Virtus pasa de justificar que los andorranos se marchen a la Seu a reclamar que el 70% de los residentes sean propietarios
El partido ahora defiende que el 70% de la población tenga una vivienda en propiedad
Virtus continúa construyendo su discurso político a partir de grandes declaraciones de principios, pero sin concretar las medidas que permitirían llevarlas a la práctica.
La formación de Josep Duró y Xavier Altimir ha publicado un nuevo comunicado en el que defiende reducir la intervención del Estado en el mercado inmobiliario y conseguir que al menos el 70% de la población residente tenga una vivienda en propiedad.
El planteamiento es ambicioso, pero el documento no explica qué incentivos fiscales se aplicarían, cuánto costarían a las arcas públicas ni cómo se facilitaría el acceso a la propiedad a los ciudadanos que actualmente no pueden asumir el precio de una vivienda.
La formación asegura que quiere pasar de un modelo en el que, según las cifras que presenta, el 60% de la población vive de alquiler y el 40% en propiedad, a un escenario en el que siete de cada diez residentes sean propietarios.
Sin embargo, entre anunciar este objetivo y explicar cómo alcanzarlo existe una distancia considerable. Virtus no concreta plazos, presupuestos ni instrumentos legislativos, y tampoco desarrolla cómo pretende garantizar que una reducción de la intervención pública se traduzca en viviendas más accesibles.
Mucha defensa del libre mercado, pero pocas medidas concretas
En su comunicado, Virtus critica las políticas de vivienda del Gobierno y considera que la intervención del mercado inmobiliario perjudica a los propietarios, desincentiva la inversión y acaba empobreciendo al país.
El partido apuesta por promover incentivos para que las familias conserven sus inmuebles, los rehabiliten y eviten venderlos. Sin embargo, no especifica en qué consistirían estos incentivos ni qué condiciones deberían cumplir los beneficiarios.
Tampoco aborda una cuestión esencial: cómo facilitar el acceso a la compra a los residentes cuyos salarios no les permiten ahorrar para la entrada de una hipoteca o asumir los precios actuales del mercado inmobiliario.
La crítica a la intervención estatal es una posición política legítima. Pero defender el libre mercado no resuelve, por sí mismo, el problema de acceso a la vivienda, del mismo modo que anunciar un porcentaje de propietarios no constituye un programa de actuación.
Virtus critica al Gobierno por legislar a golpe de titular, pero su propio comunicado presenta grandes objetivos sin desarrollar las herramientas necesarias para conseguirlos.
La contradicción entre proteger la propiedad andorrana y acercarse a la UE
Otra de las cuestiones que plantea interrogantes sobre la coherencia del discurso de Virtus es su posición respecto al acuerdo de asociación con la Unión Europea.
Su presidente, Josep Duró, defendió el pasado febrero que el acuerdo era necesario y que la UE representaba el futuro de Andorra. Posteriormente, la formación ha mantenido una posición menos definida, hasta el punto de dejar libertad de voto a sus militantes ante un eventual referéndum.
Esta evolución contrasta con el discurso sobre la preservación de la propiedad nacional y la necesidad de proteger los inmuebles y las tierras del país.
El acuerdo de asociación contempla una mayor integración en el mercado interior europeo, con disposiciones sobre libertad de establecimiento y movimientos de capitales, sujetas a las adaptaciones negociadas por Andorra.
La pregunta es cómo pretende Virtus compatibilizar esta apertura económica con su voluntad de preservar la propiedad inmobiliaria en manos de las familias andorranas.
La formación no desarrolla en este comunicado qué salvaguardas defendería, qué limitaciones consideraría compatibles con el acuerdo ni cómo evitaría que una mayor apertura a la inversión exterior incrementara la presión sobre el mercado inmobiliario.
Además, Duró había defendido anteriormente aumentar la tributación sobre la inversión inmobiliaria extranjera para limitar sus efectos negativos.
Esta posición evidencia que el mismo dirigente que reclama reducir la intervención pública también ha defendido medidas reguladoras cuando se trata de proteger el mercado inmobiliario nacional.
La distinción podría tener una justificación económica, pero Virtus todavía debe explicar dónde sitúa exactamente los límites de la intervención que considera aceptable.
Un partido nuevo con dirigentes vinculados a estructuras ya existentes
Virtus se presenta como una alternativa política, pero algunos de sus impulsores cuentan con una trayectoria previa en entidades y ámbitos de representación económica del país.
El hecho de que los promotores de un partido procedan de organizaciones consolidadas no invalida sus propuestas. Sin embargo, plantea una exigencia política: demostrar qué ofrece de diferente una formación que se presenta como alternativa a las prácticas de los partidos tradicionales.
Hasta ahora, Virtus ha reivindicado la defensa del coprincipado, la identidad andorrana, la libertad económica, la propiedad privada y la necesidad de informar adecuadamente a los ciudadanos.
Son principios que pueden formar parte de un ideario político coherente, pero que necesitan traducirse en decisiones concretas cuando se abordan problemas como la vivienda, la inversión extranjera o la relación con Bruselas.
Criticar la improvisación del Gobierno sin presentar una alternativa desarrollada
Virtus acusa al Ejecutivo de practicar una política improvisada, de legislar en función de la repercusión mediática y de adoptar medidas que acaban perjudicando a los ciudadanos.
Sin embargo, el comunicado tampoco incluye una evaluación económica del modelo que propone ni una explicación sobre cómo se produciría el cambio de un mercado mayoritariamente de alquiler a otro mayoritariamente de propiedad.
La formación también critica el crecimiento del parque público de vivienda y el papel del Instituto Nacional de la Vivienda, que considera una carga creciente para las finanzas públicas.
Pero no aporta una comparativa de costes que permita demostrar que su modelo de incentivos privados resultaría más eficiente.
Esta ausencia de concreción resulta especialmente relevante porque el Gobierno ya dispone de programas de ayudas para acceder a la primera vivienda y de incentivos destinados a movilizar inversión privada en vivienda asequible.
Por tanto, Virtus también debería explicar en qué se diferenciarían sus medidas de las que ya existen y por qué considera que obtendrían mejores resultados.
El principal interrogante no es si Virtus defiende el libre mercado, sino qué política concreta aplicaría si tuviera que asumir responsabilidades de gobierno.
Añadir nuevo comentario
Noticias relacionadas