El acuerdo con la UE impediría a Andorra denegar la renovación de la residencia solo por no acreditar el catalán
La UE limita las restricciones que Andorra puede aplicar a los ciudadanos comunitarios y no incluye ningún requisito lingüístico
Si el acuerdo de asociación entre Andorra y la Unión Europea llega a aplicarse, un trabajador español o francés que cumpla las condiciones para continuar residiendo en el Principado tendría argumentos jurídicos para recurrir una denegación basada exclusivamente en la falta del certificado de catalán.
Esta interpretación se desprende del anexo VIII del Protocolo de Andorra, que regula los permisos de residencia de los ciudadanos comunitarios. El texto no resuelve expresamente cómo encajan los niveles A1 y A2 de la legislación andorrana en el nuevo régimen.
La Ley de la lengua propia y oficial, aprobada en 2024, modificó la legislación de inmigración para vincular la renovación de determinadas autorizaciones de residencia y trabajo al conocimiento del catalán.
Para los permisos de residencia y trabajo concedidos al amparo del reglamento de cuota de octubre de 2025, es necesario acreditar el nivel A1 de catalán en la primera renovación y el A2 en la segunda.
En el caso de los permisos correspondientes a la cuota anterior, el régimen transitorio permite acreditar, durante la primera renovación, el seguimiento de un itinerario de conocimientos básicos de catalán o la correspondiente exención.
El acuerdo limita las restricciones que puede aplicar Andorra
El apartado decisivo del anexo VIII establece que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea tienen derecho a obtener el permiso de residencia «sujeto únicamente a las restricciones que se especifican a continuación».
Entre estas restricciones figuran las cuotas de inmigración. El mismo anexo también contempla que las personas que quieran continuar residiendo en Andorra cuando expire su autorización puedan obtener un nuevo permiso.
Sin embargo, ninguno de estos apartados establece expresamente la obligación de acreditar un nivel de catalán para renovar la residencia.
La utilización del término «únicamente» proporciona una base jurídica para un eventual recurso contra una denegación administrativa.
Si el Servicio de Inmigración rechazara la segunda renovación de un trabajador comunitario que cumple todas las condiciones previstas en el acuerdo, salvo el requisito lingüístico establecido por la legislación andorrana, el afectado podría alegar que se le ha impuesto una restricción adicional a las contempladas en el protocolo.
El anexo también reconoce el derecho a recibir una resolución denegatoria motivada por escrito y a recurrirla.
No obstante, la ausencia de una referencia expresa al catalán no constituye por sí sola una resolución definitiva sobre la compatibilidad de ambas normativas.
La cuestión dependería de la interpretación jurídica del acuerdo y de su aplicación efectiva.
Exigirlo para renovar la residencia
La controversia jurídica afecta específicamente a la posibilidad de denegar una autorización de residencia, una cuestión diferente de las obligaciones lingüísticas que pueden establecerse para determinadas actividades profesionales.
La normativa europea sobre libre circulación de trabajadores permite exigir conocimientos lingüísticos cuando estén justificados por las características y las funciones del puesto de trabajo.
Por ejemplo, un hotel puede exigir a un recepcionista que disponga de conocimientos suficientes de catalán para atender a sus clientes.
La diferencia aparece cuando el Estado utiliza el incumplimiento de un requisito lingüístico como motivo para impedir que un trabajador comunitario continúe residiendo legalmente en Andorra.
Mientras que la exigencia de conocimientos lingüísticos puede estar justificada por determinadas funciones laborales, condicionar la residencia a la acreditación de un certificado plantea una cuestión jurídica distinta bajo el régimen previsto en el acuerdo de asociación.
La ley del catalán podría quedar parcialmente invalidada
La situación presenta una paradoja política y legislativa para el Gobierno de Xavier Espot.
El mismo Ejecutivo que ha impulsado medidas para reforzar el uso del catalán defiende un acuerdo de asociación que podría dejar sin efecto una de sus principales apuestas en materia lingüística.
Durante los últimos años, el Gobierno ha convertido la renovación de los permisos de residencia y trabajo en un instrumento para incentivar que los nuevos residentes aprendan la lengua oficial del Principado.
Sin embargo, si prospera esta interpretación del protocolo negociado con Bruselas, no acreditar el nivel de catalán exigido por la legislación andorrana podría dejar de ser motivo suficiente para denegar la renovación de la residencia a un ciudadano de la Unión Europea.
Esta eventual limitación no implicaría necesariamente la desaparición de las obligaciones lingüísticas en otros ámbitos, como la atención al público o determinadas actividades profesionales.
Lo que quedaría cuestionado sería la posibilidad de utilizar el incumplimiento del requisito lingüístico como causa autónoma para rechazar la renovación de una autorización de residencia amparada por el acuerdo.
El conflicto entre la ley del catalán y el acuerdo europeo
La entrada en aplicación del acuerdo de asociación podría obligar a aclarar cómo deben convivir las disposiciones pactadas con la Unión Europea y los requisitos establecidos por la legislación andorrana.
El protocolo reconoce determinados derechos de residencia a los ciudadanos comunitarios, mientras que la normativa nacional condiciona la renovación de algunos permisos al conocimiento del catalán.
La cuestión fundamental es si Andorra puede mantener una condición lingüística adicional cuando el acuerdo delimita expresamente las restricciones aplicables a los nacionales de los Estados miembros.
Por el momento, no existe en el texto examinado una disposición que resuelva expresamente esta posible contradicción ni una interpretación judicial definitiva sobre el supuesto.
En cualquier caso, el debate plantea una cuestión relevante para el futuro de la política lingüística andorrana: hasta qué punto el acuerdo de asociación permitiría mantener todas las exigencias de catalán que el Gobierno ha incorporado a la legislación de inmigración.
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Tampoc hi ha gaires comunitaria que vinguin al pais a treballar ja..no seria una gran perdua