EDITORIAL | El lobby antiyoutuber
Artículo de opinión de Joel Picón
Hace años que Andorra apuesta por atraer talento digital. Streamers, youtubers, creadores de contenido y emprendedores de internet han convertido al Principado en una referencia internacional dentro de una economía que cada vez depende más del conocimiento, la tecnología y la capacidad de generar audiencias globales.
Sin embargo, a medida que este fenómeno ha crecido, también lo ha hecho un discurso cada vez más hostil contra estos profesionales. Un discurso que a menudo reduce todo el debate a una sola cuestión: los impuestos.
Resulta sorprendente que algunos de los mismos sectores que durante años aplaudieron la internacionalización de Andorra y su capacidad para atraer actividad económica sean hoy los primeros en cuestionar la llegada de creadores digitales. Se habla constantemente de fiscalidad, pero mucho menos de la riqueza que generan, de la proyección internacional que aportan o de la transformación económica que representan.
Los grandes creadores de contenido no han construido sus carreras gracias a privilegios ocultos ni a actividades opacas. Han conseguido audiencias de millones de personas produciendo entretenimiento, espectáculos, retransmisiones o contenidos digitales consumidos en todo el mundo. Se puede estar más o menos de acuerdo con su modelo de negocio, pero es difícil negar que se trata de una actividad legal, transparente y altamente competitiva.
La crítica es legítima. El debate fiscal también. Pero cuando toda la conversación gira exclusivamente en torno a los impuestos, surge una pregunta inevitable: ¿por qué algunos parecen más preocupados por desacreditar a estos profesionales que por analizar objetivamente lo que aportan al país?
Andorra compite en un mundo globalizado. Otras jurisdicciones compiten con infraestructuras, otras con talento, otras con fiscalidad. El Principado lo hace con una combinación de factores. Pretender que su competitividad internacional no forma parte de esta ecuación es simplemente ignorar la realidad.
Durante años, una parte del debate público ha insistido en que las opiniones expresadas por algunos youtubers residentes en Andorra acabarían deteriorando las relaciones del Principado con los países vecinos y generarían tensiones políticas de primer orden. Sin embargo, la realidad institucional parece apuntar en otra dirección.
Recientemente, Armengol, Prieto o Illa han destacado el buen momento de las relaciones entre Andorra y España, y todo indica que la cooperación entre ambas administraciones sigue siendo fluida. Por ello resulta legítimo preguntarse si algunas de las advertencias catastrofistas que se han repetido durante años no han sido exageradas. Si las relaciones bilaterales siguen siendo positivas a pesar de toda la polémica en torno a los creadores de contenido, quizá ha llegado el momento de revisar determinados relatos que presentaban la presencia de youtubers en Andorra como una amenaza diplomática de primer nivel.
También resulta bastante curioso ver cómo algunos de quienes se presentan como los grandes patriotas y guardianes del interés nacional son a menudo los primeros en invertir fuera del país, ya sea en Marruecos, en Liberia o en otros mercados internacionales donde las condiciones económicas resultan más favorables para sus negocios. Sin embargo, después son los mismos que cargan contra los youtubers y creadores de contenido por haber elegido Andorra como lugar de residencia. Parece que buscar ventajas competitivas es perfectamente legítimo cuando lo hacen determinados sectores empresariales, pero se convierte en un escándalo moral cuando lo hacen profesionales de la economía digital. Esta contradicción revela una doble vara de medir difícil de ignorar: se critica a los creadores por venir a Andorra mientras se normaliza que otros actores económicos desarrollen sus actividades allí donde les resulta más rentable.
El riesgo es que el debate se convierta en una campaña permanente de desprestigio contra un sector que ha contribuido a modernizar la imagen del país. No todos los creadores son iguales, ni todas las decisiones empresariales son acertadas. Pero tampoco es razonable convertir a cualquier profesional digital en un sospechoso habitual solo porque trabaja delante de una cámara y genera ingresos en internet.
Andorra necesita debates serios sobre fiscalidad, modelo económico y futuro. Lo que no necesita es una caricatura constante de los creadores digitales. Porque, al final, la pregunta no es si gustan más o menos los youtubers. La pregunta es si el país quiere seguir atrayendo talento internacional o si prefiere enviar el mensaje de que cualquier persona que tenga éxito será recibida con recelo y hostilidad.
La crítica es necesaria. El debate es saludable. Pero la demonización sistemática de un sector entero no es ni modernidad ni patriotismo. Es simplemente una mala estrategia de país.