El Gobierno de Andorra aprueba eliminar del Código Penal el delito de abortar para las mujeres
La reforma llega después de años de negociaciones con el Vaticano
El Gobierno de Andorra ha aprobado este miércoles, 28 de octubre, el proyecto de ley para despenalizar a las mujeres que aborten, una decisión histórica que llega después de años de negociaciones con la Santa Sede y de varios aplazamientos en la presentación de la reforma.
El anuncio lo ha realizado el ministro de Relaciones Institucionales, Educación y Universidades, Ladislau Baró, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha confirmado la aprobación de un proyecto de ley cualificada de modificación del artículo 117 del Código Penal.
La decisión representa un cambio significativo en el tratamiento penal del aborto en el Principado, aunque no implica la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo ni el reconocimiento de un derecho general a practicarla dentro del país.
El Govern aprova retirar del Codi Penal la responsabilitat de les dones que avorten https://t.co/7T4lQL9N3p
— La Veu Lliure (@laveulliure) October 28, 2026
La reforma responde a un compromiso político asumido por el Gobierno de Xavier Espot desde el inicio de la legislatura y recogido expresamente en el programa electoral de Demòcrates per Andorra.
Baró defiende que proteger la vida no puede significar criminalizar a la mujer
Durante su intervención, Ladislau Baró ha defendido la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la vida, recogida en el artículo 8 de la Constitución andorrana, y la situación jurídica de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
El ministro ha recordado que la voluntad de modificar la legislación sobre el aborto ya había sido objeto de reflexión durante legislaturas anteriores, pero que el actual Ejecutivo había asumido el compromiso de abordar esta cuestión.
En este sentido, Baró ha defendido que la protección de la vida no puede pasar por la criminalización de la mujer que toma la decisión de abortar.
Este planteamiento constituye el principal fundamento de la reforma anunciada por el Gobierno, que pretende eliminar las consecuencias penales para la mujer sin alterar los elementos esenciales del sistema institucional andorrano.
La Veu Lliure ya había adelantado el pacto entre Andorra y el Vaticano
La aprobación del proyecto llega después de que La Veu Lliure adelantara el pasado 7 de octubre que el Gobierno de Andorra y el Vaticano habían alcanzado un acuerdo para despenalizar a la mujer que abortara, tras varios contactos con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.
Según las informaciones publicadas entonces por este medio, la solución negociada consistía en retirar la responsabilidad penal de la mujer, manteniendo las restricciones aplicables a los profesionales sanitarios que practicaran interrupciones del embarazo.
La fórmula también dejaba fuera la cobertura de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), de modo que la reforma no supondría la incorporación del aborto a las prestaciones sanitarias públicas.
Estas condiciones formaban parte del entendimiento descrito por fuentes conocedoras de la negociación, aunque será necesario examinar el texto legislativo definitivo para determinar su alcance jurídico exacto.
La información adelantada por La Veu Lliure también apuntaba a que el copríncipe episcopal, Josep-Lluís Serrano i Pentinat, no firmaría la ley, pese a que la fórmula habría sido negociada con la Santa Sede.
Esta previsión respondería a la voluntad de preservar la posición doctrinal de la Iglesia católica respecto al aborto sin bloquear la reforma legislativa.
Una negociación de varios años con la Santa Sede
La despenalización del aborto ha sido una de las cuestiones más delicadas de la política andorrana durante los últimos años debido a la singularidad del sistema constitucional del Principado.
Andorra mantiene un régimen de Coprincipado parlamentario, en el que el presidente de la República Francesa y el obispo de Urgel ejercen conjuntamente las funciones de jefes de Estado.
Esta estructura ha condicionado las negociaciones sobre el aborto, especialmente por la posición de la Iglesia católica, contraria a la interrupción voluntaria del embarazo.
Durante los últimos años, el Gobierno ha mantenido conversaciones con la Secretaría de Estado del Vaticano, encabezada por el cardenal Pietro Parolin, para encontrar una solución que permitiera avanzar en la despenalización sin generar un conflicto institucional.
Las conversaciones experimentaron diferentes aplazamientos, especialmente después del cambio de pontificado y de las discrepancias sobre el alcance de la reforma.
A finales de julio, Xavier Espot y Ladislau Baró se reunieron con Pietro Parolin para continuar abordando las posibles fórmulas jurídicas.
Posteriormente, el Gobierno situó la presentación de la iniciativa durante septiembre, pero el calendario terminó trasladándose a octubre.
Finalmente, el Ejecutivo ha aprobado el proyecto este 28 de octubre, a pocos días de finalizar el plazo que había anunciado.
La reforma no equivale a legalizar el aborto en Andorra
Uno de los principales elementos de la propuesta es la distinción entre despenalizar a la mujer y legalizar la práctica del aborto.
La modificación anunciada por el Gobierno pretende evitar que una mujer pueda ser condenada penalmente por abortar, pero no significa que los centros sanitarios andorranos puedan practicar interrupciones voluntarias del embarazo.
De acuerdo con la fórmula adelantada por La Veu Lliure, los médicos y otros profesionales sanitarios continuarían expuestos a responsabilidad penal, mientras que la CASS no asumiría la financiación de las intervenciones.
Esta limitación coincide con la posición expresada por el papa León XIV, que había cuestionado la financiación pública de los desplazamientos transfronterizos destinados a interrumpir embarazos.
Por tanto, la iniciativa se presenta como una despenalización limitada, centrada en la situación jurídica de la mujer y no en la regulación integral del acceso al aborto.
Esta distinción previsiblemente será uno de los principales puntos del debate parlamentario.
El Consejo General deberá tramitar la reforma
La aprobación del proyecto de ley por parte del Consejo de Ministros no significa que la despenalización ya haya entrado en vigor.
El texto deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente en el Consejo General de Andorra, donde los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas y debatir el contenido de la modificación.
La reforma se produce en la recta final de la legislatura, con las próximas elecciones generales de Andorra previstas para la primavera de 2027.
Con esta decisión, el Gobierno de Xavier Espot da un paso para materializar uno de los compromisos que había situado entre los objetivos de la legislatura.
Después de años de conversaciones con la Santa Sede, aplazamientos y discrepancias sobre el modelo de despenalización, Andorra inicia una nueva etapa legislativa en una cuestión que había permanecido bloqueada durante décadas.
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