Andorra impulsa una nueva ley para profesionalizar el sector inmobiliario y exigir formación superior
La actividad inmobiliaria quedará reservada a profesionales colegiados
El Gobierno de Andorra ha dado un paso decisivo para reformar en profundidad el sector inmobiliario con la presentación del proyecto de ley del Col·legi Oficial dels Agents i Gestors de la Propietat Immobiliària.
La iniciativa, aprobada por el Consell de Ministres, busca reforzar la regulación del mercado, elevar los estándares de calidad profesional y garantizar una mayor seguridad jurídica para los ciudadanos.
El ministro de Turismo y Comercio, Jordi Torres, ha defendido que esta reforma supone un “cambio estructural” en la manera en que se entiende la intermediación inmobiliaria en el país, con el objetivo de dotar al sector de mayor transparencia, control y profesionalización.
Un nuevo marco legal para una profesión más exigente
Uno de los pilares fundamentales de la nueva normativa es la exigencia de formación superior para poder ejercer como agente o gestor inmobiliario.
Hasta ahora, el acceso a la profesión contaba con requisitos menos homogéneos, lo que, según el Ejecutivo, generaba desigualdades y cierta falta de control en el mercado.
Con la nueva ley, se pretende elevar el nivel formativo mínimo, asegurando que los profesionales dispongan de conocimientos técnicos, jurídicos y económicos adecuados para gestionar operaciones inmobiliarias complejas.
Esta medida también busca alinear el sector con estándares europeos, reforzando la confianza tanto de residentes como de inversores extranjeros en el mercado andorrano.
Funciones definidas y mayor seguridad jurídica
El proyecto de ley establece con mayor precisión las funciones propias de los agentes y gestores inmobiliarios. Entre ellas se incluyen:
- Intermediación en operaciones de compraventa de inmuebles
- Gestión de arrendamientos
- Tasación de propiedades
- Gestión patrimonial y asesoramiento inmobiliario
La delimitación clara de estas funciones pretende evitar solapamientos y prácticas irregulares, así como mejorar la calidad del servicio ofrecido a los clientes.
Además, la normativa incide en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica en todas las transacciones, un aspecto especialmente relevante en un mercado con fuerte presencia de inversión extranjera.
El papel clave del colegio profesional
Uno de los elementos más destacados del proyecto es la consideración de la actividad inmobiliaria como una profesión reservada a los miembros colegiados. Esto implica que solo los profesionales inscritos en el colegio podrán ejercer legalmente estas funciones.
El colegio profesional asumirá un rol central en:
Verificación de requisitos formativos
Supervisión del cumplimiento de la normativa
Control del acceso a la profesión
Vigilancia del intrusismo profesional
Este modelo busca combatir de manera más eficaz la presencia de operadores no regulados, una problemática que el Ejecutivo considera relevante en el sector inmobiliario andorrano.
El ministro ha explicado que los profesionales que ya ejercen como agentes y gestores inmobiliarios debidamente regulados quedarán inscritos automáticamente en el colegio profesional. A partir de ese momento, el acceso para nuevos profesionales estará condicionado a la obtención de un título universitario S5A.
Jordi Torres anuncia que els agents immobiliaris en actiu s’inscriuran automàticament al Col·legi pic.twitter.com/nxRLpSzma1
— La Veu Lliure (@laveulliure) June 3, 2026
Además, será necesario completar un postgrado en la Universitat d’Andorra para poder colegiarse. Torres ha subrayado que el objetivo del régimen transitorio es no dejar a nadie atrás, permitiendo que quienes ya estaban ejerciendo puedan integrarse en el colegio, mientras que los nuevos aspirantes deberán cumplir con la formación universitaria exigida al resto de colegios profesionales del Principado.
Medidas contra el intrusismo y control del mercado
La nueva legislación introduce mecanismos específicos para reducir el intrusismo profesional, considerado uno de los principales retos del sector.
Al reforzar el papel del colegio y limitar el ejercicio de la actividad a profesionales acreditados, se pretende depurar el mercado y mejorar la calidad del servicio.
Asimismo, se establecen restricciones para evitar la concentración de agencias bajo una misma titularidad, con el objetivo de garantizar un mercado más competitivo y equilibrado.
También se contemplan medidas para limitar el uso de prestanombres, asegurando que las decisiones estratégicas y la dirección efectiva de las empresas recaigan en profesionales debidamente cualificados y colegiados.
Con esta reforma, el Gobierno de Andorra busca transformar un sector considerado estratégico para la economía del país. La combinación de mayor formación, control colegial, protección al consumidor y lucha contra el intrusismo configura un modelo más regulado y profesionalizado.
