Barcelona admite que no inspecciona ni sanciona a los comercios que incumplen la normativa del catalán
La actuación municipal ante las denuncias se ha centrado en el envío de cartas informativas a los establecimientos
El Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido que no ha realizado inspecciones ni ha abierto procedimientos sancionadores contra los comercios denunciados por incumplir la normativa lingüística. El consistorio defiende que, antes de recurrir a la vía inspectora, prioriza las actuaciones de «sensibilización e información».
La respuesta municipal se ha conocido a raíz de una queja presentada ante el Síndic de Greuges de Catalunya por un activista lingüístico que había denunciado 76 establecimientos de Barcelona por presuntos incumplimientos relacionados con la presencia del catalán en la rotulación y la atención comercial.
Según han recogido diversos medios, el consistorio trasladó formalmente al Síndic el pasado 4 de agosto que los establecimientos señalados «no han sido incorporados, de momento, a ninguna campaña específica de inspección».
El Ayuntamiento también reconoce explícitamente que «no se han realizado inspecciones ni se han iniciado procedimientos sancionadores» en relación con estos casos.
Cartas a los comercios en lugar de inspecciones
La actuación municipal ante las denuncias se ha centrado en el envío de cartas informativas a los establecimientos a través de la Oficina Municipal de Información a las Personas Consumidoras (OMIC).
En estas comunicaciones, el Ayuntamiento recuerda a los comerciantes que la legislación establece que determinada información destinada a los consumidores debe estar disponible como mínimo en catalán, incluidos elementos como la rotulación, los tiques, las facturas o la documentación contractual.
El consistorio también pone a disposición de los establecimientos recursos de asesoramiento de la OMIC y del Consorci per a la Normalització Lingüística.
Sin embargo, según la información trasladada al Síndic, estos avisos no han ido acompañados de inspecciones o controles posteriores para comprobar si los negocios denunciados han corregido los posibles incumplimientos.
El gobierno municipal de Jaume Collboni justifica esta forma de proceder asegurando que actualmente «prioriza las actuaciones de sensibilización e información previas a cualquier actuación inspectora».
Una prueba piloto para analizar la presencia del catalán
Paralelamente, el Ayuntamiento asegura que está impulsando otras medidas generales para analizar y fomentar el uso de la lengua en el sector comercial.
Entre estas actuaciones figura la preparación de una prueba piloto en el distrito de Gràcia para estudiar la presencia del catalán en los comercios, así como diferentes acciones informativas dirigidas a los establecimientos de la Rambla.
La polémica, sin embargo, no se limita a la ausencia de inspecciones. El ciudadano que presentó las denuncias también formuló una Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) para conocer el estado de los expedientes y las eventuales actuaciones inspectoras.
Ante la falta de respuesta municipal, el denunciante acudió a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP).
Este 25 de agosto aportó ante la Comisión la documentación del Síndic para argumentar que el Ayuntamiento disponía de la información que había solicitado pese a no haber respondido a su petición.
El reclamante considera esta situación una «vulneración injustificada del derecho de acceso» a la información pública y reclama que sea tenida en cuenta en la resolución de su expediente.
