España y Andorra pactan repartirse al 50% los bienes decomisados en causas penales
El acuerdo llega en un contexto de crecimiento de los residentes españoles con grandes patrimonios
España y Andorra han cerrado un convenio para repartirse al 50% los bienes decomisados procedentes de actividades delictivas en los procedimientos de cooperación entre ambos países.
Según ha podido saber La Veu Lliure, el acuerdo se firmó durante la visita al Principado del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras un periodo de negociaciones entre las dos administraciones.
Fuentes próximas al Gobierno de España vinculan el interés de Madrid a la previsión de posibles causas por delitos fiscales que puedan comportar el decomiso de patrimonio situado en Andorra.
El convenio establece un marco bilateral para distribuir los bienes que finalmente se decomisen en estos procedimientos. La información disponible no concreta, sin embargo, cuántas investigaciones están abiertas ni identifica a personas afectadas.
Los grandes patrimonios, en el trasfondo del acuerdo
El perfil de los ciudadanos españoles instalados en el Principado se ha diversificado durante los últimos años. A los residentes que tradicionalmente se establecían para trabajar se han sumado deportistas, creadores de contenido y profesionales con ingresos elevados, algunos de ellos con una destacada presencia pública en las redes sociales.
Las fuentes citadas sitúan este cambio, especialmente desde la pandemia, entre los factores que han reforzado el interés español por disponer de un mecanismo de reparto de los bienes decomisados.
El planteamiento que describen es tener preparado el marco de cooperación ante la posibilidad de que se produzcan procedimientos judiciales con patrimonio afectado en el Principado.
Esta previsión no acredita, por sí misma, un incremento de causas contra los creadores de contenido residentes en Andorra, ni permite atribuir irregularidades al conjunto de este colectivo.
Una negociación que venía de lejos
Las mismas fuentes sostienen que España había planteado la firma del convenio desde hacía tiempo y atribuyen a Andorra retrasos en su formalización. También reconocen que, durante años, Madrid no había presionado lo suficiente para cerrarlo.
La visita de Albares ha permitido culminar este proceso con la firma del pacto. El trasfondo fiscal que describen las fuentes sitúa ahora la cooperación judicial sobre los grandes patrimonios entre los elementos de interés de la relación bilateral.
