La USdA propone elevar a 30.600 euros el mínimo exento del IRPF para proteger los salarios de la inflación
El sindicato reclama actualizar los umbrales fiscales en 2027 y vincularlos anualmente al IPC
La Unió Sindical d'Andorra (USdA) ha presentado una propuesta de modificación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) con el objetivo de evitar que los trabajadores acaben pagando más impuestos como consecuencia de los incrementos salariales destinados a compensar la inflación.
El sindicato reclama una actualización de los mínimos personales exentos y de la bonificación máxima del IRPF, unos importes que, según denuncia, no se han revisado de manera sistemática para adaptarlos a la evolución del coste de la vida desde la entrada en vigor efectiva del impuesto.
La propuesta contempla aplicar una primera revisión durante el ejercicio fiscal de 2027, tomando como referencia la inflación acumulada en Andorra entre 2016 y 2025.
El mínimo exento pasaría de 24.000 a 30.599 euros
La principal modificación planteada por la USdA consiste en elevar el primer umbral de renta, actualmente situado en 24.000 euros anuales, hasta los 30.599,41 euros.
Esta revisión permitiría ampliar la franja de ingresos protegida por la exención fiscal y evitar que determinados incrementos salariales impliquen automáticamente una tributación superior.
El sindicato también propone modificar los otros dos umbrales de referencia y la bonificación máxima del impuesto.
Las cantidades planteadas son las siguientes:
| Concepto | Importe actual | Propuesta 2027 |
|---|---|---|
| Primer umbral | 24.000 € | 30.599,41 € |
| Segundo umbral | 30.000 € | 38.249,26 € |
| Tercer umbral | 40.000 € | 50.999,01 € |
| Bonificación máxima | 800 € | 1.019,98 € |
Según la USdA, estos cambios permitirían recuperar el valor real que los parámetros fiscales han ido perdiendo durante los últimos años debido al encarecimiento de la vida.
Una actualización automática vinculada al IPC a partir de 2028
Más allá de la revisión inicial, la propuesta sindical incorpora un mecanismo para que los importes fiscales se actualicen automáticamente cada año a partir de 2028, de acuerdo con la variación interanual del índice de precios de consumo (IPC) oficial de Andorra.
De esta manera, los mínimos exentos y la bonificación máxima aumentarían cuando subieran los precios, sin necesidad de aprobar modificaciones puntuales cada ejercicio.
En cambio, si el IPC fuera negativo, los importes se mantendrían congelados y no se reducirían.
La USdA defiende que este mecanismo permitiría evitar que se repitiera la pérdida de valor de los umbrales fiscales y proporcionaría una mayor estabilidad al sistema tributario.
El sindicato denuncia que la inflación puede aumentar la presión fiscal
La organización sindical alerta de que mantener congelados los parámetros del IRPF puede provocar que los trabajadores soporten una carga fiscal más elevada aunque su poder adquisitivo no haya mejorado.
Esta situación se produce cuando los salarios aumentan en términos nominales para compensar el encarecimiento de los productos y servicios, pero los límites fiscales permanecen sin cambios.
«No es aceptable que un trabajador tenga que pagar más impuestos por el simple hecho de haber recibido un incremento salarial que, en realidad, solo sirve para intentar mantener su poder adquisitivo», afirma la USdA en su comunicado.
El sindicato considera que esta situación puede convertir la inflación en una vía indirecta de aumento de la recaudación pública, especialmente sobre las rentas del trabajo.
Por ello, insiste en que la fiscalidad debe responder a la capacidad económica real de los contribuyentes y no únicamente a la evolución nominal de sus ingresos.
La USdA pide a los responsables políticos que incorporen la reforma
La Unió Sindical d'Andorra asegura que su propuesta no pretende impulsar una rebaja fiscal indiscriminada, sino corregir los efectos de la inflación sobre los contribuyentes.
La organización defiende que actualizar los umbrales del IRPF es una medida necesaria para garantizar que los incrementos salariales destinados a compensar el coste de la vida no acaben parcialmente absorbidos por una mayor tributación.
En este sentido, insta a los responsables políticos a estudiar e incorporar la enmienda fiscal de cara a 2027 y a establecer un sistema permanente de revisión vinculado al IPC.