El TJUE avala la amnistía por malversación y allana su aplicación a los líderes del Procés
La sentencia supone un paso clave para la aplicación efectiva de la ley de amnistía
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la aplicación de la ley de amnistía a los delitos de malversación vinculados al Procés al considerar que no vulnera el derecho comunitario ni afecta a los intereses financieros de la Unión Europea.
La decisión, adoptada por la Gran Sala del tribunal con sede en Luxemburgo, responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre los delitos de malversación y terrorismo.
El TJUE considera que no perjudica a los intereses de la UE
En su sentencia, el TJUE concluye que la amnistía es compatible con el derecho de la Unión porque los hechos relacionados con la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 no provocaron una reducción de los recursos propios de la UE.
Además, el tribunal señala que los intereses financieros de la Unión no pueden considerarse afectados por una eventual disminución de la renta nacional bruta derivada de una hipotética secesión de una parte del territorio de un Estado miembro.
Con esta interpretación, el tribunal europeo abre la puerta a que el Tribunal de Cuentas extinga la responsabilidad contable derivada del Procés y deje sin efecto la reclamación de 3,9 millones de euros contra los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, entre otros responsables políticos.
La resolución también respalda la tesis defendida el pasado noviembre por el abogado general de la UE, Dean Spielmann, quien ya sostuvo que no existía una relación directa entre los gastos destinados al referéndum y un perjuicio para el presupuesto comunitario.
Puigdemont todavía deberá esperar
Pese a avalar la ley de amnistía, el TJUE introduce una reserva sobre la normativa española. Considera que el plazo máximo de dos meses fijado para que los tribunales resuelvan sobre la amnistía y levanten las medidas cautelares podría comprometer la eficacia del procedimiento prejudicial europeo.
En ese caso, advierte el tribunal, esas disposiciones deberían dejar de aplicarse si impiden a los jueces esperar el pronunciamiento de Luxemburgo.
La sentencia representa un paso importante para la aplicación efectiva de la ley, pero no implica el regreso inmediato de Carles Puigdemont. Su situación sigue dependiendo de las decisiones de los tribunales españoles.
El siguiente movimiento corresponderá al Tribunal Constitucional, que prevé resolver en octubre los recursos de amparo presentados por varios líderes independentistas. Posteriormente, será el Tribunal Supremo quien deba decidir si modifica su criterio sobre la malversación.
Hasta ahora, el alto tribunal ha rechazado aplicar la amnistía al considerar que existió un beneficio personal, una de las excepciones previstas en la ley.
