Andorra tendrá un Registro de la Propiedad electrónico y obligatorio en 2027: así será la nueva ley
El registro nacional será digital, obligatorio y con implementación progresiva
El grupo parlamentario de Demócratas por Andorra (DA) ha presentado el proyecto de ley del registro de la propiedad, una iniciativa que busca dotar al país de una herramienta jurídica moderna para ordenar y garantizar la titularidad de los bienes inmuebles.
La consellera general Maria Martisella ha explicado que el texto es fruto de un trabajo continuado desde el año pasado y que ya se encontraba en una fase avanzada de redacción.
“En junio de 2025 ya presentamos el anteproyecto”, ha recordado, subrayando la evolución hasta convertirse en proyecto de ley.
DA presenta el projecte de llei del registre de la propietat pic.twitter.com/Spjqg1scpR
— La Veu Lliure (@laveulliure) April 24, 2026
Según ha avanzado RTVA, el nuevo sistema será nacional, electrónico y de inscripción obligatoria a partir de 2027, con una implantación gradual debido al volumen de aproximadamente 150.000 inmuebles que deberán incorporarse.
El modelo también prevé la figura de al menos dos registradores profesionales autónomos, mientras que el acceso a la información estará restringido a autoridades competentes y a particulares con interés patrimonial legítimo.
Desde DA se insiste en que esta reforma no resolverá por sí sola la crisis de la vivienda, pero sí contribuirá a reforzar la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario andorrano.
Un registro nacional electrónico con implantación progresiva
El proyecto establece que el sistema se desarrollará de forma escalonada para garantizar una transición ordenada. En una primera fase, se inscribirán las nuevas escrituras de forma inmediata, mientras que el resto de propiedades se irán incorporando progresivamente dentro de los plazos fijados por la normativa.
El presidente del grupo, Jordi Jordana, ha destacado que el proceso requiere una alta complejidad técnica y que la experiencia internacional será clave para su despliegue. Además, será el Gobierno quien determine mediante reglamento el orden de prioridad de inscripción.
En este sentido, se contempla que los viviendas particulares puedan tener prioridad frente a otros bienes como centros comerciales o edificios públicos, con el objetivo de registrar primero los elementos considerados esenciales.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la apuesta por un modelo de gestión independiente. Jordana ha defendido que los registradores sean profesionales autónomos, siguiendo un esquema similar al de los notarios, en lugar de integrarlos en la administración pública.
