El nuevo ridículo de Digital Andorra: intenta desmentir la multa al Crepero y acaba confirmando la noticia de La Veu Lliure

Hay desmentidos que, en lugar de desacreditar una noticia, terminan dejando en evidencia a quienes los publican. Es lo que ha ocurrido con Digital Andorrà, que este martes ha intentado desacreditar la información exclusiva de La Veu Lliure sobre la sanción al Crepero de la Rotonda y ha acabado reconociendo, en su propio artículo, que Política Lingüística ha abierto un expediente sancionador contra el comerciante.

El medio ha titulado «Política Lingüística desmiente que se haya multado al Crepero de la Rotonda por hacer vídeos en castellano». Sin embargo, apenas unas líneas después, admite textualmente:

«Se ha iniciado un nuevo expediente sancionador y ya hay una propuesta de sanción sobre la mesa».

Resulta difícil imaginar un desmentido más contradictorio: anunciar que una noticia es falsa y terminar confirmando los hechos que la sustentan.

La Veu Lliure tiene la notificación oficial, no declaraciones de terceros

La información publicada por La Veu Lliure no se basa en rumores ni especulaciones. Fue el propio Crepero de la Rotonda, junto con su contable, quien facilitó a este medio una fotografía de la notificación administrativa.

El documento recoge una propuesta de sanción de 1.201 euros y concede al comerciante diez días para presentar alegaciones.

Esta es la realidad documental del caso.

Mientras tanto, Digital Andorrà ha construido su supuesto desmentido a partir de unas declaraciones del director de Política Lingüística, Joan Sans, quien explica que la sanción todavía no es definitiva porque el procedimiento administrativo continúa abierto.

Una circunstancia administrativa perfectamente conocida presentada como si fuera una revelación capaz de desmontar una investigación periodística.

Que una sanción todavía no sea firme no significa que el expediente sancionador no exista. Tampoco implica que la Administración no haya comunicado formalmente una propuesta de multa.

Significa que el ciudadano tiene derecho a defenderse y presentar alegaciones antes de que se dicte una resolución definitiva.

Confundir una propuesta de sanción con una multa firme no desmiente el expediente

Existe una distinción jurídica que debe explicarse con precisión: el Crepero de la Rotonda todavía no tiene una sanción firme, pero sí un expediente sancionador abierto con una propuesta de multa de 1.201 euros.

El titular inicial de La Veu Lliure utilizaba el verbo «multar» para describir una actuación administrativa que todavía no había alcanzado su fase definitiva. Esta precisión jurídica es pertinente.

Sin embargo, ese matiz no elimina el documento, no borra los 1.201 euros y tampoco convierte en falsa la información obtenida directamente del afectado.

Lo que resulta difícil de justificar es que un medio anuncie un desmentido mientras su propio artículo reconoce la existencia del procedimiento que pretende desacreditar.

Los lectores merecen una explicación completa de los hechos y de su situación jurídica, no un titular que presenta una diferencia entre propuesta y resolución definitiva como si demostrara la inexistencia de una actuación administrativa.

El problema no es el desmentido, sino el rigor periodístico

La Veu Lliure habló directamente con el propietario, obtuvo la documentación a través de él y de su contable e informó sobre una actuación administrativa concreta.

Digital Andorrà, días después, ha publicado un artículo que cuestiona la formulación jurídica de la noticia, pero que no aporta ningún elemento que refute la existencia del expediente sancionador ni la propuesta de multa de 1.201 euros.

Es perfectamente legítimo señalar una imprecisión y corregirla. Lo que resulta cuestionable es convertir esa precisión en un desmentido global que el propio contenido del artículo no sostiene.

Desmentir una información exige demostrar qué hechos son falsos, no limitarse a explicar que un procedimiento administrativo todavía no ha concluido.

La cuestión de fondo sigue siendo la misma: Política Lingüística ha iniciado un procedimiento contra el comerciante relacionado con sus vídeos en castellano en TikTok y le ha notificado una propuesta de sanción de 1.201 euros.

El afectado tiene derecho a presentar alegaciones y la Administración todavía deberá resolver el expediente.

Esta es la noticia. Y el medio que pretendía desmentirla ha terminado confirmando los hechos esenciales con sus propias palabras.