Concòrdia ve insuficiente la ley del aborto y Andorra Endavant condiciona su apoyo al visto bueno del copríncipe episcopal

La reforma del Código Penal para despenalizar a las mujeres que aborten en Andorra ha provocado las primeras discrepancias entre las fuerzas parlamentarias del Principado. 

Mientras Demòcrates per Andorra (DA) defiende que el Gobierno ha cumplido uno de sus compromisos electorales, Concòrdia considera que la propuesta es insuficiente y Andorra Endavant condiciona su apoyo al posicionamiento del copríncipe episcopal.

Las reacciones llegan después de que el Gobierno de Xavier Espot aprobara este miércoles, 28 de octubre, el proyecto de ley de modificación del Código Penal, cuyo objetivo es eliminar la responsabilidad penal de las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo.

La iniciativa, anunciada por el ministro de Relaciones Institucionales, Ladislau Baró, es el resultado de varios años de negociaciones con la Santa Sede y mantiene las sanciones penales aplicables a los profesionales sanitarios que practiquen abortos en territorio andorrano.

Andorra Endavant condiciona su apoyo a la posición del copríncipe episcopal

La presidenta del grupo parlamentario de Andorra Endavant, Carine Montaner, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que el proyecto de ley no haya sido remitido al copríncipe episcopal antes del inicio de su tramitación parlamentaria.

«Hay unas formas institucionales que respetar y, por tanto, pensamos que el ministro debía enviar el texto a la mitra. La preocupación es que ya no sabemos si la mitra tiene el texto», ha manifestado.

Montaner considera imprescindible que el copríncipe episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, conozca el contenido exacto de la reforma y pueda dar su visto bueno antes de que el Consell General comience a tramitarla.

«Esto es fundamental porque se trata de mantener el Coprincipado o no», ha advertido.

La dirigente ha insistido en que su grupo parlamentario quiere conocer la posición del representante episcopal antes de tomar una decisión definitiva sobre el sentido de su voto.

En este sentido, ha asegurado que Andorra Endavant no apoyará la modificación del Código Penal si el copríncipe episcopal no ha recibido el texto o expresa malestar por su contenido.

«Si la mitra no tiene el texto, es un problema», ha remarcado.

La formación sitúa así el respeto a las instituciones del Coprincipado en el centro de su posicionamiento sobre la reforma del aborto en Andorra.

Concòrdia considera que se ha perdido una oportunidad para ir más allá

Por parte de Concòrdia, la consejera general Maria Àngels Aché ha criticado el alcance limitado de la reforma y ha defendido que la despenalización debería extenderse también a los profesionales sanitarios que practican interrupciones voluntarias del embarazo.

«No es un avance, es un pequeño paso», ha afirmado Aché, que considera insuficiente una modificación legislativa centrada exclusivamente en eliminar la responsabilidad penal de las mujeres.

«Despenalizar únicamente a la mujer no es un avance para nosotros», ha añadido.

La parlamentaria ha lamentado que el Gobierno de Andorra no aprovechara la etapa del papa Francisco para negociar una reforma más amplia, al considerar que el anterior pontífice había mostrado una actitud más abierta a posibles modificaciones de la legislación.

«Se ha desaprovechado la oportunidad de tener un Papa que era bastante progresista y que nos había dado apertura a una posible despenalización incluso para el facultativo», ha declarado.

Concòrdia defiende que los médicos también deberían quedar exentos de responsabilidad penal por practicar abortos y que estas intervenciones deberían incorporarse a la cartera de prestaciones del sistema sanitario andorrano.

La formación considera que eliminar únicamente la responsabilidad penal de las mujeres no resuelve las limitaciones existentes para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo dentro del Principado.

Aché también ha dejado abierta la posibilidad de retomar las negociaciones con el Vaticano si Concòrdia llega al Gobierno tras las elecciones generales de 2027.

Preguntada sobre esta posibilidad, ha reconocido que «posiblemente se reabriría» el diálogo con la Santa Sede, dado que ampliar la despenalización constituye una de las prioridades políticas de su formación.

Demòcrates defiende que el Gobierno ha cumplido su compromiso electoral

La presidenta suplente del grupo parlamentario de Demòcrates per Andorra, Maria Martisella, ha defendido la modificación del Código Penal y ha calificado la decisión del Ejecutivo como «un paso adelante».

Martisella ha recordado que el programa electoral de la formación ya contemplaba el compromiso de eliminar la responsabilidad penal de las mujeres que decidieran interrumpir voluntariamente su embarazo.

«Llevábamos en el programa electoral eximir de responsabilidad a la mujer», ha señalado.

En este sentido, ha defendido que Ladislau Baró ha actuado de acuerdo con los objetivos políticos establecidos por Demòcrates y que la reforma supone el cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos durante la legislatura.

La parlamentaria también ha valorado positivamente la manera en que se han desarrollado las conversaciones con la Santa Sede para alcanzar una solución compatible con el marco institucional andorrano.

Martisella ha destacado que las negociaciones se han llevado a cabo «con tranquilidad, con calma y con discreción», una actitud que considera necesaria dada la sensibilidad política e institucional de la cuestión.

De esta manera, Demòcrates presenta la modificación legislativa como un avance dentro de los límites establecidos durante las negociaciones con el Vaticano.

La reforma mantiene la penalización de los médicos que practiquen abortos en Andorra

El proyecto aprobado por el Gobierno introduce un cambio en el tratamiento penal de las mujeres que abortan, pero no supone la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el Principado de Andorra.

La propuesta elimina la responsabilidad penal de las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo, mientras que los profesionales sanitarios continuarán expuestos a las sanciones previstas en el Código Penal si practican abortos en territorio andorrano.

Tampoco se contempla incorporar estas intervenciones a la cartera pública de servicios sanitarios ni garantizar su financiación mediante la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

Por tanto, la reforma plantea una distinción entre la situación penal de las mujeres y la de los facultativos que intervienen en la práctica del aborto.

Estas limitaciones constituyen precisamente el principal motivo de desacuerdo de Concòrdia, que reclama una despenalización más amplia y una revisión del acceso a estos servicios sanitarios.

Por su parte, Demòcrates defiende el proyecto como un cumplimiento de su programa electoral, mientras que Andorra Endavant centra sus preocupaciones en el respeto al papel del copríncipe episcopal y la preservación del Coprincipado.

El Consell General deberá debatir la modificación del Código Penal

La reforma del aborto en Andorra todavía no ha entrado en vigor. Tras la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Ministros, el texto deberá pasar por el Consell General, donde los diferentes grupos parlamentarios tendrán la oportunidad de presentar enmiendas y fijar su posición definitiva.

Las primeras declaraciones evidencian que el debate político no se limitará a la despenalización de las mujeres, sino que también abordará el alcance de la reforma, la responsabilidad penal de los médicos y el papel de la Santa Sede en el sistema institucional del Principado.

Mientras Concòrdia reclama avanzar hacia una despenalización más amplia, Andorra Endavant exige conocer la posición del copríncipe episcopal y Demòcrates defiende el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo.

La tramitación parlamentaria determinará finalmente el contenido de una reforma que vuelve a situar el aborto, las competencias del Estado andorrano y las relaciones con el Vaticano en el centro del debate político nacional.