Corts admite el recurso contra el archivo de la querella contra el guardia civil que reconoció haber avisado al FinCEN en el ‘caso BPA’
La batlle instructora no apreció indicios suficientes contra Sánchez Portillo por la información facilitada a Estados Unidos
El Tribunal de Corts ha admitido a trámite el recurso presentado por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra contra el archivo de la querella interpuesta contra el teniente coronel de la Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo.
El agente cusado de haber facilitado al FinCEN, la agencia contra el blanqueo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, información falsa y manipulada sobre la Banca Privada de Andorra (BPA).
La decisión recurrida fue adoptada por la batlle instructora Stéphanie García, titular del Juzgado de Instrucción Especializada 2, que concluyó que no existían pruebas ni indicios suficientes para sostener que el agente hubiera fabricado datos falsos contra la entidad andorrana.
Según la resolución, los supuestos indicios del delito se encuentran únicamente “en los argumentos de los querellantes”, sin que existan elementos objetivos que permitan confirmar la acusación por un presunto delito de falsedad documental.
El recurso del Instituto de Derechos Humanos fue admitido a trámite por Corts, que ordenó a la Batllia dar traslado de las actuaciones a todas las partes.
El tribunal constató que el auto que archivaba la querella no había sido notificado a todos los investigados, entre ellos el expresidente español Mariano Rajoy, el exministro Jorge Fernández Díaz y el resto de personas encausadas.
La admisión del recurso no supone todavía que Corts haya resuelto sobre el fondo de las acusaciones, sino que permite continuar la tramitación y revisar la decisión adoptada por la batlle instructora.
La información remitida al FinCEN, en el centro de la querella
La acción judicial sostiene que Sánchez Portillo intervino en las actuaciones que permitieron trasladar al FinCEN información sobre BPA. Los querellantes consideran que los datos eran “sesgados, manipulados y falsos” y que contribuyeron a la actuación de Estados Unidos contra el banco andorrano y a su posterior intervención.
Entre los elementos aportados figuraba un vídeo emitido por Telecinco en marzo de 2015, en el que se vinculaba una investigación de la Guardia Civil con las presuntas irregularidades detectadas en BPA.
La pieza televisiva afirmaba que una investigación del instituto armado había permitido descubrir supuestas prácticas de blanqueo de capitales en la banca andorrana y que un informe del Tesoro estadounidense había sido determinante para intervenir la entidad.
En la resolució, la batlle afirma que els suposats indicis del delicte només existeixen “en els arguments dels querellants” i que
Sin embargo, la Batllia considera que la existencia de esas actuaciones no demuestra que la información trasladada a las autoridades estadounidenses fuera falsa ni que hubiera sido elaborada con el objetivo de perjudicar al independentismo catalán.
La causa se enmarca en la denominada Operación Catalunya
La querella contra Sánchez Portillo forma parte de una acción judicial más amplia dirigida contra Mariano Rajoy, los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y varios agentes policiales.
Los querellantes sostienen que las actuaciones contra BPA estaban relacionadas con la denominada Operación Catalunya, una supuesta estrategia destinada a obtener información sobre el patrimonio de la familia Pujol y a perjudicar al independentismo catalán.
Sánchez Portillo habría obtenido parte de la información en el marco de la Operación Clotilde, iniciada en 2013 para investigar una presunta trama de blanqueo de capitales de origen ruso en Lloret de Mar, vinculada al empresario Andrei Petrov.
Sánchez Portillo también aparece en el caso de las ‘cloacas’
El teniente coronel, que actualmente trabaja en el sector privado y que en 2023 se incorporó al Estado Mayor de la Guardia Civil, también aparece mencionado entre los objetivos de las agendas de Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE.
Según la documentación del denominado caso de las cloacas, Díez habría intentado actuar contra varios mandos de la Guardia Civil, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, de la Unidad Central Operativa (UCO), y el propio Sánchez Portillo.
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