Se rechaza la enmienda que obligaba a los propietarios a acreditar familiares para evitar la ‘trampa del hijo’

El proyecto de ley para la liberalización de los alquileres ha iniciado este jueves su tramitación parlamentaria en el Consell General, abriendo un intenso debate político sobre una de las reformas más sensibles en materia de vivienda en el Principado de Andorra.

Debate sobre la ‘trampa del hijo’ en la reforma del alquiler

La iniciativa legislativa incorpora medidas para flexibilizar el mercado del alquiler, pero la discusión se ha centrado especialmente en la llamada “trampa del hijo”.

Una práctica denunciada por colectivos sociales en la que algunos propietarios alegan la necesidad de recuperar una vivienda para un familiar como motivo para rescindir contratos de inquilinos.

En este contexto, la enmienda presentada por el Partit Socialdemòcrata , con el apoyo del resto de la oposición, proponía que los propietarios estuvieran obligados a acreditar previamente la veracidad de esa necesidad familiar antes de recuperar el inmueble, con el objetivo de evitar posibles abusos.

La medida buscaba reforzar los controles sobre este tipo de fraude del hijo, exigiendo una justificación documental previa que redujera la incertidumbre para los inquilinos.

División política y preocupación por los efectos en los inquilinos

Sin embargo, la mayoría parlamentaria ha rechazado la enmienda, defendiendo un modelo alternativo de control. El grupo de la mayoría, liderado por Demòcrates per Andorra, sostiene que la regulación actual mantiene un equilibrio adecuado entre derechos de propietarios e inquilinos, aunque la oposición critica que puede trasladar parte de la carga burocrática a los arrendatarios.

Según fuentes del Consell General, una de las principales preocupaciones es que un procedimiento demasiado complejo o exigente pueda generar un efecto disuasorio, llevando a algunos inquilinos a abandonar la vivienda de forma precipitada para evitar trámites prolongados.

Desde la oposición defienden que su propuesta iba precisamente en sentido contrario, reforzando la protección frente a posibles usos indebidos de la “trampa del hijo” y garantizando mayor transparencia en el mercado del alquiler.