La Asociación de Bomberos de Andorra planta cara a Rossell y prepara una querella contra Función Pública

La relación entre la Asociación de Bomberos de Andorra (ABA) y el Ministerio de Función Pública ha entrado en una nueva fase de confrontación.

La entidad ha requerido formalmente a la Secretaría de Estado de Función Pública que justifique la exigencia de un certificado de representatividad sindical y denuncia un trato que considera discriminatorio por parte de la Administración encabezada por el ministro Marc Rossell.

El presidente de la asociación, Joan Torra, ha explicado en declaraciones a La Veu Lliure que el conflicto va más allá de un trámite administrativo.

Según sostiene, el Gobierno excluyó a la ABA de las reuniones de negociación de las nuevas tablas salariales de los funcionarios con el argumento de que el presidente de la entidad se encuentra jubilado.

Torra considera que esta decisión podría vulnerar los derechos de representación de la asociación y cuestiona que Función Pública pueda limitar la participación de una entidad legalmente constituida sin acreditar una base jurídica suficiente.

La tensión ha llegado hasta el punto de que la ABA estudia presentar una querella criminal contra los responsables de las actuaciones que denuncia. Según ha adelantado su presidente a este medio, la intención es preparar esta acción judicial durante la próxima semana.

La ABA acusa a Rossell de excluirla de las negociaciones salariales

Uno de los principales motivos del enfrentamiento es la decisión de Función Pública de no incluir a la Asociación de Bomberos de Andorra en las reuniones sobre la revisión de las tablas salariales.

Según Torra, el argumento utilizado para justificar esta exclusión es que él mismo se encuentra jubilado, una circunstancia que la asociación considera insuficiente para impedirle representar a sus afiliados.

El presidente de la ABA recuerda que los estatutos de la entidad establecen que los socios jubilados conservan los mismos derechos y deberes asociativos que los miembros en activo.

De este modo, defiende que dejar de ejercer profesionalmente como bombero no supone automáticamente perder la condición de socio ni la posibilidad de asumir responsabilidades dentro de la asociación.

La cuestión de fondo es si el Gobierno de Andorra puede excluir a una organización de la interlocución institucional por la situación laboral de su presidente, a pesar de que sus estatutos le reconozcan la capacidad de ejercer esa representación.

Desde la ABA consideran que la Administración debería justificar jurídicamente cualquier limitación de este tipo, en lugar de aplicar criterios que la entidad interpreta como discriminatorios.

Función Pública exige un certificado sindical a una asociación que no es un sindicato

La polémica también afecta a otro aspecto: la exigencia de un certificado de representatividad sindical emitido por el Departamento de Trabajo.

La ABA ha presentado un requerimiento formal para que Función Pública revise esta condición e identifique el precepto legal concreto que permite exigirla.

La asociación sostiene que el Gobierno está confundiendo dos figuras jurídicas diferentes: los sindicatos y las asociaciones de funcionarios legalmente constituidas.

En este sentido, recuerda que el artículo 87 de la Ley de la Función Pública reconoce expresamente determinados derechos a las organizaciones sindicales y a las asociaciones de funcionarios o trabajadores públicos legalmente constituidas.

La normativa contempla, entre otras cuestiones, la posibilidad de formular propuestas, presentar informes, dirigir peticiones a los órganos competentes y representar a los afiliados ante estos organismos.

Esto no significa necesariamente que todas las entidades tengan idénticos derechos de participación en cualquier mesa de negociación. Precisamente, la ABA reclama que la Administración explique qué normativa específica considera aplicable y por qué.

La entidad exige tres aclaraciones: qué disposición legal fundamenta el certificado, por qué resulta exigible a la asociación y qué consecuencias tendría no disponer de él.

Torra cuestiona que el Gobierno trate igual a organizaciones con regímenes jurídicos diferentes

El presidente de la ABA también considera que Función Pública no está diferenciando adecuadamente los sistemas de representación de los trabajadores.

Según ha explicado a La Veu Lliure, es necesario distinguir entre las organizaciones sindicales del ámbito laboral general y aquellas que actúan específicamente dentro de la función pública.

Torra pone como ejemplo a la Unión Sindical de Andorra (USdA), que en el ámbito laboral articula la representación mediante comités de empresa y delegados, mientras que en el ámbito de la función pública existen mecanismos específicos de representatividad sindical vinculados a los afiliados.

Para la ABA, estas diferencias son fundamentales a la hora de determinar qué requisitos pueden exigirse a cada entidad.

El conflicto plantea, por tanto, una pregunta al Ministerio de Función Pública: ¿por qué se exige a una asociación de bomberos un certificado propio de la representatividad sindical y qué norma concreta justifica esta decisión?

Los bomberos jubilados, otro punto de conflicto con el Gobierno

La disputa también está relacionada con el tratamiento de los derechos económicos de los bomberos que ya han finalizado su vida profesional.

Según ha explicado Torra, la asociación considera que los jubilados no fueron tenidos debidamente en cuenta durante las negociaciones sobre las nuevas retribuciones.

El presidente de la ABA asegura que la entidad presentó un recurso administrativo, pero que la respuesta recibida fue negativa.

Sin embargo, Torra afirma que posteriormente el ministro Marc Rossell se puso en contacto individualmente con los bomberos jubilados para comunicarles que también percibirían la prima de productividad, una cuestión que, según el presidente de la asociación, ya se ha incorporado a la ley de acompañamiento del presupuesto.

Para la entidad, el desarrollo de los acontecimientos refuerza la necesidad de que los representantes de los bomberos jubilados puedan participar en las conversaciones que afectan directamente a sus intereses.

La Asociación de Bomberos prepara una posible querella criminal

El presidente de la Asociación de Bomberos de Andorra ha adelantado a La Veu Lliure que la entidad estudia llevar el conflicto a los tribunales si no obtiene una respuesta satisfactoria de Función Pública.

Joan Torra ha explicado que está trabajando en la preparación de una posible querella criminal, una iniciativa que supondría una escalada significativa en el desacuerdo entre la asociación y el Ministerio.

Cabe señalar que esta actuación todavía se encuentra en fase de preparación y que no se ha acreditado la existencia de ningún delito ni se ha identificado públicamente una eventual responsabilidad penal.

Paralelamente, el presidente de la ABA también prepara una posible comparecencia ante la Comisión de Finanzas del Consejo General de Andorra, con el objetivo de exponer otras cuestiones relacionadas con la situación de los bomberos jubilados.

Entre los asuntos que estudia trasladar a los parlamentarios figura documentación fiscal vinculada a las declaraciones del IRPF de los jubilados.

La asociación todavía no ha concretado públicamente el contenido de esta futura comparecencia ni las conclusiones que pretende presentar.

Un conflicto con Función Pública que se arrastra desde 2025

La ABA insiste en que las discrepancias con el Ministerio de Función Pública no son nuevas.

Según el comunicado difundido este jueves, durante 2025 la entidad ya había denunciado actuaciones institucionales relacionadas con el reconocimiento de su naturaleza jurídica y su capacidad de interlocución.

La asociación considera que estos antecedentes demuestran la necesidad de revisar los criterios aplicados por el Gobierno y reclama que cualquier decisión que afecte a sus derechos esté debidamente motivada.

El malestar también contrasta con los compromisos expresados por el Ejecutivo cuando Marc Rossell asumió el Ministerio de Función Pública en junio de 2025, momento en el que el Gobierno presentó el diálogo con las organizaciones representativas de los trabajadores como uno de los principales instrumentos para abordar la revalorización salarial y la carrera profesional.

Ahora, la Asociación de Bomberos de Andorra denuncia precisamente una falta de reconocimiento y dificultades para participar en esa interlocución institucional, mientras estudia recurrir a la vía penal para defender sus derechos.