Investigan un posible caso de tráfico de drogas dirigido desde la cárcel de la Comella

La Fiscalía investiga un presunto caso de tráfico de drogas vinculado al centro penitenciario de la Comella, después de que el Ministerio de Interior haya trasladado a la justicia varias sospechas sobre una posible actividad delictiva organizada desde el interior de la prisión.

Según ha adelantado RTVA, la investigación se habría iniciado a raíz de una alerta de la Policía Nacional española, que habría advertido a las autoridades andorranas de posibles operaciones relacionadas con la distribución de estupefacientes.

Las informaciones apuntan a que uno de los internos podría haber continuado dirigiendo una actividad de tráfico de drogas mientras permanecía privado de libertad en el centro penitenciario.

Registros en las celdas y dinero en efectivo

A raíz de las sospechas, se habrían practicado registros en varias celdas de la prisión de la Comella, durante los cuales los responsables penitenciarios habrían localizado objetos prohibidos y cantidades de dinero en efectivo.

Estos hallazgos habrían reforzado las sospechas sobre la existencia de una posible actividad delictiva vinculada al exterior del centro penitenciario.

Una de las principales cuestiones que deberá esclarecer la investigación es si el interno investigado disponía de medios para comunicarse con personas del exterior y continuar coordinando presuntas operaciones de distribución de drogas.

Por el momento, sin embargo, no se ha concretado qué objetos fueron intervenidos, qué cantidades de dinero se localizaron ni si existen otras personas presuntamente implicadas.

Interior traslada los hechos a la Fiscalía

Ante los indicios detectados, el Ministerio de Interior ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que deberá determinar si existen responsabilidades penales y si las sospechas justifican nuevas diligencias de investigación.

El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de control de las comunicaciones y la introducción de objetos prohibidos en el centro penitenciario, aunque, por ahora, no se ha acreditado públicamente ningún fallo concreto en los protocolos de seguridad.

Tampoco ha trascendido si la presunta distribución de estupefacientes se producía exclusivamente fuera de la prisión o si la actividad investigada podría tener alguna ramificación dentro de las instalaciones.

Por el momento, no se han hecho públicas conclusiones sobre la responsabilidad penal del interno investigado. Serán las diligencias judiciales las que deberán esclarecer el alcance de los hechos y determinar si existe una estructura de tráfico de drogas que habría continuado operando bajo la dirección de una persona encarcelada.