Las moratorias de los comuns frenan la actividad del sector de la construcción

El sector de la construcción en Andorra afronta un año complicado, marcado por la paralización de proyectos derivada de las moratorias urbanísticas impulsadas por los comuns y por el proceso de reordenación territorial en marcha en el país.

Así lo ha explicado la decana del Col·legi d’Arquitectes d’Andorra, Laura Sánchez, que ha advertido de que estas medidas ya están teniendo un impacto directo en la actividad profesional de los arquitectos y en el desarrollo de nuevos proyectos.

Según Sánchez, la situación actual responde principalmente a la paralización de varias unidades de actuación y a las moratorias que distintas parroquias están aplicando o prevén aplicar próximamente. Este contexto está provocando una reducción del ritmo habitual de trabajo en el sector.

“Ya se ha notado porque hay algunos comuns que con las moratorias ya se ha parado un poco y este año será complicado en este sentido”, ha explicado la decana, que prevé que la tendencia continúe durante los próximos meses.

Impacto de las moratorias en el sector

Pese a este frenazo, Sánchez ha defendido que el proceso de revisión urbanística es necesario para afrontar los problemas de vivienda y de ordenación del territorio que arrastra el país.

En este sentido, ha remarcado que las administraciones buscan “reordenar un poco el territorio” y promover un crecimiento más planificado.

Desde el sector, sin embargo, se reconoce la preocupación por la posible disminución de proyectos que llegan a los despachos de arquitectura. 

“Es evidente que preocupa que no entren proyectos en el futuro”, ha admitido Sánchez, aunque ha matizado que el sector ya ha vivido otras etapas de ralentización.

En este contexto, la decana ha querido destacar también que estos periodos de menor actividad pueden servir para la formación y la reorientación profesional. “Estas paradas también sirven para que nos podamos reciclar”, ha afirmado.

La situación llega en un momento en el que Andorra la Vella y el resto del país avanzan hacia una nueva planificación urbanística, con posibles nuevas moratorias en algunas parroquias y la aplicación futura de nuevas normativas del suelo que podrían tener un impacto directo sobre el sector.