Francia aumenta la presión para que Andorra despenalice el aborto

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reiterado la necesidad de avanzar en los derechos reproductivos y ha vuelto a situar a Andorra en el centro del debate europeo sobre la interrupción voluntaria del embarazo. 

La cuestión ha adquirido una nueva dimensión política en el marco de la diplomacia bilateral y de las relaciones entre el Principado y sus copríncipes.

Macron intensifica su agenda diplomática en el Vaticano

Macron ha mantenido hoy una intensa agenda diplomática en el Vaticano tras su encuentro con el Papa Lleó XIV, en una jornada marcada por las relaciones internacionales y los grandes retos globales.

Después de la audiencia, el presidente francés se reunió con el secretario de Estado, Pietro Parolin, acompañado por el monseñor Paul Richard Gallagher. 

Según la Santa Sede, los “cordiales coloquios” sirvieron para reafirmar las buenas relaciones entre Francia y el Vaticano, además de abordar conflictos internacionales con el objetivo de promover la paz mediante el diálogo y la negociación.

Presión internacional sobre Andorra

La visita se produce en un contexto especialmente delicado para Andorra. El pasado 14 de marzo, con motivo del Día de la Constitución, Macron ya había insistido públicamente en la necesidad de avanzar en los derechos reproductivos y había señalado que el Principado debería proceder a la despenalización del aborto.

Una reforma que estaba prevista inicialmente para el pasado mes de noviembre, según anunció el ministro Ladislau Baró, pero que quedó temporalmente paralizada tras la controversia generada por las declaraciones públicas.

Un modelo aún limitado

Según las últimas informaciones, el texto podría presentarse este verano, aunque con importantes limitaciones: ni los médicos quedarían plenamente despenalizados ni el procedimiento estaría cubierto por la CASS.

El modelo apunta a una solución intermedia, orientada a eliminar la penalización de las mujeres sin permitir la práctica plenamente regulada dentro del territorio andorrano.

El origen del debate se remonta a 2019, cuando el entonces Gobierno encargó un informe jurídico clave. Dicho documento planteaba una despenalización parcial, buscando una fórmula social e institucionalmente viable, y señalaba que numerosos ordenamientos jurídicos europeos no consideran persona al embrión en sus primeras fases de desarrollo.

Desde entonces, las negociaciones han sido constantes. El jefe de Gobierno, Xavier Espot, advirtió en 2021 ante el Papa Francisco de la “impressionante presión internacional” que recibía el país.

Según fuentes vaticanas, Francisco se mostraba favorable a retirar el castigo penal a las mujeres, en coherencia con su línea pastoral, aunque sin modificar la doctrina de la Iglesia.

El papel del secretario de Estado, Pietro Parolin, ha sido determinante, posteriormente reforzado por Paul Richard Gallagher, quien ha liderado las conversaciones más técnicas con el Gobierno andorrano.

Giro con el nuevo pontificado

La situación cambió con la muerte de Papa Francisco y la elección de Lleó XIV, quien ha adoptado una posición más intransigente respecto al aborto, defendiendo con firmeza la denominada “cultura de la vida”.

Este cambio ha condicionado el ritmo y el alcance de la reforma, obligando a Andorra a explorar vías alternativas dentro de un marco diplomático más rígido.

Otro elemento relevante ha sido el nombramiento de Josep-Lluís Serrano Pentinat, con un perfil más orientado al diálogo. Sus declaraciones recientes, apostando por el acompañamiento y la mediación, han sido interpretadas como un intento de rebajar la tensión en un debate especialmente sensible.

Un debate condicionado por el equilibrio institucional

Tal como recordó la ministra Imma Tor en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, el Gobierno contempla despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo durante esta legislatura, con la previsión de presentar un proyecto de ley en los próximos meses ante el Consell General.

Esta posición se enmarca en un contexto institucional complejo, especialmente por el papel del otro copríncipe.

En Francia, la interrupción voluntaria del embarazo (IVG) puede practicarse hasta la semana 14 de gestación (16 semanas tras el primer día de la última menstruación), tras la ampliación aprobada el 2 de marzo de 2022.

Una reforma que se inscribe en la evolución progresiva de la legislación francesa desde la histórica ley de 1975, que supuso la primera despenalización del aborto en el país.