para obras o actividades concretas

Demòcrates propone crear una nueva autorización de inmigración temporal para trabajar en una obra o actividad determinada, con una duración máxima de 24 meses. 

La iniciativa forma parte de las 14 enmiendas presentadas este miércoles al proyecto de ley de modificación de la Ley cualificada de inmigración, según ha informado el grupo en un comunicado.

La propuesta busca cubrir necesidades urgentes de mano de obra de manera coyuntural, mediante un permiso vinculado estrictamente a la actividad que motive la contratación. El Gobierno establecería una cuota específica para esta nueva modalidad.

Un permiso que finalizaría con la obra o actividad

La autorización tendría una vigencia limitada y se extinguiría al finalizar la obra o actividad, aunque no se hubiera alcanzado el máximo de dos años. En cualquier caso, el permiso no podría superar los 24 meses y sería improrrogable.

Así, la duración de la autorización quedaría condicionada al trabajo concreto para el que se hubiera concedido, dentro del límite temporal previsto en la enmienda.

Un periodo de espera antes de solicitar otro permiso temporal

La propuesta también establece que el titular no podría solicitar ni obtener una nueva autorización de inmigración temporal hasta que hubiera transcurrido un plazo determinado, que debería fijarse mediante reglamento.

El comunicado no concreta la duración de ese periodo de espera. Demòcrates defiende que las condiciones de la nueva modalidad queden claramente especificadas en el reglamento y que se garantice la protección de los derechos de las personas titulares del permiso.

Entrada en vigor tras la publicación en el BOPA

El grupo también ha presentado una enmienda para que la nueva autorización temporal, junto con los cambios propuestos en reagrupación familiar y acreditación del catalán, entre en vigor al día siguiente de la publicación de la ley en el BOPA.

De este modo, estos cambios no tendrían que esperar a la culminación de los acuerdos con España y Francia necesarios para aplicar de forma operativa el acuerdo entre la Unión Europea y Andorra en materia de gestión de fronteras, a los que el proyecto original vinculaba la entrada en vigor.

La nueva autorización todavía no está aprobada: forma parte de las enmiendas que deberán debatirse durante la tramitación parlamentaria de la modificación de la ley de inmigración.