El Gobierno dice que no tiene las cuentas de BPA y traslada la petición del PS a la AREB
Casal afirma que el Ejecutivo no dispone de la documentación reclamada por el PS y que la agencia analizará jurídicamente la solicitud
El Gobierno ha trasladado a la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) la petición de información sobre las cuentas de BPA, después de recibir la carta del síndico general a raíz de la solicitud de amparo del PS.
El ministro portavoz, Guillem Casal, ha explicado que el Ejecutivo queda pendiente de la respuesta del organismo para comunicarla al Consejo General.
Casal ha defendido que el Gobierno actúa como intermediario porque, según ha asegurado, no tiene la documentación solicitada. «Esta información no está a disposición del Gobierno», ha afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Govern deixa en mans de l’AREB la resposta sobre els comptes de BPA després del toc d’atenció del síndic pic.twitter.com/PEXuSFDzjo
— La Veu Lliure (@laveulliure) September 2, 2026
El portavoz ha insistido en que el Ejecutivo ha hecho de «correa de transmisión» hacia la AREB, que es quien dispone de la información, y que volverá a asumir esta función cuando reciba la respuesta de la agencia.
La AREB analizará si puede facilitar la información
Según Casal, la AREB examinará la petición desde el punto de vista jurídico, teniendo en cuenta tanto la legislación aplicable como las disposiciones del reglamento del Consejo General sobre el acceso de los parlamentarios a la información.
El ministro ha recalcado que la agencia es un organismo independiente y con autonomía. La respuesta que el Gobierno traslade al Consejo General dependerá, por tanto, del pronunciamiento de la AREB.
En la comparecencia no se ha concretado cuándo llegará esta respuesta ni si se facilitarán las cuentas reclamadas.
Casal relativiza la solicitud de amparo
El portavoz también ha querido contextualizar la intervención del síndico y ha calificado la expresión «amparo del síndico» de denominación «quizá alarmante», al tiempo que ha defendido que se trata de un procedimiento previsto en el reglamento parlamentario.
Ha explicado que cualquier consejero general que considere que no ha recibido una información a la que tiene derecho puede recurrir al síndico, que traslada la petición al Gobierno. Casal ha añadido que no es la primera vez que se activa este mecanismo.
La cuestión se ha planteado al ministro a raíz de la carta en la que el síndico recuerda el derecho de acceso preferente de los consejeros generales a la información. La respuesta de Casal deja ahora la petición pendiente del análisis jurídico de la AREB.
