El Ejecutivo defiende la diferencia entre la firma y la entrada en vigor del acuerdo con la UE

El portavoz del Gobierno de Andorra, Guillem Casal, ha respondido este miércoles a las declaraciones del presidente de Concòrdia, Cerni Escalé, y de la presidenta de Carine Montaner, insistiendo en que “equiparar la firma de un acuerdo con su entrada en vigor son dos cosas completamente distintas”.

Casal ha subrayado que la firma del acuerdo de asociación entre Andorra y la Unión Europea no implica su aplicación inmediata, sino únicamente el cierre técnico y jurídico del texto. Según ha explicado, este acto sirve para estabilizar la redacción y dejar el documento definido de forma inamovible tras el proceso de negociación.

El portavoz ha detallado que, antes de llegar a ese punto, el texto debe superar varios trámites institucionales, incluyendo su validación en el marco de la EFTA, el paso por el Coreper y su elevación al Consejo de la Unión Europea, donde participan los ministros de Exteriores de los Estados miembros.

Posteriormente, el documento sería firmado formalmente y después sometido al Parlamento Europeo. Todo este recorrido forma parte del proceso de conclusión del acuerdo, pero no equivale aún a su entrada en vigor.

Casal apela al mensaje de Macron

En este sentido, Casal ha insistido en que la ratificación definitiva debe realizarse de acuerdo con el ordenamiento institucional andorrano, y que solo podrá completarse cuando el texto sea aprobado por el Consell General d'Andorra. Ha recordado que será en ese momento cuando los consellers generales, incluido Escalé, podrán pronunciarse formalmente.

El portavoz también ha defendido la necesidad de “pedagogía institucional” para evitar confusiones en el debate público, y ha pedido rigor a los partidos políticos y a los medios de comunicación a la hora de explicar las distintas fases del proceso.

Finalmente, ha criticado que algunas formaciones que históricamente se han mostrado reticentes al acuerdo sean ahora las más activas en la propuesta de referéndum, insinuando que podrían existir intereses vinculados al calendario político. 

Según el portavoz, el Gobierno mantiene que, una vez superada la ratificación europea, el texto podría someterse a consulta ciudadana de acuerdo con los procedimientos previstos.