EDITORIAL | La prisa por celebrar el referéndum va por barrios
Artículo de opinión de Joel Picón
Durante más de tres años, el Gobierno ha repetido que el acuerdo de asociación con la Unión Europea era una prioridad y que el referéndum llegaría pronto. Hoy, sin embargo, la realidad es otra.
Tanto el jefe de Gobierno, Xavier Espot, como el secretario de Estado para las Relaciones con la Unión Europea, Landry Riba, admiten que la consulta es prácticamente inviable durante esta legislatura. La prisa, por lo que parece, va por barrios.
Conviene recordar que durante la campaña electoral de 2023, Xavier Espot defendía que las negociaciones debían seguir en manos de quienes ya las conocían porque estaban muy avanzadas y podrían culminarse en pocos meses. Tres años después, el país sigue esperando un referéndum que debía ser inminente.
Un calendario que nunca terminó de cumplirse
A lo largo de este proceso se han anunciado distintos calendarios que nunca llegaron a cumplirse. El mensaje oficial transmitía constantemente que el acuerdo estaba a punto de cerrarse, pero la realidad ha ido desmintiendo una y otra vez esas previsiones.
El resultado es que Andorra llega al verano de 2026 sin haber podido someter a votación el texto que el propio Gobierno considera el proyecto político más importante de las últimas décadas.
Mientras tanto, se ha destinado más de un millón de euros de dinero público a explicar los supuestos beneficios del acuerdo. Campañas institucionales, presencia en la Feria de Andorra la Vella, exposiciones, trípticos y todo tipo de acciones de comunicación han presentado el acuerdo casi como una oportunidad sin fisuras, mientras que las voces críticas han sido desacreditadas en numerosas ocasiones o acusadas de difundir desinformación.
Sin embargo, los hechos han acabado imponiéndose. Cuando La Veu Lliure adelantó que el acuerdo sería finalmente mixto y que ello retrasaría de forma considerable su tramitación, esa información fue cuestionada. Con el paso del tiempo quedó confirmado que la naturaleza mixta del acuerdo obligaba a la ratificación por parte de los Estados miembros, alterando por completo el calendario previsto.
También se intentó desacreditar cualquier debate sobre las consecuencias del acuerdo en cuestiones como la libre circulación de personas, el mercado laboral o la capacidad de Andorra para preservar sus especificidades. En una democracia madura, discrepar no es desinformar. Debatir no es ir contra el país. Y cuestionar un acuerdo de esta trascendencia es perfectamente legítimo.
Un relato que ha cambiado con el tiempo
Ahora, ante la evidencia de que el referéndum no llegará antes de las próximas elecciones, el relato ha cambiado. Se sostiene que son otros quienes tienen prisa. Pero conviene recordar quién anunció repetidamente que la consulta era inminente y quién convirtió el acuerdo de asociación en uno de los principales argumentos políticos de la legislatura.
Cuando algunos medios informaron, apoyándose en fuentes y en el debate político existente en San Marino, de que un eventual "no" en el referéndum podía afectar a otros acuerdos vigentes con la Unión Europea, como el acuerdo aduanero o el monetario, esas informaciones fueron calificadas de desinformación.
Sin embargo, durante el último Debate de Orientación Política, el propio Xavier Espot terminó admitiendo que el escenario es, en esencia, "este acuerdo o ningún acuerdo".
Una afirmación que, como mínimo, ofrece una nueva dimensión a unas informaciones que meses atrás fueron desacreditadas. Si esa es realmente la disyuntiva a la que se enfrenta Andorra, cabe preguntarse si la negociación ha reforzado la posición del país o, por el contrario, ha reducido mucho más de lo que se trasladó inicialmente su margen de maniobra.
El acuerdo todavía deberá superar un largo proceso de ratificación y, si finalmente llega a las urnas, será la ciudadanía quien tenga la última palabra.
Pero antes sería conveniente un ejercicio de autocrítica. Porque los calendarios incumplidos, las expectativas generadas y los cambios de relato no pueden atribuirse únicamente a los imprevistos de Bruselas. También son consecuencia de una gestión política que creó unas expectativas que hoy se han demostrado excesivamente optimistas.
La confianza de los ciudadanos también se construye cumpliendo los compromisos y explicando la realidad tal y como es, aunque resulte menos favorable que el relato inicial.
