Dos religiosos colombians, un bar gai, alcohol i una denúncia per presumpta violació quinze mesos després

Dos religiosos de origen colombiano, una salida nocturna a un bar de ambiente gay de Barcelona, consumo de alcohol y una denuncia por presunta violación presentada quince meses después de los hechos.

Estos son los principales elementos de un caso que ha provocado una fuerte conmoción en el Obispado de Urgell y que ha terminado con el apartamiento cautelar de un sacerdote de 54 años, denunciado por un exseminarista de 26 años.

La denuncia, presentada ante los Mossos d'Esquadra el 26 de octubre de 2026, sitúa la presunta agresión sexual durante la madrugada del 17 de julio de 2025, en un piso particular de Barcelona.

Según el relato del denunciante, ambos habían salido a tomar unas copas antes de pasar la noche en la misma vivienda. El exseminarista sostiene que el sacerdote lo inmovilizó y lo penetró sin su consentimiento, aprovechando una situación de vulnerabilidad que relaciona con el consumo de alcohol.

La investigación sigue abierta y, hasta el momento, no existe ninguna resolución judicial que acredite los hechos denunciados ni que establezca responsabilidades penales.

Una noche en Barcelona que acabaría en una denuncia por violación

La relación entre ambos religiosos había comenzado meses antes de la presunta agresión.

El exseminarista, de nacionalidad colombiana, había llegado a España en 2024 para continuar su formación religiosa en un seminario de Toledo.

Después de abandonar aquel centro, entró en contacto con el sacerdote de 54 años vinculado a la diócesis de Urgell, quien le ofreció alojamiento y ayuda para encontrar otra institución donde continuar sus estudios.

El 15 de julio de 2025, el joven llegó a Cataluña y al día siguiente acompañó al sacerdote a Barcelona, donde el religioso tenía que realizar unas gestiones.

Según la denuncia recogida por el diario ARA, ambos decidieron salir aquella noche y acudieron a The Moon, un bar de ambiente gay situado en la calle Villarroel de Barcelona.

Después de pasar un rato en el establecimiento, regresaron al piso donde se alojaban y continuaron consumiendo cerveza de mutuo acuerdo.

El denunciante asegura que no estaba acostumbrado a beber aquella cantidad de alcohol y que su estado físico lo hacía especialmente vulnerable.

Según su declaración, ambos compartieron una misma cama porque la vivienda no disponía de otra y, durante la madrugada, se habría producido la presunta agresión sexual.

Una relación marcada por la dependencia y las acusaciones de presiones

Después de aquella noche, la relación entre el sacerdote y el exseminarista habría continuado durante varios meses.

El denunciante afirma que dependía parcialmente del religioso para disponer de alojamiento, continuar sus estudios y tramitar la renovación de su permiso de residencia en España.

En este contexto, acusa al sacerdote de haber ejercido amenazas, coacciones y conductas de control, entre ellas llamadas telefónicas y mensajes para conocer sus movimientos.

También sostiene que el religioso le habría advertido de que contaba con contactos influyentes que podrían perjudicarlo si explicaba lo que presuntamente había sucedido.

En enero de 2026, el entonces seminarista solicitó un cambio de parroquia, alegando problemas de convivencia y presiones por parte del sacerdote.

Sin embargo, en aquella primera queja no comunicó la presunta agresión sexual. Según su relato, esta acusación no se la trasladó directamente al obispo de Urgell hasta varios meses después.

Fuentes cercanas al caso plantean un posible componente económico sin pruebas acreditadas

Al margen de las acusaciones recogidas en la denuncia, fuentes cercanas al caso también han planteado la posibilidad de que exista un componente de chantaje económico en el conflicto del seminarista al sacerdote.

Esta hipótesis, sin embargo, no cuenta con pruebas acreditadas ni con una resolución judicial que permita confirmar su existencia.

Por tanto, no puede establecerse que el denunciante haya intentado obtener dinero del sacerdote ni que se haya producido una conducta de extorsión.

Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen elementos que justifiquen investigar posibles conductas adicionales a los hechos denunciados ante los Mossos d'Esquadra.

Quince meses entre la presunta agresión y la denuncia ante los Mossos

Uno de los aspectos de la cronología es el tiempo transcurrido entre los hechos denunciados y la presentación formal de la denuncia policial.

La presunta agresión habría ocurrido el 17 de julio de 2025, mientras que la denuncia ante los Mossos d'Esquadra no se presentó hasta el 26 de octubre de 2026.

Durante ese periodo, según el relato del exseminarista, se produjeron varios episodios de tensión con el sacerdote y diferentes contactos con las autoridades religiosas.

El 31 de agosto de 2026, el denunciante asegura que se reunió con el obispo de Urgell, Josep-Lluís Serrano i Pentinat, para explicarle sus acusaciones.

Posteriormente, el 5 de octubre, envió un burofax a la oficina diocesana encargada de recibir denuncias por abusos sexuales.

El Obispado de Urgell sostiene que el 17 de octubre, después de disponer de la identificación del sacerdote denunciado, activó la investigación canónica correspondiente y ofreció al denunciante la posibilidad de recibir acompañamiento.

Por otra parte, expertos en delitos consultados por La Veu Lliure plantean como hipótesis que el tiempo transcurrido podría ser compatible con una eventual situación de chantaje económico que no hubiera prosperado.

No obstante, esta interpretación no ha sido acreditada mediante pruebas y el intervalo entre los hechos denunciados y la denuncia policial no permite, por sí solo, establecer la existencia de una extorsión.

La demora en denunciar una presunta agresión sexual puede responder a distintas circunstancias personales, psicológicas o de dependencia, que deberán valorarse a partir de los elementos concretos del procedimiento.

Serrano Pentinat llevaba solo 21 días como copríncipe de Andorra

La cronología también sitúa los hechos en las primeras semanas del mandato de Josep-Lluís Serrano i Pentinat como copríncipe episcopal de Andorra.

El obispo había jurado la Constitución del Principado el 26 de junio de 2025, durante una sesión solemne celebrada en el Consell General.

Solo 21 días después, según la denuncia, se habría producido la presunta violación en Barcelona.

Esta coincidencia temporal no implica que el copríncipe tuviera conocimiento de los hechos en aquel momento.

De hecho, según la cronología expuesta por el denunciante, la primera comunicación personal sobre la presunta agresión al obispo no se habría producido hasta finales de agosto de 2026, más de un año después.

El Obispado aparta al sacerdote y abre una investigación

El pasado lunes 9 de noviembre, el Obispado de Urgell confirmó que había mantenido una reunión presencial con el exseminarista para que pudiera explicar su versión de los hechos.

El encuentro se celebró con David Codina, encargado de la investigación canónica, y permitió escuchar formalmente al denunciante.

Tras la reunión, la diócesis comunicó el apartamiento cautelar del sacerdote de sus responsabilidades pastorales y la prohibición de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal mientras continúen las diligencias.

Estas medidas tienen carácter preventivo y no constituyen una declaración de culpabilidad.

El sacerdote denunciado había ejercido durante aproximadamente quince años como párroco de varias localidades de la Noguera y era una persona conocida dentro de la diócesis.

La investigación eclesiástica podría desembocar en distintas medidas disciplinarias, incluida la suspensión del ministerio o, en los supuestos previstos por el derecho canónico, la expulsión del estado clerical, dependiendo de los hechos que puedan acreditarse.

Un caso con dos vías de investigación y numerosos interrogantes

El procedimiento eclesiástico y las eventuales actuaciones de la justicia ordinaria son independientes. Las sanciones internas de la Iglesia no sustituyen las posibles responsabilidades penales que puedan determinar los tribunales competentes.

La presunta agresión sexual, las acusaciones de coacciones, la cronología de las comunicaciones al Obispado y cualquier otra hipótesis relacionada con el conflicto deberán examinarse a partir de pruebas, declaraciones y testimonios.

Por el momento, consta la existencia de una denuncia policial, una investigación canónica abierta y el apartamiento preventivo del sacerdote.

Ni la presunta violación ni la eventual existencia de una extorsión económica han sido acreditadas judicialmente.

El sacerdote denunciado mantiene su presunción de inocencia, mientras que cualquier atribución de otras posibles conductas delictivas también requiere pruebas suficientes y una investigación por parte de las autoridades competentes.