Andorra aprueba 900 nuevos permisos de trabajo y residencia, aunque solo quedan 650 disponibles
Casal asegura que la medida busca responder a las necesidades del mercado laboral y garantizar un crecimiento más equilibrado
El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles, a propuesta de la ministra de Justicia e Interior, Esther Molné, el reglamento de la cuota general de autorizaciones de residencia y trabajo y de autorizaciones de trabajo fronterizo.
El portavoz del Gobierno, Guillem Casal, ha explicado que el objetivo es responder a las necesidades del mercado laboral andorrano y, al mismo tiempo, garantizar un crecimiento económico «más sostenible y equilibrado».
El Govern manté en 900 autoritzacions la quota general, però el contingent disponible queda en 650 https://t.co/YJ19c5ncIu
— La Veu Lliure (@laveulliure) October 7, 2026
El Ejecutivo mantiene el mismo contingente aprobado hace un año, con un total de 900 autorizaciones. De estas, 700 corresponden a autorizaciones de residencia y trabajo y 198 a autorizaciones de trabajo fronterizo. El reglamento estará vigente hasta el 30 de abril de 2027.
Casal ha precisado, sin embargo, que de este total deben descontarse las 250 autorizaciones avanzadas el pasado 19 de junio.
Por este motivo, el contingente efectivo disponible queda situado, según la explicación del portavoz, en aproximadamente 650 autorizaciones para trabajadores asalariados.
El Gobierno defiende el equilibrio entre mercado laboral y crecimiento
El portavoz ha recordado que la política de cuotas del Gobierno pretende combinar las necesidades de las empresas con un crecimiento demográfico y económico más controlado.
«Siempre hemos querido garantizar estos dos principios a lo largo de estos años y, por tanto, durante esta legislatura hemos intentado combinar ambos conceptos», ha señalado Casal.
Las autorizaciones avanzadas en junio se distribuyeron entre las profesiones tituladas, los servicios esenciales y el resto de actividades profesionales.
El nuevo reglamento mantiene así el contingente aprobado el año pasado, en un momento en el que la patronal ha reclamado reiteradamente más mano de obra extranjera para cubrir las vacantes existentes, mientras que el Gobierno defiende la necesidad de limitar el crecimiento de la población y avanzar hacia un modelo más sostenible.
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