El optimismo de Montenegro choca con la incertidumbre en San Marino por el conflicto financiero con Bulgaria
Un grupo inversor búlgaro reclama una indemnización de 150 millones de euros por la compra frustrada de la Banca di San Marino
El Gobierno de San Marino ha desmentido de manera contundente la existencia de cualquier negociación por valor de 60 millones de euros con Bulgaria vinculada al desbloqueo del acuerdo de asociación con la Unión Europea, en pleno proceso de encaje europeo.
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores sammarinés, Luca Beccari, ha calificado de “absolutamente falsa” la información que apuntaba a una supuesta negociación extrajudicial relacionada con el conocido “caso búlgaro” y el litigio abierto con Starcom Holding y el empresario Assen Christov.
Un litigio internacional ante el CIADI
El conflicto entre Starcom Holding y San Marino ha escalado hasta el arbitraje internacional con la presentación de una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington y dependiente del Banco Mundial.
El grupo inversor búlgaro reclama una indemnización mínima de 150 millones de euros por daños, perjuicios y lucro cesante tras el bloqueo de la operación de compra de la Banca di San Marino y la congelación de los fondos depositados.
El caso se encuentra aún en fase preliminar, a la espera de la constitución del tribunal arbitral, e incluye cuestiones todavía no resueltas como la delimitación de responsabilidades institucionales, el alcance de las supuestas irregularidades financieras y el posible impacto en las finanzas públicas del microestado, que no supera los 34.000 habitantes.
Preguntado por una posible oferta de 60 millones para cerrar el conflicto, Beccari ha sido categórico:
“No absolutamente. Se trata de una noticia falsa.”
El Gobierno sammarinés ha emitido además un comunicado en el que niega de forma categórica la existencia de cualquier compromiso financiero de este tipo y denuncia un uso distorsionado de informaciones vinculadas a procedimientos institucionales y parlamentarios.
El Ejecutivo considera que estas informaciones pueden causar un grave e inmediato daño a la reputación del país y las atribuye a interpretaciones irresponsables con fines de instrumentalización política del caso.
Asimismo, advierte de que se pueden activar medidas legales ante conductas que traspasen el debate político y entren en el ámbito de la difamación.
Paralelamente, el debate sobre el calendario del acuerdo de asociación con la Unión Europea continúa marcado por el optimismo de otros actores internacionales. El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, aseguró hace cinco días en Andorra que confía en que el acuerdo entre el Principado y la UE pueda cerrarse en “ocho días”, coincidiendo con la próxima reunión del Coreper.
Montenegro ha calificado este momento como “clave” para el futuro de Andorra dentro del proyecto europeo y ha defendido que el proceso debe reforzar los vínculos políticos, económicos y sociales con la Unión Europea.
Mientras Portugal proyecta un cierre inminente del acuerdo, San Marino intenta distanciarse de una controversia que sigue marcando su debate interno y que vuelve a situar el foco en la complejidad jurídica y diplomática del proceso de asociación con la Unión Europea.
