Llamamiento a los inquilinos que se plantean marcharse de Andorra por no poder pagar una vivienda

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra ha hecho un llamamiento a las personas y familias afectadas por situaciones de inseguridad residencial para que se pongan en contacto con la entidad y se organicen colectivamente.

La iniciativa llega después de que en los últimos días se hayan hecho públicos varios casos de inquilinos que, tras años viviendo en la misma vivienda, tienen que abandonar el piso y aseguran no encontrar una alternativa asequible en el mercado actual.

En un comunicado, el Sindicat considera que estas situaciones no deben analizarse únicamente como casos particulares y sostiene que una parte creciente de las clases trabajadoras se enfrenta a precios que no puede asumir, posibles abusos o una falta de alternativas residenciales asequibles.

Según la entidad, esta situación puede llevar a algunos afectados a recurrir temporalmente a familiares o amigos, buscar vivienda fuera de Andorra o plantearse abandonar definitivamente el país en el que han trabajado y desarrollado su vida.

El Sindicat también puntualiza que detrás de estas situaciones no siempre existe una actuación abusiva o irregular por parte de los propietarios. Un propietario puede recuperar legal y legítimamente una vivienda y, al mismo tiempo, dejar al descubierto, según la organización, un problema de carácter estructural.

«Perder una vivienda puede significar quedar automáticamente excluido de un mercado al que ya no se puede volver a acceder en condiciones asequibles», alerta el Sindicat.

Reclaman ir más allá de las prórrogas

Ante este escenario, la organización insiste en que las medidas adoptadas en materia de vivienda no deberían limitarse a las prórrogas de los contratos de alquiler. El Sindicat reclama legislar para regular el mercado y vincular el acceso a la vivienda con la capacidad económica de los trabajadores.

El objetivo, defiende, debería ser evitar que las familias tengan que destinar una parte desproporcionada de su salario al pago de la vivienda, una situación que considera incompatible con unas condiciones de vida dignas.

El llamamiento llega en un momento en el que algunos inquilinos han comenzado a recibir comunicaciones sobre la finalización de contratos que no están protegidos por las prórrogas vigentes, una situación que ha generado incertidumbre sobre las posibilidades de continuar residiendo en el país ante los precios del mercado.

«De casos individuales a una respuesta colectiva»

El Sindicat reconoce, sin embargo, que no dispone de un parque propio de viviendas ni puede garantizar un nuevo piso a cada una de las personas que se encuentren en esta situación.

«Sería irresponsable prometer una solución que actualmente no está en nuestras manos», señala la entidad. En cambio, ofrece escuchar, asesorar y acompañar a los afectados, así como ponerlos en contacto con otras personas que atraviesan problemas similares.

La organización considera que recopilar estos casos permitirá identificar problemáticas comunes, detectar posibles abusos, compartir información y construir respuestas colectivas.

Por este motivo, el Sindicat pide que se pongan en contacto con la entidad tanto las personas que tengan que abandonar su vivienda como aquellas que vivan en edificios que hayan cambiado de propietario, no puedan asumir las condiciones de un nuevo contrato o se planteen marcharse de Andorra porque no encuentran una alternativa residencial asequible.