Francia se plantea demoler 21 viviendas sociales a solo 11 kilómetros de Andorra por falta de inquilinos

Francia se plantea demoler un conjunto de 21 viviendas sociales situadas en L'Hospitalet-près-l'Andorre, a unos 11 kilómetros de la frontera con Andorra, después de que los inmuebles hayan perdido progresivamente a todos sus inquilinos.

La propuesta ha provocado un enfrentamiento entre la Oficina Pública de Vivienda (OPH) de Ariège, propietaria de los edificios, y el Ayuntamiento de esta pequeña localidad pirenaica.

Según ha informado el periódico francés La Dépêche du Midi, el organismo público considera que rehabilitar las viviendas supondría una inversión difícil de justificar ante la ausencia de demanda, mientras que el alcalde, Arnaud Diaz, defiende que conservarlas podría facilitar la llegada de nuevos residentes.

El caso presenta un contraste significativo con la situación del Principado, donde la escasez de vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales problemas sociales.

Sin embargo, la proximidad geográfica con Andorra no ha sido suficiente para mantener ocupados los 21 pisos sociales de esta localidad francesa.

De una veintena de viviendas ocupadas a quedarse completamente vacías

Los edificios fueron construidos a mediados de los años ochenta y durante sus primeros años registraron una ocupación elevada.

Según los datos del organismo público, hace aproximadamente tres décadas había una veintena de viviendas alquiladas, pero el número de residentes fue disminuyendo progresivamente hasta llegar a la situación actual.

Los 21 pisos se encuentran completamente desocupados, una circunstancia que ha llevado a la OPH de Ariège a cuestionar la viabilidad de mantener el conjunto residencial.

Su director general, Thierry Tourtoulou, ha explicado a La Dépêche du Midi que actualmente no existe demanda de vivienda social en esta zona de montaña.

L'Hospitalet-près-l'Andorre se encuentra a unos 1.450 metros de altitud, en un entorno pirenaico caracterizado por inviernos rigurosos y una realidad demográfica muy diferente de la de los principales núcleos urbanos.

Para el organismo propietario, el problema no se limita al deterioro de los inmuebles, sino también a la incertidumbre sobre la posibilidad de encontrar nuevos inquilinos después de una rehabilitación.

Rehabilitar los pisos costaría 3,5 millones de euros

La recuperación de las 21 viviendas requeriría una inversión estimada de 3,5 millones de euros, según los cálculos de la Oficina Pública de Vivienda de Ariège.

Esta cantidad equivale aproximadamente a 167.000 euros por vivienda, una cifra que el organismo considera elevada teniendo en cuenta que actualmente no existen solicitudes para ocupar los inmuebles.

La propuesta de demolición responde, por tanto, a una evaluación económica sobre el coste de conservar los edificios y las posibilidades de recuperar su uso residencial.

No obstante, el alcalde Arnaud Diaz se opone a que desaparezcan las viviendas.

El Ayuntamiento considera que mantener este patrimonio residencial podría resultar importante para el futuro del municipio, especialmente si se pretende atraer población y evitar una mayor pérdida de habitantes.

Desde la perspectiva municipal, derribar los edificios supondría renunciar definitivamente a un recurso que podría utilizarse en el futuro.

La paradoja de estar a pocos kilómetros de Andorra

La situación de L'Hospitalet-près-l'Andorre contrasta con la crisis de vivienda que atraviesa el Principado.

Mientras numerosos residentes de Andorra tienen dificultades para encontrar alquileres asequibles, a pocos kilómetros de la frontera francesa existe un conjunto de viviendas sociales completamente vacío y amenazado de demolición.

Sin embargo, esta proximidad no significa que los pisos puedan destinarse automáticamente a personas que viven o trabajan en Andorra.

Las viviendas sociales francesas están sujetas a requisitos específicos de acceso y adjudicación, por lo que no pueden alquilarse libremente a cualquier persona interesada.

Esta circunstancia dificulta que la demanda residencial vinculada al mercado andorrano pueda trasladarse directamente a estos inmuebles.

Además, la ubicación de la localidad, sus condiciones climáticas y las características del mercado residencial local influyen en las posibilidades de encontrar nuevos ocupantes.

El futuro de las viviendas sigue sin resolverse

El conflicto enfrenta dos planteamientos diferentes sobre la gestión de la vivienda pública.

Por un lado, la OPH de Ariège considera que invertir 3,5 millones de euros en unos edificios sin demanda acreditada no resulta económicamente viable.

Por otro, el Ayuntamiento defiende que conservar los inmuebles permitiría mantener abiertas las posibilidades de crecimiento de una localidad que afronta dificultades demográficas.

La decisión definitiva sobre el futuro de los 21 pisos todavía no se ha concretado.

Mientras tanto, el caso refleja una realidad contradictoria en el Pirineo: Andorra sufre una importante escasez de vivienda asequible, mientras que una localidad francesa situada a escasos kilómetros de su frontera se plantea derribar viviendas públicas por falta de inquilinos.