EDITORIAL | Montaner y la distorsión del término “extrema derecha”

La reciente polémica por la cesión del pabellón de Escaldes-Engordany para el Ramadán ha reabierto un debate que algunos pretenden simplificar de manera irresponsable: etiquetar a Carine Montaner como “extrema derecha”. Esta acusación no solo es falsa, sino que refleja una grave confusión conceptual que empobrece la política y banaliza el lenguaje.

Crítica legítima versus acusaciones infundadas

Montaner no promueve violencia ni intolerancia. Su postura consiste en ejercer una crítica legítima y necesaria, cuestionando que un espacio público, financiado con impuestos de todos, se ceda para actividades religiosas sin transparencia ni comunicación a la ciudadanía.

La defensa de la libertad de culto no implica diluir la identidad histórica y cultural del país, un principio tan razonable como fundamental. No criticarlo no es tolerancia, sino submisión a decisiones unilaterales que desatienden el interés colectivo.

Reducir cualquier crítica a “extrema derecha” es un simplismo peligroso, que desvirtúa los términos y sirve para blanquear políticas de inmigración masiva y gestión arbitraria de recursos públicos, una realidad que afecta especialmente al sur de Europa.

Montaner recuerda que convivencia y apertura no pueden imponerse a costa del sentido común, la historia ni la legalidad. La verdadera extrema derecha es violenta, intolerante y excluyente; nada de esto aplica a Montaner, que defiende un mensaje equilibrado: se puede ser crítico con la gestión pública, preservar la identidad cultural y respetar la libertad religiosa.

El problema de la censura ideológica

No es la primera vez que algunas voces de la izquierda radical etiquetan automáticamente como “extrema derecha” o “nazi” todo aquello que escapa a su limitado marco mental. Esta actitud se repite entre ciertos periodistas de medios catalanes en Andorra y entre algunos miembros de partidos políticos, revelando una incapacidad preocupante para tolerar el debate, la crítica y el sentido común.

En Andorra, la permeabilidad a líneas políticas similares a Sumar o Podemos provoca que ciertas voces desaparezcan bajo censura ideológica. La izquierda radical exige solo una administración responsable de los recursos públicos, priorizando a quienes han contribuido a la sociedad frente a beneficiarios que no han aportado al conjunto.

Algunos inmigrantes tienen acceso a derechos y recursos que no tienen ciudadanos con décadas de contribuciones fiscales; aunque Andorra no sea un caso extremo, es una realidad que no puede ignorarse. 

Por ello, etiquetar como “extrema derecha” a alguien que simplemente cuestiona la cesión de un pabellón público para actividades religiosas que no forman parte de la cultura histórica del país es ridículo y peligroso.

¿Significa esto que ya no se puede criticar nada sin ser criminalizado ideológicamente? La respuesta es no. La libertad de expresión y el debate crítico son la base del estado de derecho, y nadie puede reducirlos a etiquetas simplistas que buscan silenciar opiniones legítimas.

Criticar la cesión de un pabellón público no es extremismo; es democracia. Montaner no representa la extrema derecha que algunos afirman: es una política andorrana que defiende que apertura e identidad son complementarias, no contradictorias.