El gasto público en protección social aumenta un 9,2% en 2025 y alcanza los 375,5 millones
Los recursos destinados a las personas mayores, la enfermedad, la discapacidad y la vivienda explican buena parte del incremento
El gasto público en protección social en Andorra alcanzó los 375,5 millones de euros durante 2025, lo que supone un aumento del 9,2% respecto al ejercicio anterior, según los datos publicados por el Gobierno.
Esta partida incluye las actuaciones destinadas a proteger a los hogares y a las personas, financiadas por la Administración general, los comunes, el Instituto Nacional de la Vivienda, el Instituto Andorrano de las Mujeres, la Caja Andorrana de Seguridad Social (CASS) y el Fondo de Reserva de Jubilación.
El conjunto de los recursos destinados a protección social representa el 29,6% del gasto total liquidado por las administraciones públicas, sin tener en cuenta los activos y pasivos financieros ni las transferencias del Gobierno a otras entidades públicas. El porcentaje es cinco décimas superior al registrado en 2024.
El gasto social equivale al 9,4% del PIB
En relación con el producto interior bruto (PIB), el gasto en protección social equivale al 9,4%. Además, el gasto por habitante aumentó hasta los 4.412 euros, frente a los 4.213 euros del año anterior.
El incremento de la inversión social se explica principalmente por el aumento de los recursos destinados a las personas mayores, que recibieron 21,3 millones de euros más que en 2024.
También crecieron los gastos relacionados con la enfermedad y la discapacidad, con un aumento de 5,6 millones de euros, así como los recursos vinculados a la vivienda, que se incrementaron en 1,5 millones.
La vivienda social recibe 25,3 millones de euros
Dentro del ámbito de la vivienda se incluyen los recursos destinados a los pisos sociales, que alcanzaron los 25,3 millones de euros durante 2025.
La evolución de estas partidas consolida la protección social como uno de los principales componentes del gasto público de Andorra y refleja el aumento de los recursos destinados a las personas mayores, la atención a la enfermedad y la discapacidad y las políticas de vivienda.
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