Cedió Francisco y cede León XIV a la despenalización del aborto en Andorra
Andorra anuncia que en septiembre culminará, tras siete años de negociación con el cardenal Parolin, una ley de mínimos para la despenalización del aborto de las mujeres
Andorra vive, casi sin que se note desde fuera, uno de los procesos diplomáticos más singulares de Europa. Un Gobierno democrático negocia con la Santa Sede, año tras año y sin apenas ruido público, el alcance de una reforma penal que afecta a un derecho fundamental de las mujeres.
La razón es única en el continente: uno de los dos jefes de Estado del Principado es, por definición, el obispo de Urgell. Cualquier ley que toque el aborto no solo necesita mayoría parlamentaria; necesita también, en la práctica, no hacer estallar el singularísimo sistema del Coprincipado.
Ese equilibrio es el que el Gobierno de Xavier Espot lleva desde 2019 tratando de resolver, y es el que el pasado 29 de julio de 2026 volvió a ponerse sobre la mesa en el Vaticano, en un nuevo encuentro con el cardenal Pietro Parolin.
Siete años después de que empezara todo, el Ejecutivo andorrano confirmó que llevará una propuesta de reforma del Código Penal al Consell General en septiembre. Esta es la reconstrucción completa de cómo se ha llegado hasta aquí.
Un país con dos jefes de Estado y una ley entre las más restrictivas de Europa
Andorra es, junto con Malta y el Vaticano, uno de los pocos territorios europeos donde el aborto está completamente prohibido, sin excepciones ni siquiera en casos de violación o de inviabilidad del feto.
De hecho, la legislación ha sido señalada en repetidas ocasiones por organismos como Amnistía Internacional como una de las más restrictivas del continente.
La singularidad no es casual. Desde la Constitución de 1993, Andorra mantiene la figura del Coprincipado: la jefatura del Estado se reparte entre el presidente de la República Francesa —hoy Emmanuel Macron— y el obispo de Urgell, actualmente Josep-Lluís Serrano Pentinat.
Cualquier reforma legal de calado simbólico o institucional obliga al Gobierno a moverse con extrema cautela para no comprometer ese reparto de poder centenario.
El informe que lo empezó todo (2019)
El proceso que ha culminado en la negociación actual arrancó de forma discreta en 2019, cuando el Gobierno encargó a los juristas Manuel Pujadas y Tomás Gui Mori un estudio sobre la viabilidad de modificar la legislación penal sin poner en riesgo el equilibrio constitucional del país.
El documento resultante, La interrupción voluntaria del embarazo en el Principado de Andorra, no se limitó a un análisis penal: entró también en la compatibilidad de una eventual reforma con el papel institucional del copríncipe episcopal.
Sus conclusiones marcaron la hoja de ruta que el Ejecutivo seguiría después: buscar una fórmula jurídica asumible tanto para la sociedad andorrana como para la Iglesia, sin invadir terrenos que pusieran en jaque la continuidad del sistema.
La era Francisco: una puerta que parecía cerrada se entreabre
Con Xavier Espot como jefe de Gobierno desde 2019, el Ejecutivo aceleró el paso. En 2020 se creó el Servicio Integral de Atención a la Mujer (SIAD) y, en paralelo, arrancaron los contactos discretos con la Santa Sede.
Según ha podido reconstruirse, el papa Francisco trasladó en su etapa final que no se opondría a una reforma limitada orientada a retirar el castigo penal a las mujeres, en línea con la orientación pastoral que caracterizó su pontificado. Francisco impulsó gestos de acercamiento a las mujeres que habían abortado, como la facultad concedida a todos los sacerdotes para absolver ese pecado a quienes se arrepintieran.
Ese giro de tono —doctrina intacta, pero acompañamiento pastoral más abierto— fue el que permitió que el debate con Andorra dejara de plantearse en términos teológicos y pasara a discutirse como un problema de ingeniería jurídica e institucional.
Parolin, el hombre que sostuvo el diálogo durante siete años
Si hay una figura que atraviesa todo el proceso de principio a fin, esa es el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano desde 2013 y la máxima autoridad diplomática de la Santa Sede.
En septiembre de 2023, Parolin viajó a Andorra y visitó el santuario de Meritxell junto al jefe de Gobierno. Compareció entonces ante los medios y fue explícito sobre la dificultad del asunto: calificó la reforma como una cuestión muy delicada y compleja que requería discreción y prudencia, y recordó que, para la Santa Sede, la defensa de la vida en todas sus etapas es un principio irrenunciable, aunque acompañado del deseo de estar cerca de las mujeres en dificultad.
En esa misma visita advirtió de que cualquier cambio en la consideración penal del aborto planteaba también un problema constitucional, al comprometer directamente la figura del copríncipe episcopal.
En cap moment, segons les diverses informacions disponibles, es va buscar una autorització formal de Roma: el que ambdues parts negociaven era si existia una fórmula que permetés reformar el Codi Penal sense posar en qüestió el Coprincipat.
El pla més ambiciós: el que el Govern va arribar a plantejar
Durant el 2025, quan la negociació semblava encarrilada, el projecte que manejava l'Executiu era considerablement més ampli del que finalment ha sobreviscut.
A partir de ahí, Parolin fue tejiendo un canal de comunicación permanente con Espot, con encuentros posteriores en Nueva York y sucesivas reuniones en Roma —en octubre de 2025 y, la más reciente, el 29 de julio de 2026—. Buena parte del trabajo técnico quedó delegado en el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, en contacto constante con el ministro de Relaciones Institucionales andorrano, Ladislau Baró.
En ningún momento, según las distintas informaciones disponibles, se buscó una autorización formal de Roma: lo que ambas partes negociaban era si existía una fórmula que permitiera reformar el Código Penal sin poner en cuestión el Coprincipado.
El plan más ambicioso: lo que el Gobierno llegó a plantear
Durante 2025, cuando la negociación parecía encarrilada, el proyecto que manejaba el Ejecutivo era considerablemente más amplio de lo que finalmente ha sobrevivido.
El texto que se preveía presentar en noviembre de 2025 no se limitaba a retirar las penas de prisión e inhabilitación profesional: contemplaba también un sistema para derivar a las mujeres a clínicas en Francia o España, con acompañamiento médico coordinado desde Andorra, y mecanismos de compensación económica —vía CASS, la seguridad social andorrana— para las personas en situación de vulnerabilidad.
Ese calendario, sin embargo, resultó "demasiado optimista", como reconocería después el propio ministro Baró: la Santa Sede pidió más tiempo y discreción antes de cualquier paso público, y el texto nunca llegó a entrar en el Consell General en la fecha prevista.
La filtración que rompió la discreción y congeló la negociación durante un año
Antes de que el proceso pudiera avanzar hacia ese plan más ambicioso, se produjo un incidente que resultó determinante para entender por qué la reforma ha tardado un año más de lo previsto.
En septiembre de 2025, en fechas cercanas a la reunión que Espot y Baró mantendrían con Parolin en el Vaticano en octubre, el propio Baró trasladó a un medio de comunicación que el texto de despenalización estaba listo para entrar en trámite parlamentario en noviembre.
Esa filtración —recogida después por La Veu Lliure bajo un titular que afirmaba directamente que el Vaticano había cedido a la despenalización del aborto— hizo saltar todas las alarmas dentro de la Santa Sede.
Según reconoció el propio Baró a finales de octubre de 2025, comunicar el calendario de forma pública y precipitada rompió la discreción institucional que hasta entonces se había mantenido en las negociaciones con el copríncipe episcopal, con el Papa y con el nuncio apostólico, y provocó un cambio inmediato de actitud entre las autoridades eclesiásticas implicadas.
El ministro admitió públicamente su error: reconoció haber sido demasiado atrevido al dar por hecho un calendario que Roma no había confirmado, y asumió que aquella declaración precipitada modificó el contexto de la negociación. La consecuencia fue un frenazo que se prolongó durante prácticamente un año: la Santa Sede pidió expresamente más tiempo y más discreción, y el texto que ya estaba redactado quedó en suspenso mientras el Gobierno recomponía el canal de confianza con el Vaticano. Es precisamente esa ruptura de la discreción —y no solo el cambio de pontificado que llegaría después— la que explica por qué la negociación, que en octubre de 2025 parecía a las puertas del Parlamento, no se ha retomado con claridad hasta la reunión del 29 de julio de 2026.
El cambio de tablero: la muerte de Francisco y la llegada de León XIV
El punto de inflexión de todo el proceso llegó con el fallecimiento del papa Francisco. La elección de León XIV trajo consigo una sensibilidad distinta dentro del Vaticano: desde el arranque de su pontificado, el nuevo Papa ha situado la defensa de la vida como uno de los ejes centrales de su magisterio, con un tono doctrinal más firme frente al aborto que el de su predecesor.
El efecto sobre la negociación fue inmediato. A comienzos de 2026, el ministro Baró admitió públicamente que el cambio de pontificado había complicado las conversaciones con la Santa Sede y anunció que la propuesta ya no incluiría el reembolso a través de la CASS.
El modelo quedó reducido, en esencia, a eliminar la responsabilidad penal de la mujer que abortara fuera de Andorra, sin financiación pública ni cobertura para los profesionales sanitarios.
El propio ministro portavoz, Guillem Casal, ha insistido en que las declaraciones de León XIV en defensa de la vida no han sorprendido al Ejecutivo, por responder a la doctrina constante de la Iglesia, y ha subrayado que el objetivo del Gobierno sigue siendo avanzar en los derechos de las mujeres sin traspasar el marco institucional.
Un nuevo obispo, un tono distinto
En paralelo a la sucesión en Roma, se producía también un relevo decisivo en la diócesis de Urgell. Josep-Lluís Serrano Pentinat, nombrado obispo coadjutor en julio de 2024 y ordenado obispo ese mismo septiembre, asumió como obispo titular y copríncipe el 31 de mayo de 2025, jurando la Constitución el 26 de junio siguiente. Su perfil —con más de una década en el servicio diplomático de la Santa Sede— contrasta con el de sus antecesores.
En sus primeras declaraciones públicas sobre el aborto, Serrano Pentinat apostó por el diálogo y el apoyo a quienes sufren, especialmente a las mujeres en situaciones difíciles, un cambio de registro que numerosos observadores interpretaron como una señal de mayor apertura al entendimiento con el Gobierno.
Con todo, el obispo ha evitado en general pronunciarse de forma directa sobre el fondo del debate: preguntado por los medios en octubre de 2025, llegó a responder que no le correspondía a él tomar decisiones ni hablar al respecto.
Semanas después, durante una oración por los difuntos en el hospital Nuestra Señora de Meritxell, pronunció una frase que fue leída como una reafirmación de la doctrina católica sobre la vida, sin citar explícitamente el aborto.
Desde sectores más conservadores del catolicismo, el papel del obispo ha sido objeto de duras críticas, con voces que le han exigido negarse a firmar cualquier reforma y, llegado el caso, renunciar a la jefatura del Estado antes que avalarla.
Macron aprieta desde el otro extremo del Coprincipado
Mientras la Santa Sede frenaba el ritmo, el otro copríncipe empujaba en sentido contrario. En su visita oficial a Andorra de abril de 2026, Emmanuel Macron volvió a poner sobre la mesa la despenalización del aborto, esta vez con un tono más decidido que en su anterior viaje de 2019, y abordó la cuestión directamente tanto con Serrano Pentinat como con Espot.
El propio jefe de Gobierno resumió entonces su hoja de ruta con una fórmula que ha repetido después: avanzar desde el realismo, la prudencia y la ambición, sin cerrar todavía un calendario definitivo.
Por su parte, Espot ha sido explícito sobre los límites de la reforma: ha admitido que quizá se pueda despenalizar, pero ha descartado que se vaya a legalizar el aborto, lo que en la práctica significa que la interrupción del embarazo seguirá sin poder practicarse dentro del territorio andorrano.
El 29 de julio de 2026: la última reunión y el anuncio de septiembre
El miércoles 29 de julio, Espot y Baró —acompañados por el embajador andorrano ante la Santa Sede, Carlos Álvarez— se reunieron de nuevo con Parolin en el Vaticano, nueve meses después de su anterior encuentro.
Según el comunicado oficial del Gobierno andorrano, ambas partes valoraron positivamente el clima de confianza y discreción en el que se desarrollan los contactos, dada la complejidad jurídica, institucional y social del asunto.
El propio Espot calificó la visita de muy fructífera y afirmó que, tras el encuentro, el Ejecutivo ya sabe hasta dónde puede llegar.
El resultado inmediato de ese encuentro fue el anuncio de que la propuesta de modificación del Código Penal llegará al Consell General en septiembre, con un planteamiento que el propio jefe de Gobierno resume como avanzar en el derecho de las mujeres sin traspasar el sistema institucional.
Espot aprovechó además la visita para invitar formalmente al papa León XIV a viajar a Andorra, invitación que el comunicado del Gobierno confirma que fue trasladada durante la reunión.
Qué contiene —y qué no contiene— la futura ley
De toda la evolución del proceso se desprende con bastante claridad el contenido previsible del texto que llegará al Parlamento andorrano en septiembre:
- Sí incluirá la eliminación de la responsabilidad penal de la mujer que interrumpa su embarazo, previsiblemente acudiendo a centros sanitarios fuera de Andorra.
- No incluirá, al menos en esta fase, la legalización de la práctica del aborto dentro del territorio andorrano.
- No incluirá cobertura jurídica para los profesionales sanitarios que pudieran practicarlo.
- No incluirá, tras la marcha atrás anunciada por Baró a comienzos de 2026, la financiación pública a través de la CASS que sí figuraba en los borradores manejados en 2025.
Se trata, en definitiva, de una reforma de mínimos frente a las aspiraciones iniciales del Ejecutivo, pero con un enorme peso simbólico: sería la primera vez desde 1993 que Andorra deja de tratar penalmente a las mujeres como responsables de un delito por abortar.
¿Quién ha cedido realmente?
La paradoja del proceso es que ninguno de los actores implicados admite haber cambiado de posición. El Gobierno andorrano sostiene que nunca ha pretendido legalizar el aborto, sino avanzar en los derechos de las mujeres sin romper el marco institucional. La Santa Sede mantiene intacta su doctrina sobre la defensa de la vida desde la concepción, reforzada públicamente por León XIV desde el inicio de su pontificado.
Y sin embargo, el resultado de siete años de conversaciones apunta a una conclusión difícil de discutir: el Vaticano ha aceptado, o al menos no ha bloqueado, que Andorra retire del Código Penal la persecución de las mujeres que abortan, algo que hace apenas un lustro parecía políticamente inviable en un país con un obispo como jefe de Estado. Francisco abrió esa puerta con una estrategia de diálogo discreto y gestos pastorales; León XIV, pese a endurecer el discurso doctrinal y reducir sensiblemente el alcance final de la reforma, no la ha cerrado.
Si el proyecto se presenta en septiembre como está previsto y culmina su tramitación antes de que acabe la legislatura, Andorra habrá protagonizado uno de los movimientos institucionales más singulares de la Europa reciente: no porque el aborto vaya a ser legal —no lo será, al menos por ahora—, sino porque, tras siete años de negociación discreta entre el Principado y la Santa Sede, el Vaticano habrá dejado de oponerse a que las mujeres dejen de ser tratadas como delincuentes por interrumpir su embarazo.
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