Delcy Rodríguez se querella contra Aldama

La presidenta encargada de Venezuela niega haber entregado al empresario un sobre con documentación

La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez
La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez
por el autor La Veu Lliure
3 minutos de lectura
Publicado el Lunes, 9 Noviembre 2026 - 17:59

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una querella contra el empresario Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias graves con publicidad, después de que este la acusara de participar en una operación de financiación ilegal del PSOE mediante la comercialización de petróleo venezolano.

Según ha adelantado El Mundo, Rodríguez rechaza las acusaciones del empresario, vinculado al conocido caso Koldo, y asegura que nunca le entregó ningún sobre con documentación relacionada con una supuesta operación millonaria de petróleo destinada a financiar irregularmente al partido que lidera Pedro Sánchez.

La querella, presentada en Madrid a través del despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, responde a las declaraciones que Aldama realizó en dos programas de televisión durante el pasado mes de febrero.

Un sobre con el logotipo de la petrolera estatal venezolana

El conflicto judicial gira en torno a un sobre con el logotipo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que Aldama asegura haber recibido de manos de Rodríguez.

Según la versión del empresario, el documento estaría relacionado con operaciones de comercialización de petróleo cuyos beneficios se habrían destinado presuntamente a la financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

Aldama entregó el sobre a la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo, en el marco de las investigaciones judiciales vinculadas al caso Koldo.

Sin embargo, Rodríguez niega haber tenido conocimiento de la existencia del documento, de su contenido o haberlo entregado personalmente.

Su defensa argumenta que no existe ninguna prueba en el propio sobre que permita identificarla como la persona que presuntamente realizó la entrega. También cuestiona la trazabilidad del documento y las circunstancias en las que habría sido custodiado desde febrero de 2020 hasta que Aldama lo aportó a la justicia en 2026.

Los negocios millonarios de petróleo entre Aldama y Venezuela

La querella llega después de que El Mundo publicara diversas comunicaciones entre Aldama y Rodríguez relacionadas con operaciones comerciales de petróleo.

Según la información publicada por el periódico, el empresario negoció con la dirigente venezolana la compra de cientos de miles de barriles de crudo a través de la sociedad suiza Pegaso Energy.

Estas relaciones comerciales forman parte del contexto de las acusaciones formuladas por Aldama, que ha declarado ante la Audiencia Nacional que una parte de los recursos procedentes de negocios petroleros se habría utilizado para financiar irregularmente al PSOE.

El empresario también ha asegurado que entregó personalmente 300.000 euros al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García con esta finalidad.

Se trata, sin embargo, de afirmaciones de Aldama que no acreditan por sí mismas la existencia de un sistema de financiación irregular ni la participación de Rodríguez en los hechos denunciados.

Rodríguez exige que Aldama responda ante la justicia

La presidenta encargada de Venezuela ya había intentado que el empresario se retractara de sus declaraciones mediante un acto de conciliación celebrado el pasado mes de julio, pero Aldama mantuvo sus afirmaciones.

Ahora, la defensa de Rodríguez considera que las acusaciones han perjudicado gravemente su honor al atribuirle públicamente una participación en presuntas actividades delictivas.

Los abogados han solicitado que el juzgado obtenga las grabaciones íntegras de las entrevistas concedidas por Aldama a Telemadrid y Cuatro los días 4 y 5 de febrero, así como la declaración judicial del empresario.

La querella subraya que Delcy Rodríguez no figura como investigada en el procedimiento judicial al que se refieren las acusaciones.

En caso de que se acreditara el delito de injurias graves con publicidad, la legislación española contempla una pena de multa de entre seis y catorce meses.

 

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