Una jueza andorrana pide ir a Madrid con policías a consultar secretos de Estado del ‘caso BPA’ a los que España ya le había denegado el acceso

Una jueza de Andorra ha solicitado autorización a la Audiencia Nacional española para desplazarse a Madrid y examinar presencialmente secretos de Estado, agendas y documentación del excomisario José Manuel Villarejo relacionada con el Principado.

La iniciativa se enmarca en la investigación del caso Anacleto, instruido en Andorra, en el que se investiga a los hermanos Higini y Ramon Cierco y a Villarejo por presuntamente recopilar o fabricar información contra las instituciones andorranas.

Así consta en un complemento de una comisión rogatoria internacional al que ha tenido acceso La Veu Lliure, remitido por la jueza Azahara Cascales, de la Sección de Instrucción Especializada 1, al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

La jueza Azahara Cascales fue nombrada asesora del Ministerio de Justicia e Interior cuando su titular era Xavier Espot, un puesto de confianza.

El documento corresponde a las diligencias previas y plantea una alternativa para acceder a material que la instructora considera imprescindible para esclarecer los hechos.

Una negativa anterior por secreto de Estado

Según expone el documento, el 7 de junio y el 21 de octubre de 2022 se remitieron solicitudes de asistencia judicial internacional para obtener información relacionada con la causa andorrana.

El escrito señala que la petición fue denegada por la autoridad judicial española por motivos de seguridad nacional y orden público, porque parte de la información estaría amparada por el secreto de Estado, de acuerdo con la legislación española.

También recoge un segundo obstáculo: la imposibilidad de destinar recursos humanos a buscar el material solicitado, dada la magnitud y la complejidad de la macrocausa investigada en España.

Ante esta situación, la jueza solicita nuevamente que se autorice a ella, a la secretaria judicial y a los agentes de policía andorranos encargados de la investigación a asumir directamente la lectura, búsqueda y selección de la documentación en la Audiencia Nacional.

La instructora argumenta que esta fórmula permitiría reducir la carga de trabajo de los funcionarios españoles y pide acceder al expediente durante las jornadas que se acuerden en Madrid.

Tres grabaciones y las agendas de Villarejo

La petición identifica específicamente tres grabaciones de voz recogidas en el oficio número 2420 de la Unidad de Asuntos Internos, fechado el 16 de diciembre de 2020, entre las páginas 40 y 55 del informe policial.

También reclama copias de agendas y notas intervenidas a Villarejo con anotaciones publicadas en la prensa, así como grabaciones y otros documentos que contengan información sobre Andorra, sus instituciones, autoridades o exautoridades y personas físicas o jurídicas establecidas en el país.

Entre las referencias que deben orientar la búsqueda figuran los hermanos Cierco, Alberto Pedraza, Adrián de la Joya, Juan Pablo Miquel, Maribel Lafoz y Banca Privada d’Andorra.

El documento también solicita identificar a una persona mencionada como «Tony» o «Toni» de Andorra en audios y anotaciones manuscritas del excomisario. 

La inclusión de estos nombres entre los criterios de búsqueda no implica que todos tengan la misma condición procesal.

La noticia sobre la petición de la jueza se conoce después de que la documentación presentada en el juicio de la operación Kitchen aportara un elemento que reforzaba la credibilidad de los correos publicados por RAC1 sobre la intervención de BPA.

Tal como explicó La Veu Lliure el 9 de junio, los mensajes entre el entorno de Villarejo y presuntos operativos del CNI incorporados al juicio utilizaban los mismos dominios que aparecían en los correos sobre el caso BPA.

Los correos publicados por RAC1, atribuidos a agentes del CNI y dirigidos a Villarejo, apuntaban a un presunto pacto entre Mariano Rajoy y el entonces jefe del Gobierno andorrano, Antoni Martí, para provocar la caída de BPA y su filial Banco Madrid y obtener información sobre supuestas cuentas de dirigentes independentistas catalanes.

Los mensajes sostenían que la operación seguía órdenes del presidente del Gobierno español y describían gestiones con las autoridades estadounidenses para activar una alerta del FinCEN que sirviera para justificar la intervención.

 Un correo posterior reclamaba una segunda alerta para asegurar que los responsables del banco no pudieran revertir la situación.

La investigación sobre los presuntos encargos de los Cierco

En los antecedentes, la Batllia explica que las diligencias surgieron a raíz de informaciones publicadas en medios españoles sobre material judicial relacionado con la operación Tándem.

El documento al que ha tenido acceso este diario menciona investigaciones por presuntos delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Además, recuerda que un auto del 12 de julio de 2022 amplió las diligencias contra los hermanos Cierco por presunto blanqueo y un delito contra el prestigio de las instituciones, y contra Villarejo por este último delito.

El delito contra el prestigio de las instituciones en Andorra está tipificado en el artículo 325 del Código Penal y no contempla penas de prisión, sino una multa de hasta 30.000 euros e inhabilitación para el ejercicio de cargo público de hasta cuatro años. Este artículo no figura en la lista de delitos antecedentes del blanqueo que establece el artículo 409.

Malestar en la justicia española

Para intentar superar las reticencias relacionadas con el secreto de Estado, la Batllia ofrece que la consulta se realice bajo la supervisión directa y las condiciones que determine la autoridad judicial española.

La jueza se compromete a no realizar copias, tomar fotografías ni extraer físicamente documentos o pasajes que España considere inseparables de la seguridad nacional o del secreto de Estado.

Asimismo, garantiza que la información obtenida se utilizaría exclusivamente en este procedimiento penal, con reserva y confidencialidad frente a terceros.

La petición concluye solicitando que, si es admitida, la Audiencia Nacional comunique la fecha en la que podrían practicarse las diligencias.

Fuentes de la cúpula del poder judicial español expresan malestar por la petición de la jueza andorrana y consideran poco habitual que una «instructora extranjera solicite desplazarse a la sede de la Audiencia Nacional con policías de su país para consultar documentación protegida por el secreto de Estado» después de que ya se le hubiera denegado el acceso.

Finalmente, el documento consultado no incorpora la respuesta de la Audiencia Nacional, aunque la justicia española ya había rechazado la solicitud anterior.