La Generalitat pide a Andorra que asuma la crisis de la vivienda
Anna Vives advierte de que los trabajadores que no pueden asumir los alquileres del Principado incrementan la presión inmobiliaria
La Generalitat de Cataluña ha reclamado a Andorra que afronte la crisis de la vivienda con sus propios recursos y evite que las dificultades para acceder a un piso asequible en el Principado acaben trasladándose a La Seu d'Urgell y a los municipios del Alt Urgell.
La delegada del Gobierno catalán en Andorra, Anna Vives, ha advertido de que la relación laboral entre ambos territorios puede agravar la situación del mercado inmobiliario en la comarca.
La presencia de personas que trabajan en el Principado, pero que buscan residencia en Cataluña ante los elevados precios de los alquileres andorranos, añade presión a una zona que ya sufre dificultades para garantizar el acceso a la vivienda.
En declaraciones a RTVA, Vives ha defendido que cada administración debe asumir la responsabilidad de abordar los problemas de su territorio, sin renunciar a la cooperación transfronteriza.
«Cada territorio debe poner todos los medios posibles que tenga a su alcance para paliar los problemas que tiene. Es evidente que en un territorio fronterizo hay cuestiones que traspasan la frontera y, por tanto, lo que debemos hacer es, siempre que podamos, cooperar de manera que también podamos ayudarnos unos a otros a resolver los problemas que tenemos», ha manifestado.
La crisis de la vivienda de Andorra también afecta al Alt Urgell
La delegada ha recordado que la falta de vivienda asequible es un problema generalizado en Cataluña, aunque las causas varían en función de las características de cada territorio.
Mientras que en determinadas zonas la presión inmobiliaria está relacionada con las segundas residencias, en el Alt Urgell la vinculación económica y laboral con Andorra constituye un factor adicional.
La diferencia entre los precios de las viviendas a ambos lados de la frontera puede favorecer que personas que desarrollan su actividad profesional en el Principado busquen alternativas residenciales en La Seu d'Urgell y otros municipios cercanos.
Esta situación puede incrementar la competencia por la oferta disponible y dificultar el acceso a la vivienda de la población local.
Vives considera que la respuesta no puede recaer exclusivamente en las administraciones catalanas, sino que es necesario abordar las causas que originan estos desplazamientos residenciales.
La vivienda, una cuestión recurrente en las relaciones bilaterales
La problemática de la vivienda forma parte de los asuntos que se tratan habitualmente en las mesas de trabajo bilaterales entre Andorra y Cataluña.
Estos espacios de cooperación permiten abordar cuestiones compartidas que afectan a ambos territorios, desde la economía y las infraestructuras hasta la cultura y las necesidades residenciales.
La delegada ha insistido en la necesidad de mantener esta colaboración, especialmente en un contexto en el que las decisiones adoptadas en Andorra pueden tener consecuencias directas sobre los municipios catalanes fronterizos.
Cataluña prevé incorporar 50.000 nuevas viviendas en cinco años
Paralelamente, la Generalitat trabaja para ampliar la oferta residencial mediante la movilización de suelo público y el desarrollo de nuevas viviendas.
El Gobierno catalán se ha fijado como objetivo poner en el mercado 50.000 nuevas viviendas en un plazo de cinco años, con la finalidad de facilitar el acceso a una vivienda asequible.
En este contexto, Vives ha reiterado que Andorra y Cataluña deben movilizar los recursos disponibles dentro de sus respectivos territorios, al tiempo que refuerzan la cooperación para afrontar los problemas que comparten.
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