Los Mossos avalan la actuación del Obispado en el caso de la presunta violación
La investigación canónica se adelantó nueve días a la denuncia policial
Fuentes cercanas al caso aseguran que la actuación del Obispado de Urgell ante la denuncia por presunta violación contra un sacerdote de la diócesis es valorada positivamente en el entorno de la Policía autonómica catalana.
Especialmente por el hecho de que la institución eclesiástica animó al denunciante a acudir a los Mossos d'Esquadra y activó una investigación canónica antes de que se formalizara la denuncia policial.
Según estas fuentes, la respuesta del Obispado tras tener conocimiento de las acusaciones ha sido uno de los elementos examinados en la reconstrucción cronológica del caso.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de fuentes cercanas a la investigación es que el procedimiento canónico se inició el 17 de octubre de 2026, mientras que la denuncia ante los Mossos no se presentó hasta el 26 de octubre, nueve días después.
La investigación afecta a un sacerdote de 54 años vinculado a una parroquia de la Noguera, denunciado por un exseminarista de 26 años por una presunta agresión sexual que se habría producido durante la madrugada del 17 de julio de 2025 en una vivienda de Barcelona.
El Obispado habría instado al denunciante a acudir a la policía
La cronología del caso se remonta al 31 de agosto de 2026, cuando, según el relato del denunciante, este se reunió con el obispo de Urgell y copríncipe episcopal de Andorra, Josep-Lluís Serrano Pentinat, para exponerle las acusaciones contra el sacerdote.
Fuentes cercanas al caso sostienen que Serrano Pentinat instó al exseminarista a denunciar los hechos ante las autoridades policiales, al considerar que unas acusaciones de esta gravedad debían ser investigadas por los organismos competentes.
El 5 de octubre, el exseminarista envió un burofax a la oficina diocesana encargada de recibir denuncias de abusos sexuales.
Según la versión oficial del Obispado, el 17 de octubre, una vez identificado formalmente el sacerdote señalado, se contactó con el denunciante y se abrió la correspondiente investigación canónica.
La diócesis también asegura que en aquella comunicación animó al hombre a ejercer sus derechos y acudir ante las autoridades públicas, ofreciéndole acompañamiento durante el proceso.
La investigación canónica se adelantó nueve días a la denuncia policial
Este es uno de los elementos que destacan las fuentes consultadas: cuando el denunciante acudió finalmente a los Mossos d'Esquadra, el 26 de octubre, el Obispado ya había iniciado formalmente su procedimiento interno.
La diferencia temporal ha despertado interés entre personas conocedoras del caso, que consideran relevante que la institución religiosa activara su mecanismo de investigación sin esperar a la formalización de la denuncia policial.
El 9 de noviembre, después de una reunión con el denunciante, el Obispado anunció el apartamiento cautelar del sacerdote de sus responsabilidades pastorales y la prohibición de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal mientras continúe la investigación.
La medida tiene carácter preventivo y no implica ninguna declaración de culpabilidad.
Falta de pruebas médicas
Otro de los aspectos que genera interrogantes entre fuentes cercanas al caso es el tiempo transcurrido entre la presunta agresión sexual, situada el 17 de julio de 2025, y la denuncia policial, presentada más de quince meses después.
En las investigaciones por agresiones sexuales, los informes médicos y las exploraciones forenses pueden resultar relevantes para detectar posibles lesiones o recoger indicios físicos. Especialmente cuando la exploración se practica poco después de los hechos, estas pruebas pueden contribuir a reconstruir lo sucedido.
La información disponible no permite confirmar si se ha incorporado a las diligencias algún informe médico o forense relacionado con la presunta agresión.
El paso del tiempo también puede dificultar la obtención de determinadas pruebas materiales, por lo que otros elementos, como las declaraciones, las comunicaciones entre las personas implicadas o los testimonios, pueden adquirir especial relevancia.
La relación posterior entre los dos religiosos, otro elemento que deberá aclararse
Las fuentes cercanas al caso también señalan la necesidad de reconstruir la relación que mantuvieron el sacerdote y el exseminarista después de la noche en la que se habrían producido los hechos.
Según las informaciones conocidas, ambos continuaron manteniendo contacto durante los meses posteriores, en un contexto en el que el denunciante asegura que dependía parcialmente del sacerdote por cuestiones relacionadas con el alojamiento, la formación religiosa y los trámites de residencia.
En enero de 2026, el exseminarista solicitó un cambio de parroquia y expuso problemas de convivencia y presiones atribuidas al sacerdote, pero en aquella comunicación no formuló ninguna acusación de agresión sexual. De hecho, fuentes cercanas al caso relatan que la salida del seminarista de Toledo se habría debido a un conflicto similar.
La continuidad de la relación, las comunicaciones posteriores y las circunstancias que precedieron a la denuncia son elementos que pueden ser examinados por los investigadores para establecer una cronología completa.
Factores como el miedo, la dependencia personal o la respuesta psicológica ante una experiencia traumática pueden influir en estas conductas.
El Obispado defiende su actuación y se muestra dispuesto a colaborar con la justicia
La diócesis de Urgell ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos y ha defendido que activó los mecanismos previstos en cuanto dispuso de la información necesaria para identificar al sacerdote denunciado.
Las fuentes cercanas al caso consideran especialmente significativa la iniciativa de la institución de animar al denunciante a acudir a la policía y el hecho de que la investigación eclesiástica se iniciara antes de que la denuncia llegara a los Mossos d'Esquadra.
Pese a esta valoración, siguen pendientes de esclarecerse tanto las circunstancias de la presunta agresión como las actuaciones posteriores.
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