Condenan a seis años de prisión a los acusados de la operación 'Llops' por tráfico de drogas
Durante el juicio, algunos de los acusados alegaron situaciones personales y económicas complicadas
ARXIU
por el autor
La Veu Lliure
2
minutos de lectura
Publicado el
Jueves, 21 Mayo 2026 - 00:15
El Tribunal de Corts ha dictado sentencia en una de las operaciones antidroga más destacadas de los últimos años en Andorra, conocida como la operación Llops, con penas de seis años de prisión, una multa de 30.000 euros y 30 años de expulsión del Principado para los cuatro principales acusados por un delito de tráfico de drogas. Según ha informado RTVA, la resolución pone fin a un proceso judicial iniciado a raíz de una investigación policial en 2024.
Los hechos se remontan a octubre de ese año, cuando la policía desarticuló un punto de venta de estupefacientes situado en un piso del centro de Andorra la Vella. En el operativo fueron detenidas varias personas de entre 29 y 40 años y se intervinieron más de 200 gramos de cocaína, así como unos 2.000 euros en efectivo, que según la investigación procedían de la actividad ilícita.
Durante la fase final del juicio, la Fiscalía defendió la necesidad de imponer penas contundentes para frenar el aumento del tráfico y el consumo de drogas en el país, señalando que no se trataba de un caso aislado, sino de un fenómeno en crecimiento.
El tribunal ha asumido en gran parte estos argumentos y ha impuesto una de las condenas más elevadas previstas para este tipo de delitos en la legislación andorrana. Además de las penas de prisión y la expulsión, cada uno de los principales condenados deberá afrontar la multa de 30.000 euros.
En cuanto al resto de implicados, las cuatro personas juzgadas por consumo de sustancias estupefacientes han sido condenadas a tres meses de arresto nocturno condicional, una medida que implica restricciones de libertad durante la noche, pero sin ingreso efectivo en prisión si se cumplen las condiciones impuestas.
Tras conocer la sentencia, algunos de los procesados han anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Superior, alegando que la resolución es desproporcionada, lo que abre una nueva fase judicial de revisión de las penas.