El Govern de Andorra dejó sin respuesta a David Castillo sobre su petición de información relacionada con Chipre

El Govern de Andorra no respondió dentro del plazo legal a una solicitud de acceso a la información pública presentada por el periodista David Castillo. 

La petición estaba relacionada con una recepción institucional en la que participaron representantes diplomáticos de Chipre.

El Raonador del Ciutadà ha llamado la atención al Ministerio de Asuntos Exteriores por la falta de respuesta y le recomienda que resuelva expresamente las solicitudes de información. 

La institución considera que el silencio administrativo no debería sustituir una contestación que permita conocer los motivos de la decisión.

El caso se produce meses después de que Castillo anunciara que denunciaría a Chipre ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por presuntas vulneraciones de su libertad de expresión y de prensa. 

El periodista, director del documental Chipre: la isla dividida, atribuía esos hechos a actuaciones de la embajada chipriota en España y a la falta de respuesta posterior del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre.

El 12 de enero de 2026, Castillo hizo pública su intención de presentar la denuncia. Dos semanas después, el 28 de enero, solicitó al Govern información sobre una recepción institucional con representantes diplomáticos chipriotas.

Castillo tuvo que recurrir para obtener parte de la información

El Ministerio de Asuntos Exteriores no dictó ni notificó una resolución dentro del plazo legal. Por ese motivo, Castillo presentó una reclamación ante la Comisión Nacional de Acceso y Evaluación de la Documentación (CNAAD).

La comisión estimó parcialmente el recurso y requirió al ministerio que facilitara la información correspondiente a cuatro puntos de la solicitud. Castillo sostiene que, pese a esa resolución, el Ministerio de Asuntos Exteriores todavía no le ha respondido.

El periodista también trasladó el caso al Raonador del Ciutadà. La institución considera acreditado que no recibió una respuesta expresa dentro del plazo y que tuvo que recurrir a la CNAAD para obtener el reconocimiento parcial de su derecho de acceso a la información.

El Raonador recuerda que la ley atribuye efectos desestimatorios al silencio administrativo, pero señala que esta figura no debería reemplazar una respuesta expresa. 

La falta de resolución deja al solicitante sin conocer los motivos de la decisión y puede obligarlo a reclamar para hacer valer su derecho.

Por ello, la institución concluye que la actuación del ministerio no se ajustó a los estándares de transparencia y buena administración.

El Raonador pide mejorar las resoluciones de la CNAAD

La resolución también recomienda a la CNAAD que refuerce la revisión formal y jurídica de sus decisiones, especialmente de aquellas que ponen fin a la vía administrativa.

El Raonador considera que deben evitarse omisiones, contradicciones internas y referencias normativas incorrectas. También plantea que se valore en cada caso si es posible facilitar al menos una parte de la información solicitada.

Castillo había expresado dudas sobre la independencia y la apariencia de imparcialidad de la comisión. Sin embargo, el Raonador afirma que no hay elementos que permitan acreditar que la CNAAD actuara parcialmente en este caso.

De hecho, la institución tampoco considera que los datos disponibles permitan concluir que el silencio administrativo sea una práctica generalizada. 

Según la información facilitada por el Govern, durante 2026 se habían presentado ocho solicitudes de acceso a la información pública: tres fueron resueltas dentro del plazo legal, una se desestimó por silencio administrativo, otra fue inadmitida, una se retiró y dos seguían en tramitación. El tiempo medio de resolución comunicado fue de dos meses.

En cuanto a los recursos ante la CNAAD, en 2024 se presentó uno, que fue estimado parcialmente. En 2025 no se registró ninguno, mientras que en 2026 se presentó otro, también estimado parcialmente. La reclamación de Castillo fue la única registrada durante ese año.

Además de pedir al Govern que responda dentro de los plazos, el Raonador propone ofrecer a la ciudadanía información más clara sobre cómo ejercer el derecho de acceso y qué garantías existen. 

Finalmente, recomienda hacer más visibles las garantías de independencia de la CNAAD y las medidas para prevenir posibles conflictos de interés.