San Marino niega una negociación de 60 millones con Bulgaria para desbloquear el acuerdo con la UE
El Ejecutivo sammarinés rechaza la existencia de cualquier negociación económica y califica la información de “noticia falsa”
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores de San Marino, Luca Beccari, ha negado de forma tajante a La Veu Lliure la existencia de una supuesta negociación extrajudicial de 60 millones de euros vinculada al bloqueo del acuerdo con la Unión Europea y al conflicto relacionado con Starcom Holding y el empresario Assen Christov.
Preguntado por la posible existencia de un acuerdo económico para cerrar el litigio y facilitar una aproximación con Bulgaria en el marco de la UE, Beccari ha sido breve y categórico:
“No absolutamente. Se trata de una noticia falsa.”
La reacción del Gobierno llega después de que un medio digital publicara un artículo que hacía referencia a una interpelación parlamentaria presentada por el grupo Motus Liberi.
Dicha interpelación solicita aclaraciones sobre la posible existencia de un procedimiento de arbitraje internacional ante el CIADI (ICSID) por parte de Starcom Holding y Assen Christov, con una reclamación que podría alcanzar los 150 millones de euros.
En el mismo documento, según el medio, se mencionaba la posibilidad de una negociación extrajudicial no oficial por unos 60 millones de euros, destinada a cerrar el conflicto.
San Marino ha emitido un comunicado oficial en el que desmiente de manera “categórica” las informaciones difundidas en las últimas horas por varios medios de comunicación, calificando su difusión como un uso “distorsionado” de instrumentos institucionales.
El Ejecutivo sammarinés rechaza la existencia de cualquier tipo de negociación o compromiso financiero por parte del Estado para resolver controversias internacionales por ese importe.
Asimismo, el Gobierno considera que estas afirmaciones han sido difundidas con “irresponsabilidad” y con la intención de alimentar tensiones políticas y fomentar la instrumentalización del caso.
Posible impacto institucional y legal
En el comunicado se advierte que este tipo de informaciones puede provocar un “grave e inmediato daño a la reputación y credibilidad internacional del país”, especialmente en un contexto en el que la gestión de asuntos jurídicos sensibles requiere rigor y confidencialidad.
El Congreso de Estado añade que, ante conductas que “sobrepasan el legítimo debate político y entran en el ámbito de la difamación”, se activarán todas las medidas legales oportunas.
El Gobierno de San Marino insiste en que no existe ningún tipo de negociación en los términos publicados ni ningún proceso oficial en curso relacionado con una compensación de 60 millones de euros.
Beccari subraya que la información difundida no corresponde a hechos reales ni a procedimientos autorizados por el Ejecutivo.
El caso ha generado debate político en San Marino tras la interpelación presentada en el Gran Consejo General, en la que se solicitan explicaciones sobre la gestión del conflicto, su posible impacto económico y la estrategia jurídica del Estado.
El Gobierno deberá responder por escrito a las preguntas planteadas en sede parlamentaria, mientras la controversia sigue abierta en torno a la existencia —o no— de una negociación económica en el marco del litigio internacional.