La despenalización del aborto en Andorra, más simbólica que efectiva

La Associació de Dones d’Andorra (ADA) valora que el Gobierno haya aprobado la modificación del Código Penal para dejar de considerar delincuentes a las mujeres que abortan.

Sin embargo, la entidad advierte de que la reforma no resuelve el problema de fondo: el aborto seguirá sin poder practicarse en Andorra con garantías sanitarias, los profesionales que intervengan mantendrán responsabilidades penales y las mujeres tendrán que seguir desplazándose al extranjero.

“Es un primer paso necesario y lo valoramos como tal”, afirma la ADA. La asociación reconoce que el Gobierno cumple un compromiso de legislatura y saca adelante una reforma histórica tras años de reivindicaciones feministas y recomendaciones internacionales. Aun así, advierte: “Este paso no resuelve el problema de acceso”.

La distancia entre dejar de castigar a las mujeres y garantizar que puedan abortar centra las críticas a la propuesta.

Entidades feministas, profesionales sanitarios y ciudadanos señalan que, si los médicos siguen expuestos a penas y no existe cobertura pública para la atención en el extranjero, el cambio tendrá sobre todo un efecto simbólico.

Algunas reacciones consideran incluso que la reforma es una operación propagandística: un modo de presentar un avance político sin modificar las condiciones que obligan a las mujeres a salir del país.

“Básicamente no han hecho nada”

Entre los comentarios de los ciudadanos también se ha cuestionado la coherencia jurídica de la reforma. Una de las críticas señala una contradicción entre la protección constitucional de la dignidad humana y de la integridad física y moral, y la interpretación de ese marco como un freno para reconocer esos mismos derechos.

Otro comentario califica la medida de “propagandística” y considera que “no resuelve el problema”: la mujer podrá abortar como hasta ahora, pero, si lo hace en Andorra, los profesionales que la atiendan seguirán expuestos a penas de prisión y a una posible inhabilitación de hasta cinco años. “Básicamente no han hecho nada”, concluye.

El anuncio de Ladislau Baró sobre la presentación de la propuesta ante el Consell General en noviembre de 2025 rompió la discreción de las conversaciones con el Vaticano y contribuyó a frenar una propuesta de despenalización más amplia.

Ahora, en un momento especialmente delicado para Demòcrates, algunos ven en la reforma una victoria política para el ministro, a quien sitúan como posible candidato del partido.

Las mujeres dejarán de ser responsables penales, pero el acceso no cambia

La modificación aprobada por el Gobierno afecta al artículo 117 del Código Penal y exime de responsabilidad penal a las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente el embarazo.

El proyecto, sin embargo, mantiene el delito para el personal sanitario que practique abortos en Andorra. Por eso, la reforma no abre una vía para que las mujeres puedan acceder a esta atención dentro del país.

Tampoco prevé que la CASS cubra las interrupciones del embarazo practicadas en el extranjero. Las mujeres que decidan abortar tendrán que seguir asumiendo los gastos del desplazamiento y de la intervención, con diferencias según sus recursos y circunstancias.

La ADA alerta de que esta situación perpetúa “los costes y las desigualdades” y reclama que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con garantías sanitarias dentro del país.

Los datos ayudan a dimensionar una realidad que la reforma, tal como está planteada, no altera: en 2025, 146 mujeres residentes en Andorra abortaron en Cataluña.

Además, tal como reconoció la batlle Mignorance ante tribunales internacionales, nunca se había perseguido ni condenado a ninguna mujer por abortar. Por eso, las voces críticas ponen el foco en qué cambia realmente para las mujeres, más allá de retirarlas del Código Penal.

Un acuerdo inicial más amplio que no ha llegado al texto final

Según ha podido saber La Veu Lliure, el Gobierno y el Vaticano negocian sobre la despenalización desde 2019. Durante el pontificado del papa Francisco, la Santa Sede habría dado su visto bueno a una propuesta más amplia que la aprobada ahora.

Un modelo híbrido que también despenalizaba a los profesionales sanitarios y preveía que la CASS asumiera el coste de los abortos practicados fuera de Andorra.

La discreción que había marcado las conversaciones se rompió cuando se anunció que el proyecto se tramitaría en el Consell General en noviembre de 2025.

Ese anuncio de Ladislau Baró frenó las negociaciones. Tras la muerte de Francisco y la llegada de León XIV, la propuesta más amplia quedó encallada.

Después de nuevas reuniones durante este año entre el Gobierno y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el resultado final ha sido más limitado: las mujeres dejarán de ser responsables penales, pero los médicos seguirán incluidos en el Código Penal y la CASS no asumirá, por ahora, el coste de los abortos en el extranjero.

“Que esta reforma sea el principio de un camino”

La ADA considera necesario el cambio, pero pide que no se presente como un punto final. La asociación reclama que la reforma sea “el principio de un camino” hacia el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos y hacia una atención sanitaria segura dentro del país.

La crítica compartida por entidades feministas, profesionales y ciudadanos es que despenalizar a la mujer no equivale a garantizarle el acceso al aborto.

Mientras los profesionales sanitarios puedan ser penalizados y las mujeres tengan que desplazarse al extranjero, la reforma cambiará su situación penal, pero no la respuesta práctica que encuentran cuando necesitan abortar. De ahí la lectura de una despenalización más simbólica que efectiva.