La portada de la vergüenza

En 2023 yo veía con buenos ojos el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Lo digo para que nadie pueda atribuirme una oposición de partida a cualquier acercamiento a Europa. 

La posibilidad de que los andorranos dispusieran de más derechos en los países de nuestro entorno me parecía positiva. Tenemos vínculos familiares, profesionales y personales con los Estados miembros. Era razonable querer facilitar esas relaciones.

Pero una expectativa favorable no es un cheque en blanco. A medida que se ha podido conocer el contenido del acuerdo y he escuchado las explicaciones de sus defensores, aquella confianza se ha convertido en preocupación. 

Tenemos derecho a cambiar de opinión cuando lo que nos explican deja de convencernos. Y tenemos derecho a exigir respuestas sin que nos traten de ignorantes, de irresponsables o de enemigos del progreso.

Desde esta posición cuestiono el papel del Diari d’Andorra. A mi entender, su manera de abordar este debate transmite una proximidad excesiva con el relato gubernamental. 

En un país pequeño, con un ecosistema político, económico y mediático que considero demasiado endogámico, esa proximidad resulta especialmente preocupante. Un diario con influencia tiene una responsabilidad proporcional: ayudar a los lectores a entender qué se está decidiendo.

Mi crítica es que el compromiso con el sí parece haber pasado por delante de la distancia crítica. Y cuando eso ocurre, una portada puede acabar funcionando como una pieza de campaña.

El debate entre Jaume Bartumeu y Cerni Escalé me dejó precisamente esa sensación: demasiadas advertencias sobre lo que podría pasarnos si rechazamos el acuerdo y demasiado poca discusión concreta sobre las obligaciones que asumiremos si lo aceptamos. 

En Bartumeu eché en falta lo que considero imprescindible en una cuestión de esta magnitud: artículos, disposiciones y argumentos jurídicos identificables que sostengan los escenarios que plantea.

Escalé podría haber sido más contundente. Pero la contundencia escénica no sustituye la solidez de un argumento. Ni la experiencia política convierte una previsión en una certeza.

Si queremos hablar del texto, hablemos. La Directiva 2004/38/CE figura en el anexo VIII del acuerdo, con las adaptaciones previstas. Por tanto, la discusión sobre los derechos de residencia y circulación tiene una base jurídica concreta que los ciudadanos deben poder conocer.

El propio portal informativo del Govern reconoce que, con el acuerdo, la reagrupación familiar será posible aunque se haya agotado la cuota.

Eso no permite anunciar, sin una estimación rigurosa, cuántas personas llegarán. Pero sí obliga a explicar qué significa para un país con un territorio limitado y con preocupaciones evidentes sobre la vivienda y los servicios. Mantener un sistema de cuotas y permitir reagrupaciones cuando esas cuotas ya están agotadas son dos realidades que deben explicarse juntas.

También hace falta precisión cuando se habla de las personas que buscan empleo. El artículo 14.4.b de la directiva protege frente a determinadas expulsiones a quien acredite que continúa buscando trabajo y que tiene posibilidades reales de ser contratado.

Con los antecedentes penales ocurre algo parecido. Según la información oficial, se prevé una declaración para todo el mundo, verificaciones sistemáticas para las profesiones sensibles y aleatorias para el resto. Eso supone un cambio respecto a la verificación sistemática actual. Podemos discutir si el nuevo sistema será suficiente, pero primero hay que reconocer que el sistema cambia.

Esta es la discusión que algunos quieren leer en los diarios: qué conservamos, qué modificamos, qué garantías tenemos y qué margen de decisión nos queda.

Para algunos parece que la soberanía tiene este año un valor práctico. Se manifiesta en la capacidad de decidir las normas con las que organizamos el país. Por eso me preocupa la ligereza con la que a veces se trata su cesión. Pedir explicaciones sobre el papel de la jurisprudencia europea es una exigencia democrática elemental.

La misma exigencia debe aplicarse a la economía. Las empresas andorranas merecen conocer los costes de adaptación, los plazos y las condiciones en las que competirán. Una apertura puede ofrecer oportunidades, pero los beneficios no tienen por qué repartirse de manera equilibrada. Una pequeña empresa local no dispone de los mismos recursos que un gran operador internacional.

Y Andorra Telecom merece un debate propio: ¿qué impacto tendrán los cambios sobre su negocio, sobre los ingresos que aporta al país y sobre el servicio que reciben los ciudadanos? Estas preguntas necesitan cifras y escenarios contrastables. La palabra «oportunidad» no es una respuesta suficiente.

Tampoco me tranquiliza que la fiscalidad quede fuera del contenido del acuerdo, tal como señala el Govern. Reconocer este hecho es necesario. Ahora bien, mi preocupación política va más allá: ¿qué capacidad tendrá Andorra para defender su modelo ante futuras presiones de sus interlocutores? Una eventual presión futura no es una obligación fiscal ya escrita, pero es legítimo preguntarse cómo podríamos afrontarla.

Mi desacuerdo también tiene que ver con la dirección política de Europa. Me preocupan las prioridades migratorias, los costes de determinadas políticas ambientales y la respuesta europea a la escalada militar. No considero que cualquier decisión adoptada en Bruselas sea buena por el simple hecho de ser europea. Los intereses de los ciudadanos merecen ser examinados en cada decisión.

Pero la pregunta principal sigue siendo andorrana: ¿qué país queremos construir?

Me preocupa un futuro en el que una minoría muy acomodada pueda vivir cómodamente, una clase trabajadora extranjera sostenga buena parte de la actividad en condiciones precarias y las familias que quieren arraigarse encuentren cada vez menos espacio. Este riesgo merece una discusión seria, tanto si defendemos el acuerdo como si lo rechazamos.

Los trabajadores que vienen merecen salarios y viviendas dignos. Su vulnerabilidad debería interpelar a los empresarios y a las instituciones. Un modelo que necesita trabajadores pero no les permite vivir con dignidad tiene un problema que ninguna campaña publicitaria puede resolver.

Y a los andorranos debemos poder ofrecerles algo más que facilidades para marcharse. Poder estudiar, trabajar o residir en el extranjero es positivo. Poder quedarse en Andorra, formar una familia y desarrollar un proyecto de vida también debería ser una prioridad.

Por eso considero tan grave que el debate mediático se convierta en una competición por proclamar vencedores y derrotados. Una portada no resuelve las preguntas sobre inmigración, vivienda, competencia o soberanía. La labor del periodismo es poner esas preguntas sobre la mesa e insistir hasta obtener respuestas.

El Diari d’Andorra tiene todo el derecho a defender el sí. Yo tengo todo el derecho a cuestionar su criterio editorial y a considerar que su cobertura contribuye a reforzar el relato del poder. El lector, a su vez, tiene derecho a distinguir claramente entre información, interpretación y posicionamiento.

También tiene derecho a discrepar. Una persona crítica con el acuerdo no tiene que justificar permanentemente su inteligencia, su buena fe o su compromiso con el país. Los partidarios del sí deben convencerla con argumentos. Y los partidarios del no debemos aceptar la misma exigencia.

Ninguna portada puede sustituir esas respuestas. La vergüenza comienza cuando un diario deja de exigirlas porque ya ha decidido cuál debe ser la conclusión.