Marsol admite que la ley de prórrogas de los alquileres podría haberse redactado mejor

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda de Andorra, Conxita Marsol, ha hecho autocrítica sobre la ley aprobada en 2023 para prorrogar los contratos de alquiler. 

En respuesta al consejero general socialdemócrata Pere Baró, ha reconocido que la redacción de la normativa podría haber sido más clara, después de que una sentencia del Tribunal Constitucional haya establecido que la prórroga de los contratos no se aplica automáticamente, sino que debe ser solicitada expresamente por el inquilino al propietario.

Marsol ha reconocido durante su intervención en el Consell General que la formulación de la ley ha podido generar interpretaciones diferentes a las inicialmente previstas.

«Quizás no hicimos las cosas suficientemente bien y quizás eso ha dado lugar a estas interpretaciones», ha admitido la ministra.

Ante esta situación, Marsol se ha mostrado dispuesta a colaborar con el poder legislativo si los grupos parlamentarios consideran necesario introducir modificaciones en la normativa.

«Desde el Gobierno haremos lo que haga falta para colaborar, sentarnos y hablar de ello», ha asegurado.

Marsol no considera necesario modificar una ley que dejará de estar vigente a finales de año

Pese a reconocer las deficiencias en la redacción, la titular de Vivienda ha señalado que una eventual modificación legislativa no tendría efectos retroactivos, por lo que no permitiría revertir las consecuencias de la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional.

Además, ha recordado que se trata de una legislación temporal cuya vigencia finalizará a finales de 2026, coincidiendo con el inicio del proceso de descongelación de los alquileres en Andorra.

Por este motivo, Marsol considera que no resulta imprescindible impulsar una reforma de una normativa que está próxima a dejar de aplicarse. 

El Gobierno recuerda las ayudas disponibles para las familias afectadas

La sentencia del Tribunal Constitucional ha abierto interrogantes sobre la situación de aquellos inquilinos que no solicitaron expresamente la prórroga de sus contratos de alquiler, al entender que esta se aplicaba automáticamente.

Ante las posibles consecuencias para las familias afectadas, Marsol ha recordado que el Ejecutivo dispone de diferentes mecanismos de apoyo en materia de vivienda.

Entre ellos, ha destacado las ayudas económicas para hacer frente al alquiler y la posibilidad de acceder al parque público de vivienda de Andorra, que actualmente beneficia a unas 300 personas.

La controversia sobre las prórrogas se produce en un momento especialmente relevante para el mercado inmobiliario andorrano, cuando el Gobierno prepara la transición hacia un nuevo sistema de regulación de los contratos de alquiler tras años de medidas extraordinarias destinadas a proteger a los arrendatarios.