Desalojan un edificio ocupado ilegalmente durante cinco años en la Seu d'Urgell

La Policía Municipal de La Seu d'Urgell y los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo este lunes, 2 de noviembre, el desalojo de un edificio de viviendas ocupado ilegalmente desde hacía cinco años en el número 46 de la calle Sant Joan Baptista de La Salle, situado frente al colegio del mismo nombre.

La actuación, impulsada por el Ayuntamiento tras un largo procedimiento administrativo y judicial, ha permitido acceder a un inmueble que acumulaba numerosas denuncias vecinales por ruidos, altercados, comportamientos incívicos y problemas de convivencia.

Una vez en el interior, los agentes han comprobado el grave estado de deterioro de algunas viviendas, con acumulaciones de basura, mobiliario destrozado, cristales rotos y desperfectos en puertas, paredes y techos.

Viviendas degradadas y riesgos para la seguridad

Las imágenes grabadas después del desalojo muestran pisos con ropa, envases, objetos y residuos esparcidos por el suelo, así como balcones con importantes acumulaciones de basura.

Además de las deficiencias higiénicas, el edificio presentaba problemas de conservación y mantenimiento que afectaban a las instalaciones y los espacios comunes.

Según el Ayuntamiento, el arquitecto municipal había certificado la existencia de riesgos para la seguridad de los residentes, especialmente por las conexiones irregulares de agua y electricidad y la manipulación de los cuadros eléctricos.

También se habían detectado desperfectos en el ascensor, el aparcamiento y los accesos principales.

Tras la operación policial, operarios municipales y técnicos de la compañía eléctrica PEUSA han comenzado a revisar las instalaciones y asegurar el inmueble. También se han tapiado los accesos para impedir nuevas ocupaciones.

Cinco años de quejas vecinales e intervenciones policiales

La situación del edificio había provocado un creciente malestar entre los vecinos de la zona, especialmente por su proximidad al Colegio La Salle y al Centro de Atención Primaria de La Seu d'Urgell.

Durante los últimos años se habían registrado diversas intervenciones policiales relacionadas con presuntas actividades vinculadas a las drogas, consumo de sustancias y comportamientos incívicos.

Las denuncias vecinales señalaban especialmente los ruidos, los conflictos de convivencia y la sensación de inseguridad en los alrededores del inmueble.

Los residentes de la zona llevaban años reclamando una solución ante el deterioro de la convivencia y el estado de abandono del edificio.

El desalojo de este lunes se ha desarrollado sin incidentes, después de completar las actuaciones administrativas y judiciales necesarias para autorizar la intervención.

Ocho familias realojadas temporalmente

El alcalde de La Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha estado presente durante el operativo y ha explicado que una de las prioridades municipales ha sido garantizar una alternativa residencial a las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, el Ayuntamiento ha confirmado el realojo temporal de ocho unidades familiares, integradas por entre una y siete personas, en diferentes espacios de la ciudad.

Según el consistorio, ninguna de las familias que contaba con un informe de vulnerabilidad ha quedado en la calle.

Los servicios sociales y los cuerpos policiales habían trabajado conjuntamente durante las últimas semanas para identificar a los residentes, estudiar sus situaciones particulares y preparar el dispositivo.

El objetivo municipal ha sido compatibilizar la recuperación del inmueble y la seguridad del entorno con la atención a las personas que necesitaban una solución habitacional.

El Ayuntamiento responsabiliza a la SAREB del deterioro del edificio

El consistorio también ha señalado a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), propietaria de la mayoría de las viviendas, por la falta de actuaciones que, según el gobierno municipal, ha contribuido a agravar la situación del edificio.

La entidad había iniciado varios procedimientos judiciales para recuperar los inmuebles ocupados, pero los desalojos no habían llegado a ejecutarse en diferentes ocasiones.

El Ayuntamiento ha advertido de que exigirá a la propiedad que asuma las responsabilidades de mantenimiento y rehabilitación que le corresponden.

El objetivo es recuperar unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad para que las viviendas puedan volver a utilizarse con garantías.

Mientras tanto, la Policía Municipal y los Mossos d'Esquadra mantendrán la vigilancia en los alrededores del edificio para prevenir nuevas ocupaciones y evitar que los problemas de convivencia se trasladen a otras zonas de la Seu d'Urgell.

La intervención pone fin a cinco años de ocupación y denuncias vecinales, aunque todavía quedan pendientes los trabajos necesarios para recuperar el inmueble y garantizar que pueda volver a destinarse a uso residencial.