Espot avanza que el texto para despenalizar a la mujer que aborte llegará al Consell este octubre

El jefe de Gobierno, Xavier Espot, ha avanzado que el texto para despenalizar a la mujer que aborte podría iniciar su trámite parlamentario durante este mismo mes de octubre, después de casi un año de aplazamientos y negociaciones para encontrar un encaje con la Santa Sede sin poner en riesgo el sistema institucional andorrano.

Espot ha asegurado que la despenalización será «seguro que es una realidad antes de finalizar la legislatura» y ha apuntado que es «muy probable» que la proposición pueda presentarse durante este mes.

«Muy probablemente se podrá presentar durante este mes de octubre».

Según ha explicado, el Ejecutivo trabaja para culminar la propuesta desde la perspectiva gubernamental y trasladarla posteriormente al Consell General, donde deberá iniciar el correspondiente trámite parlamentario.

El jefe de Gobierno ha defendido que el texto debe ser «satisfactorio para todas las partes», una expresión que refleja la voluntad del Ejecutivo de cerrar una cuestión condicionada durante años por la relación institucional con la Santa Sede y por el papel del obispo de Urgell como copríncipe de Andorra.

Conversaciones con la Santa Sede desde 2019

El Gobierno de Espot mantiene conversaciones y contactos directos con la Santa Sede desde 2019, con el objetivo de encontrar una fórmula que permita avanzar en la despenalización del aborto sin alterar el sistema del Coprincipado.

La cuestión ha sido especialmente sensible porque el Código Penal andorrano mantiene el aborto tipificado y cualquier reforma afecta directamente a uno de los copríncipes, el obispo de Urgell, que todavía no se ha pronunciado públicamente sobre la firma de la futura ley.

Por este motivo, el Ejecutivo ha intentado conducir las negociaciones con discreción y evitar que el debate provocara una crisis institucional.

Durante este proceso, el Gobierno ha buscado una solución que permita proteger penalmente a las mujeres que decidan abortar y facilitar el acceso a la atención sanitaria, pero manteniendo al mismo tiempo el encaje constitucional e institucional del Principado.

El anuncio de Baró rompió la discreción

La negociación quedó especialmente expuesta durante el otoño de 2025. En aquel momento, todo apuntaba a que el aborto podría entrar en la cartera de servicios de la CASS y que se podría despenalizar tanto a la mujer como al profesional sanitario que interviniera.

Sin embargo, el entonces ministro responsable de la cartera, Ladislau Baró, avanzó parte del contenido antes de que el texto estuviera definitivamente cerrado.

Aquel anuncio rompió la discreción con la que el Gobierno había conducido hasta entonces las conversaciones con la Santa Sede. 

El proyecto quedó posteriormente encallado y las negociaciones se prolongaron durante aproximadamente un año para encontrar una fórmula que no alterara el sistema institucional andorrano.

La situación también provocó una reacción de la Santa Sede. Después de que estallara la polémica, el papa León XIV cuestionó que los gobiernos pudieran subvencionar viajes transfronterizos para abortar y defendió la necesidad de acompañar a las mujeres que se encontraran en esta situación.

Según varias fuentes vaticanas, y tal como también ha expuesto el conseller general Cerni Escalé en el Consell General, el papa Francisco habría dado su visto bueno a la ley en los términos planteados inicialmente.

El cambio en el Vaticano habría alterado el acuerdo

Sin embargo, su muerte y el posterior cambio de administración en el Vaticano, en un momento en el que las posiciones conservadoras y tradicionalistas recuperaban peso, habrían alterado el escenario.

Según esta versión, las nuevas autoridades vaticanas no habrían aceptado que Andorra avanzara en la despenalización del aborto en los términos inicialmente planteados, especialmente en lo relativo a la protección de los profesionales sanitarios y a la posible cobertura de la atención por parte de la CASS.

Durante los últimos meses, el Gobierno ha mantenido diferentes contactos con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para intentar desbloquear el proyecto. 

El último encuentro se habría producido a finales de julio de 2026, en el marco de una reunión en el Vaticano entre Espot, Baró y el cardenal Parolin.

Después de aquellos contactos, el Ejecutivo había apuntado que el texto podría entrar en el Consell General durante el mes de septiembre. Sin embargo, septiembre terminó sin que la propuesta se presentara formalmente.

Ahora, Espot vuelve a situar el calendario en octubre y asegura que el Gobierno está en disposición de culminar su propuesta e iniciar el trámite parlamentario antes de que termine la legislatura.

Una despenalización limitada a la mujer

El texto que prepara el Gobierno, sin embargo, no incluirá finalmente una despenalización completa. Tal como ya reconoció la ministra de Salud, Helena Mas, la propuesta despenalizará únicamente a la mujer que aborte, pero no hará lo mismo con el médico o el profesional sanitario que intervenga.

Esta fórmula podría interpretarse como una ley de mínimos. La mujer quedaría protegida frente a una posible responsabilidad penal, pero los profesionales sanitarios podrían continuar expuestos a consecuencias penales en función de su actuación.

La diferencia respecto al planteamiento que llegó a ponerse sobre la mesa en 2025 es sustancial. En aquel momento, el debate apuntaba a una posible cobertura de parte de la atención por parte de la CASS y a una despenalización tanto de la mujer como del médico.

La propuesta que ahora prevé presentar el Gobierno es más limitada y responde a la necesidad de encontrar una fórmula aceptable para todas las partes, especialmente en el marco de las negociaciones mantenidas con la Santa Sede.

Si el Ejecutivo cumple el calendario anunciado, el texto llegará al Consell General durante las próximas semanas. A partir de ese momento, la propuesta deberá superar el debate político y el trámite parlamentario correspondiente.

La cuestión previsiblemente volverá a generar debate entre las fuerzas políticas, las entidades feministas, los profesionales sanitarios y los sectores vinculados a la defensa del sistema institucional andorrano.

El principal punto de discusión será si una despenalización limitada exclusivamente a la mujer es suficiente o si también debe garantizarse la protección jurídica de los médicos y la cobertura sanitaria mediante la CASS.

Después de años de conversaciones y varios aplazamientos, el Gobierno confía ahora en que el texto pueda entrar finalmente este octubre y convertirse en una de las principales reformas legislativas antes del final de la legislatura.