Una investigación en la Seu d’Urgell acaba con 30 años de cárcel y 4 millones en multas por narcotráfico

Una operación policial en la localidad pirenaica de la Seu d’Urgell ha terminado destapando una sofisticada red de narcotráfico que extendía sus operaciones por distintos puntos de España y mantenía conexiones internacionales. 

Casi cinco años después de la intervención que permitió descubrir la organización, nueve hombres han sido condenados a penas que suman más de 30 años de prisión y multas por valor de 4,05 millones de euros.

La sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Lleida, pone fin a una investigación judicial instruida por el Juzgado de La Seu d’Urgell. 

En el centro de la trama se encontraba una organización que había convertido la infraestructura habitual del transporte comercial en un sistema clandestino para distribuir grandes cantidades de hachís, marihuana y cocaína.

La red operó, al menos, entre noviembre de 2021 y marzo de 2023, utilizando empresas de transporte, naves industriales y vehículos comerciales para trasladar cargamentos de droga bajo la apariencia de entregas legítimas.

Sus integrantes residían en diferentes municipios de las provincias de Lleida, Barcelona y Tarragona, aunque sus actividades se extendían mucho más allá de Cataluña. 

Los investigadores documentaron desplazamientos a Castellón, Ibiza, Zaragoza, Málaga, Cádiz y Pontevedra, además de indicios de operaciones internacionales.

Una organización criminal escondida detrás de empresas de paquetería

La fortaleza de la organización no residía únicamente en el volumen de droga que transportaba, sino también en la precisión con la que distribuía las responsabilidades entre sus integrantes.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el principal responsable de la red administraba dos empresas de transporte subcontratadas por Correos Express, circunstancia que le permitía disponer de vehículos comerciales e infraestructura logística para camuflar los envíos ilegales.

Desde esa posición coordinaba la adquisición y distribución de las sustancias estupefacientes, mientras que sus colaboradores de confianza supervisaban los transportes, las labores de vigilancia y la incorporación de nuevos miembros.

Otros integrantes conducían vehículos de escolta, controlaban las rutas o mantenían en funcionamiento la actividad empresarial legal. Un contable contribuía a preservar la apariencia de normalidad de las compañías mientras facilitaba la actividad delictiva.

La red también había desarrollado medidas para dificultar las investigaciones policiales. Sus miembros utilizaban lenguaje en clave, cambiaban habitualmente de teléfonos móviles y vehículos y empleaban coches de avanzada para advertir de posibles controles policiales.

Además, utilizaban sistemas de geolocalización GPS para seguir los movimientos de las furgonetas que transportaban la droga, lo que les permitía controlar cada trayecto sin necesidad de mantener un contacto constante.

El resultado era una estructura capaz de introducir mercancía ilegal en los circuitos habituales del transporte, donde los cargamentos podían pasar prácticamente inadvertidos entre los repartos comerciales.

La intervención en La Seu d’Urgell que permitió descubrir la trama

Uno de los momentos decisivos de la investigación se produjo el 8 de noviembre de 2021, cuando agentes de los Mossos d'Esquadra interceptaron una furgoneta en un polígono industrial situado junto a la carretera N-260, en La Seu d’Urgell.

El vehículo transportaba un cargamento preparado previamente en una nave industrial de Constantí, en Tarragona, vinculada a la actividad de paquetería.

En el interior de dos palés se ocultaban 29,16 kilos de marihuana y 277,64 kilos de hachís, que tenían como destino la ciudad francesa de Lyon.

El transporte había sido organizado para simular un envío comercial convencional. La furgoneta había sido alquilada en Vilanova y la Geltrú y viajaba acompañada de otro vehículo encargado de realizar funciones de vigilancia.

Sin embargo, la operación quedó interrumpida en la localidad pirenaica, donde los agentes descubrieron una cantidad de droga cuyo valor estimado en el mercado minorista alcanzaba los 1,94 millones de euros.

La intervención resultó determinante para el desarrollo posterior del caso. Al haberse producido en la Seu d’Urgell, el juzgado de esta localidad asumió la instrucción de la causa.

Lo que inicialmente parecía una importante incautación de estupefacientes terminó convirtiéndose en el punto de partida de una investigación mucho más amplia sobre una organización con numerosos colaboradores, vehículos e instalaciones logísticas.

Cocaína con destino a Ibiza y otro cargamento interceptado en la AP-7

A medida que avanzaron las investigaciones, nuevas operaciones permitieron reconstruir el alcance territorial de la red.

El 26 de febrero de 2023, los Mossos d'Esquadra interceptaron un Audi A5 en el paseo de Josep Carner de Barcelona. El vehículo se dirigía hacia Ibiza y ocultaba en una cavidad del maletero un paquete con aproximadamente un kilo de cocaína de una pureza del 87,8%.

En el automóvil viajaban tres hombres, entre ellos el principal responsable de la organización y uno de sus colaboradores más cercanos.

El valor estimado de la cocaína en el mercado ilícito superaba los 61.000 euros.

Los investigadores también documentaron una operación anterior, desarrollada el 13 de enero de 2023, cuando dos de los acusados acordaron utilizar temporalmente una nave industrial en Roquetes, en la comarca del Baix Ebre.

El pacto les garantizaba el uso exclusivo de las instalaciones durante dos horas a cambio de 4.000 euros.

En su interior se cargaron 94,06 kilos de cogollos de marihuana en una furgoneta que posteriormente fue interceptada por los Mossos en la autopista AP-7, a la altura de L'Ampolla.

La mercancía tenía un valor estimado superior a los 557.000 euros.

El conductor de este último vehículo no ha sido incluido en el acuerdo judicial porque las autoridades no han conseguido localizarlo.

En conjunto, las principales intervenciones permitieron decomisar más de 401 kilos de drogas, entre ellas aproximadamente 277,64 kilos de hachís, 123,5 kilos de marihuana y 1,04 kilos de cocaína, además de pequeñas cantidades de MDMA.

Durante el registro del domicilio del principal investigado, situado en Cala Romana, Tarragona, los agentes también encontraron cerca de 7.000 euros en efectivo.

La Fiscalía pedía inicialmente 80 años de cárcel y 60 millones de euros en multas

El procedimiento judicial ha concluido mediante un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas, que ha permitido reducir considerablemente las penas solicitadas inicialmente.

En un primer momento, el Ministerio Público reclamaba condenas que, sumadas, alcanzaban los 80 años de prisión y los 60 millones de euros en sanciones económicas.

Finalmente, los nueve procesados reconocieron los hechos y se beneficiaron de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, relacionada con los retrasos acumulados durante la tramitación de la causa.

A dos de los condenados, entre ellos el principal responsable de la organización, también se les aplicó una atenuante por drogadicción.

Las condenas ya son firmes, puesto que las partes han anunciado que no presentarán recursos contra la resolución.

Penas de hasta cuatro años y diez meses de prisión

La Audiencia de Lleida ha establecido condenas diferentes en función del grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

El principal responsable de la organización ha aceptado cuatro años y diez meses de prisión y una multa de 650.000 euros.

Tres de sus colaboradores han sido condenados a cuatro años y cuatro meses de cárcel, además de multas individuales de 600.000 euros.

Otro integrante de la red ha recibido una pena de tres años y cuatro meses, mientras que un segundo acusado ha sido condenado a tres años y un día. Ambos deberán abonar multas de 600.000 euros.

Por su parte, el contable de las empresas ha sido condenado a dos años de prisión y sanciones económicas que suman 300.360 euros.

Finalmente, los dos hombres vinculados a la utilización de la nave industrial de Roquetes han recibido dos años de cárcel y multas de 50.000 euros cada uno.

Los nueve acusados han sido condenados por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, en una causa que ha permitido reconstruir el funcionamiento de una red dedicada al transporte y distribución de estupefacientes a gran escala.

Una operación en los Pirineos con consecuencias en toda España

El caso demuestra cómo una intervención policial en una carretera de los Pirineos puede convertirse en el origen de una investigación criminal de alcance nacional.

La Seu d’Urgell, terminó convirtiéndose en el centro judicial de una causa que involucraba naves industriales de Tarragona, vehículos que viajaban hacia Ibiza y cargamentos destinados a otros países europeos.

La investigación dejó al descubierto una organización que había aprendido a aprovechar la apariencia de legalidad de las empresas de transporte, el reparto minucioso de responsabilidades y el anonimato de miles de entregas comerciales.

Sin embargo, sus mecanismos de ocultación no fueron suficientes.

Lo que comenzó con una furgoneta interceptada junto a la N-260 ha terminado con nueve condenas firmes, más de tres décadas de prisión acumuladas y multas superiores a cuatro millones de euros.